Nueva búsqueda del cuerpo de Santucho

Por orden del juez federal de San Martín, Alfredo Bustos, que investiga el destino final de los cuerpos de los líderes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) Roberto Santucho y Benito Urteaga, se reanudaron ayer las tareas de búsqueda en Campo de Mayo de los restos de los jefes guerrilleros muertos en un enfrentamiento con el Ejército en Villa Martelli, el 19 de julio de 1976.

El juez ordenó también que se libre un oficio a la Oficina de Protección de Testigos e Imputados, dependiente de la Secretaría de Justicia, para que extienda la protección a Víctor Ibáñez, el suboficial retirado que dijo haber participado del ingreso de los cuerpos de los jefes del ERP en el "museo de la subversión", cuya existencia fue negada por el ex presidente de facto Jorge Rafael Videla y por el ex comandante de Institutos Militares Santiago Omar Riveros.

El magistrado, que también investiga el destino final de los cuerpos de Liliana Delfino, Domingo Menna y Ana Lanzillotto de Menna, ordenó la reanudación de las tareas luego de que la Corte Suprema le remitiera un adelanto de 5125 pesos para que el perito arquitecto Mario Alvarenque solventase los gastos de las excavaciones.

Los trabajos comenzaron a las 11.30 en el ala izquierda del chalet donde funciona el Círculo de Suboficiales del Ejército (Cirse), a 200 metros de la puerta 4, donde, según los testimonios, Alvarenque marcó el "fondo de exposición", es decir, el inicio del sótano en el que se cree que funcionaba el "museo".

"Muerte comprada"

Tres operarios y un encargado de cuadrilla realizaron las excavaciones, que presenciaron la secretaria del juzgado, Martina Forns; Alvarenque; el perito de parte, Emilio Grass; el hermano de Urteaga, Facundo; la hija de Santucho, Ana Cristina, y el abogado de ésta última, Manuel Gaggero, entre otros.

La decisión de Bustos de brindar protección a Ibáñez se produjo a raíz de las amenazas que recibió, en el último mes, el militar retirado. La protección consiste en el cambio de documento, trabajo, un nuevo domicilio y otras prevenciones dispuestas en el decreto presidencial 262, de 1998, que ordenó la creación de la oficina de protección, en general, para causas por narcotráfico.

Ibáñez denunció que tanto él como algunos familiares suyos recibieron "visitas" intimidatorias. En la última le comunicaron: "Tu muerte ya está comprada".

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