No logran evitar que el Consejo de la Magistratura se paralice en 15 días

El Consejo de la Magistratura, el organismo que debe elegir y remover a los jueces, se prepara para cerrar el 15 de abril. Los consejeros están discutiendo un reglamento que les permita seguir tomando al menos decisiones administrativas, como el pago de sueldo de todos los integrantes del Poder Judicial, porque no creen que la situación pueda normalizarse antes del plazo fatal que le impuso la Corte, para dentro de 15 días, según reconocieron fuentes del oficialismo y de la oposición.

La Corte declaró inconstitucional la composición actual del Consejo, dispuesta por una reforma legal impulsada por Cristina Kirchner, como senadora nacional, en 2006. El máximo tribunal dijo que la actual composición de 13 miembros alteró el equilibrio entre el estamento político y el técnico, y exhortó al Congreso para que “en un plazo razonable dicte una ley que organice el Consejo de la Magistratura de la Nación” o que vuelva a su vieja composición de 20 miembros. Además, con el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, como su presidente. Todo antes del 15 de abril, y si ese plazo no cambia nada, “los actos dictados por el Consejo de la Magistratura serán nulos”.

El Gobierno no quiere saber nada con que Rosatti presida la Corte y el Consejo de la Magistratura. La oposición, en cambio, unificó posiciones en torno a apoyar la presidencia del Consejo en cabeza del presidente de la Corte.

En el Congreso, con mucho trabajo, el oficialismo en el Senado acordó un dictamen unificado de un proyecto de ley que prevé 17 miembros y que contempla que un juez de la Corte lo integre, pero no que lo presida. Así las cosas, puede ser que se apruebe en el Senado, con el apoyo del rionegrino Alberto Weretilneck. El kirchnerismo tuvo que negociar porque no tiene los votos propios necesarios.

En tanto, desde Juntos por el Cambio presentaron su propio dictamen con la vieja conformación del Consejo, donde Rosatti preside el Consejo. Si el texto se aprueba en el Senado y pasa a Diputados, todo será mucho mas ajustado, aunque es posible que el oficialismo no consiga apoyos suficientes. El Frente de Todos cuenta uno a uno los votos para que el texto se convierta en ley. No hay certezas. Y si ocurre, de todos modos. será luego de la fecha final del 15 de abril.

Ayer, el exministro Roberto Lavagna también apoyó la postura de la Corte. “El Consejo de la Magistratura pertenece al área judicial y es natural que sea presidido por el presidente de la Corte Suprema”, escribió en Twitter.

Por eso es que en la Magistratura están, por un lado, avanzando para elegir a los consejeros que les faltan para llegar a los 20 miembros y hacer funcionar la vieja ley y, por otro, preparando un reglamento que les permita seguir adelante con los actos mínimos, por si tienen que bajar la persiana.

Los representantes de los abogados deberán elegir a dos miembros (que tienen que ser mujeres), lo mismo que los parlamentarios (dos representantes de la tercera fuerza política). Los jueces deben elegir a uno, también a una mujer, y las universidades, un nuevo representante. Así las cosas, este martes se realizará la elección de las abogadas y el jueves, de las juezas.

Hay dos listas de abogadas: una de ellas encabezada por Jimena de la Torre, tiene el apoyo de Pro y el radicalismo, y otra encabezada por María Fernanda Vázquez, decana de Derecho de la Facultad de Lomas de Zamora, que es apoyada por el oficialismo.

Podría ser que las dos abogadas, una de cada lista, ingresaran al Consejo, si es que ninguna llega a tener mas del 65% de los votos. Y hay tres listas de juezas: la Bordó, que lleva a Agustina Díaz Cordero, de la Justicia Civil, mas crítica con el Gobierno; la Celeste, cercana al Gobierno, que lleva a la jueza laboral Verónica Dobarro, y la lista Compromiso Judicial, que lleva a la jueza de ejecución penal Jimena Monsalve. Aquí la compulsa se muestra peleada, a juzgar por las últimas elecciones de autoridades de la Asociación de Magistrados, donde la lista Bordó le ganó por pocos votos a la Celeste.

Así las cosas, la semana próxima habrá tres nuevas consejeras elegidas para sumarse a los 13 integrantes actuales del Consejo. En cuanto a la elección del académico, está prevista para el 18 de abril y se realizará de manera indirecta.

Lo cierto es que nadie apuesta a que Cristina Kirchner envíe al Consejo a un representante del Senado y menos si es de la oposición. Y en Diputados, ni se habla aún del asunto, según confiaron fuentes parlamentarias a LA NACION. Consejeros opositores dijeron que si Cristina Kirchner no manda a los representantes del Congreso estaría desobedeciendo el fallo de la Corte.

Así, el escenario probable es que se llegue al 15 de abril con tres consejeras nuevas. La Corte dijo que no podrán asumir por separado, sino que tienen que estar todos elegidos para asumir todos juntos. Se verá finalmente si es así o si la Corte decide que Rosatti puede asumir como presidente del Consejo aun sin los consejeros en representación del Congreso.

“Conceptualmente estamos ante un conflicto entre poderes que no tiene precedente. Un órgano de la Constitución que no funciona y que la misma Corte lo cierra, porque no se puede poner de acuerdo el Congreso. Habla de la degradación de las instituciones”, dijo un consejero opositor.

Ante semejante incertidumbre, los consejeros están buscando aprobar un reglamento. ”Vamos a tener una mayoría grande para dar un gesto político, donde quede claro que no podemos dejar de funcionar”, dijo un consejero cercano al oficialismo. En la oposición hay voluntad de consensuar. Así las cosas, el Consejo podría seguir pagando sueldos y mantener las entrevistas de los concursos, pero no podría tomar decisiones de iniciar un juicio político o designar a un nuevo juez. Es decir, no podría cumplir con lo esencial de su misión constitucional.

Los consejeros están analizando además en este reglamento especial cómo integrar las comisiones y la elección de consejeros que se realizará a fin de año, lo que es una manera de marcarles la cancha de antemano a los consejeros que se incorporen, ya sea para alcanzar los 20 miembros o los que sean elegidos con la nueva ley, en caso de que el Congreso la apruebe.

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