“Ñoquis calientes”: piden una condena de tres años y seis meses para la exministra de Chubut acusada de contratar a su niñera y su jardinero

El fiscal general Omar Rodriguez, pidió una condena de tres años y seis meses para la exministra de Chubut acusada de fraude a la administración pública, en el marco de la causa conocida como “Ñoquis calientes”. Se trata de Cecilia Torres Otarola, sobre quien podría pesar una pena de cumplimiento efectivo de cárcel por nombrar a funcionarios públicos que no prestaban servicios y solo cobraban un sueldo. La lista incluía a una niñera y su jardinero personal.

Torres Otarola se desempeñó como ministra de Desarrollo Humano y Familia de Chubut durante la gestión del exgobernador Mariano Arcioni. La semana pasada fue encontrada culpable de fraude a la administración pública y exacciones ilegales. En el caso de los empleados que no cumplían funciones, también se declaró su culpabilidad y esta semana el fiscal propuso una pena de dos años de cárcel en suspenso.

La audiencia se desarrolló este martes y fue convocada para debatir sobre las penas que le corresponderían a los implicados. Para el fiscal Rodriguez, quedó demostrado que la exfuncionaria tenía como finalidad de obtener un “rédito propio” en la contratación de personal “fantasma”. El fiscal también pidió la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.

Rodriguez remarcó que la exfuncionaria no solo habría provocado un daño material, sino que había generado un “daño inmaterial, a la moral, a la imagen y confianza hacia las instituciones”.

Por otro lado, el fiscal solicitó que los funcionarios públicos que habían sido nombrados por la exministra, identificados como Silvana Cañumil, Mara Rodera, Facundo Solaria Rodera y Miguel Retro Trelles, sean sentenciados a cumplir una condena de dos años en prisión en suspenso.

Además de pedir que los cuatro implicados sean inhabilitados para ejercer cargos públicos por el resto de sus vidas, remarcó la necesidad de que cumplan reglas de conducta que constaría de una presentación cada tres meses y la realización de una capacitación en ética en la función pública.

La exministra de Mariano Arcioni fue hallada culpable en cuatro hechos de delito de fraude a la administración pública y tres hechos de exacciones ilegales, por el pedido indebido de parte del sueldo a sus asesores, mientras que las restantes personas con el veredicto de culpabilidad lo fueron por el delito de defraudación a la administración pública. Cañumil cumplió funciones como directora general, en tanto que los restantes se desempeñaron en el Ministerio de Desarrollo Humano y Familia.

Devolución

El fiscal a cargo del caso también solicitó al tribunal que la exministra sea condenada a devolver el monto actualizado de los fondos estatales que se había apropiado en 2020, los cuales representaron un total de $1.915.154.

Incluso, reclamó que se aplique como requisito que los sentenciados realicen una devolución del monto actualizado correspondiente a los sueldos estatales que cobraron, pese a que nunca brindaron servicios al Estado provincial desde que fueron nombrados.

De esta manera, apuntó que Miguel Retro Trelles había percibido un total de $424.160 en 2020; en el caso de Mara Rodera, $242.559; y referente a Facundo Solari Rodera, un monto acumulado de $424.160. No obstante, la abogada de los Rodera, Florencia Barba, apuntó que sus representados no habían cobrado ni el 0,0001% del presupuesto que se había asignado en 2020, por lo que solicitó que, si tuvieran que devolverlos, no se les aplicaran las tasas de interés.

La defensora interpuso que las medidas de conducta que tuvieran que cumplir sus clientes sean habilitadas para ser cumplidas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), debido a que ambos residen y trabajan en esa área y no en Chubut. La sentencia del tribunal será dada a conocer durante los primeros días de febrero, con motivo de la feria judicial en proceso.

Ante los pedidos de Rodriguez, el abogado defensor de Torres Otarola, Romano Cominetti, presentó un pedido para que la pena no sea mayor a tres años y que sea de forma condicional al argumentar que su cliente “no tiene antecedentes policiales, solo ser víctima de violencia de género de parte de su exmarido”.

“Siempre estuvo a disposición y no generó inconvenientes en los cinco años que duró el proceso judicial”, remarcó el letrado, al ofrecer hacer entrega de los armazones de anteojos que iban a ser donados a las personas de la tercera edad.

Tras la audiencia de cesura, quienes integran el tribunal de enjuiciamiento, los jueces Marcela Pérez Bogado, José Ennis y Carlos Richeri, informaron que tomarán el plazo legal para emitir sentencia, lo que ocurrirá seguramente durante el mes de febrero, pues mientras dura la feria judicial se encuentran suspendidos los mencionados plazos. Una vez tomada la decisión en cuanto a las penas que correspondan, se comunicará a las partes la resolución.

La investigación se desencadenó a partir de una denuncia realizada por el contador Martín Sandoval, quien aseguró que la extitular del ministerio le había pedido parte del sueldo tanto a él, como a dos asesores que habían sido designados por ella, Erica Paludi y Alexis Gangas. Según el Ministerio Público Fiscal de Chubut, las pruebas presentadas habían sido suficientes para acreditar las exacciones ilegales que pesaron en contra de Torres Otarola.

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