Nombrarán al apoderado de los hijos de Cristina Kirchner en la Inspección General de Justicia

Ricardo Nissen, apoderado de los hijos de Cristina Kirchner en Hotesur SA, asumirá en los próximos días como responsable de la Inspección General de Justicia (IGJ), el organismo que tiene a su cargo el control legal de empresas, fundaciones y asociaciones civiles, entre otras cosas, informaron fuentes oficiales.

"Me lo ofreció la ministra [de Justicia, Marcela Losardo] y acepté", dijo Nissen en una entrevista con el canal Todo Noticias. Será la segunda etapa de este abogado porteño en el organismo, porque había sido nombrado director en 2003 por Néstor Kirchner. Nissen dejó su cargo en 2005, pero siempre siguió vinculado al matrimonio Kirchner.

"Es un muy buen profesional", remarcaron en el Ministerio de Justicia, aunque advirtieron que su nombramiento todavía no se hizo efectivo. Esperan que Nissen sea oficializado en el Boletín Oficial en los próximos días, detallaron fuentes oficiales.

Su cercanía con la vicepresidenta quedó plasmada en los últimos documentos que la firma Hotesur entregó a la propia IGJ: Nissen aparece como el apoderado de Máximo Kirchner y Florencia Kirchner, los hijos de la expresidenta, según pudo reconstruir LA NACION. Como representante legal, el abogado cuestionó las decisiones de la IGJ en distintas oportunidades.

"Es un disparate, porque entonces ningún abogado de sociedades podría asumir en la IGJ. Cuando haya una inscripción de Hotesur, me abstendré de atenderla. Me excusaré sobre esa u otra sociedad que haya asesorado a lo largo de mi carrera", explicó a TN.

Hotesur es la firma de los Kirchner que controlaba el hotel de lujo Alto Calafate. Se trata de la sociedad que en 2008 adquirió Néstor Kirchner y que después de su muerte quedó bajo el control de Cristina y sus dos hijos. Ese hotel fue utilizado por Lázaro Báez para su maniobra con el alquiler de habitaciones: el empresario les pagaba alquileres a los Kirchner por habitaciones que no habían sido ocupadas. Como parte de la investigación judicial, Hotesur está ahora intervenida por la Justicia. El caso está pronto a llegar al juicio oral.

Como abogado, Nissen se ocupó de temas de derecho comercial que involucran a la vicepresidenta, informaron fuentes judiciales. Dentro del organismo, su llegada también es leída como el regreso de un cristinista a la IGJ, una dependencia clave para el control de las sociedades. Su paso por esa oficina, sin embargo, no lo dejó puertas adentro como un hombre "resistido".

En su gestión, Nissen se había enfocado en la fiscalización de sociedades extranjeras, para prevenir el ingreso de capitales de centros offshore. Durante los últimos años, Mauricio Macri, en cambio, había ordenado que se facilitaran los requisitos para la radicación de firmas extranjeras en el país, con el objetivo de promover la llegada de capitales.

La IGJ había quedado bajo la lupa en los últimos años de la gestión de Cristina Kirchner como presidenta. La dirigente Margarita Stolbizer había denunciado que el organismo público encubría inconsistencias de distintas sociedades vinculadas a funcionarios kirchneristas, como Hotesur, que adeudaba documentación. También fue acusada por haber protegido al entonces vicepresidente Amado Boudou en el caso Ciccone.

Cuando asuma como titular de la IGJ, Nissen tendrá que decidir -entre otras cosas- si el organismo mantiene su postura ante la fiscalización del Instituto Patria, una asociación fundada por Cristina Kirchner.

La IGJ había exigido durante meses la lista de asociados de la entidad y los documentos que respaldan las donaciones hechas por los socios. La fundación se resistió a entregar datos de los asociados, judicializó la cuestión y el tema ahora está pendiente de resolución en la Corte Suprema, después de varias apelaciones y recursos.

El conflicto comenzó a mediados de 2017, cuando, ante la falta de papeles, la IGJ envió inspectores al Instituto Patria e intimó a la fundación para que presentara el libro de registro de asociados que tienen todas las entidades civiles. La entidad de Cristina Kirchner no entregó la documentación, al alegar que la información solicitada por las autoridades está amparada por los datos personales y que podía ser plausible de persecución política.

A partir de ese momento, se desató un tironeo de meses. La IGJ primero libró batalla para conocer las donaciones que recibió la fundación, ya que por ley las asociaciones civiles que reciben más de $200.000 por mes deben presentar una declaración jurada sobre el origen de los fondos. La dependencia del Gobierno también exigió copia del libro de asociados, una fiscalización que se les realiza a todas las asociaciones civiles.

Pero el Patria ejerció la resistencia. El exfuncionario Oscar Parrilli, encargado del instituto, llegó a irrumpir en la IGJ sin cita previa para protestar por el operativo y denunciar una "persecución política". El entonces titular de la IGJ, Sergio Brodsky, finalmente sancionó al Patria. La decisión fue apelada por el Instituto Patria, la Cámara de Apelaciones le dio la razón y el tema todavía está pendiente de resolución en la Corte.

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