No es Tucumán: es todo el sistema

No hay cosa más difícil de percibir que lo obvio. Fue necesario el grotesco tucumano para que se advirtieran las inquietantes patologías del régimen electoral. Basada en las irregularidades ocurridas bajo el régimen de José Alperovich, la oposición reclama que se anulen los comicios. Esas anomalías son un capítulo de un problema más amplio y complejo: la crisis de representación que afecta a la política argentina. El impacto de este descubrimiento motivó respuestas inadecuadas. El oficialismo contestó con indolencia. Y la oposición propuso soluciones que demuestran un llamativo desconocimiento de un problema complejo, para el que no hay remedios de corto plazo.

Lo único inmediato son las consecuencias políticas del fraude. Scioli sigue siendo el más perjudicado. El desaguisado de Tucumán lo distancia del electorado juvenil, donde el kirchnerismo juega con ventaja. Y las manipulaciones del voto bonaerense durante las primarias dañaron un vínculo que para él es estratégico: despertó la preocupación de la Iglesia Católica y, sobre todo, del papa Francisco. Desencantado de las novedades que le llegan desde su país, el Pontífice podría postergar el viaje que tenía previsto para la segunda mitad del año próximo.

Es lo que presumen figuras relevantes de la Conferencia Episcopal.

El debate sobre el modo de votar está minado por una confusión entre el sistema de votación y el sistema electoral. Son niveles distintos y en ambos aparecen deformaciones relevantes.

Alrededor del sistema de votación se está formando un mito: la presunción de que existe una receta que garantiza, para usar una denominación del siglo XIX, "la pureza del sufragio". Se supone que la urna electrónica evita las trampas. Sin embargo, Alemania la adoptó en 2005, pero la declaró inconstitucional en 2009, porque el control de los procedimientos queda reducido a especialistas. Holanda volvió a las papeletas tradicionales en 2008. Irlanda había adoptado esa tecnología en 2002 y se deshizo de ella en 2012. En Venezuela hay voto electrónico, pero la oposición denunció que el triunfo de Nicolás Maduro, en 2013, fue manipulado. En Brasil no existen objeciones, pero el centro de cómputos del Tribunal Electoral rechaza alrededor de 500 hackeos diarios.

En la Argentina acaba de ocurrir una paradoja. La ciudad de Buenos Aires inauguró la urna electrónica, que es, en realidad, una impresora de lujo. La empresa que la proveyó, al cabo de un procedimiento plagado de objeciones, tiene un nombre presumido: Magic Software. Es la misma que presta servicios en Salta, donde el frente Romero-Olmedo, que integra el Pro de Mauricio Macri, pidió la inconstitucionalidad de la nueva tecnología porque no admite que sea auditado el "código fuente". Son las instrucciones del programador a la máquina de votar. La fiscalía admitió el planteo, los tribunales locales lo rechazaron y hoy el caso está en la Corte Suprema. Detrás de la discusión tecnológica influye, además, el lobby de estas empresas. Es una de las razones por las que a menudo no se aconseja lo que parecería natural: votar por Internet, como empieza a suceder en la India, por ejemplo.

La papeleta única también plantea contradicciones. El método consiste en que cada votante recibe un formulario con todos los competidores de cada categoría y debe marcar al que prefiere. Así se elimina el robo de boletas. Pero se facilitan otras adulteraciones. Por ejemplo, que a escondidas un fiscal anule un sufragio agregándole cruces. Fue el argumento más frecuente del macrismo para denunciar fraude en Santa Fe.

Hay ardides que no tienen que ver con el modo de votar, sino con la organización de la elección. El Correo, presidido por Juan Claudio Tristán, está en el centro de las sospechas. No sólo porque haya militantes del kirchnerismo que en Tucumán alteraron el escrutinio provisorio. En la provincia de Buenos Aires se detectó que la empresa no repartió infinidad de telegramas para convocar a los presidentes de mesa. De ese modo, las autoridades que abren la escuela eligen a un fiscal, que suele ser oficialista, para que encabece la tarea. Además, el equipo de campaña de Julián Domínguez tiene constancias de que el Correo no repartió su boleta en innumerables mesas del conurbano. La alarma se encendió cuando la elección ya estaba jugada. Quien comunicó a Domínguez la mala noticia fue su vice, Fernando Espinoza: "Julián, nos robaron entre el 7 y el 10% de la elección". El culpable, según ellos, fue Aníbal Fernández, que ejerce influencia sobre la empresa, sobre todo a través de los directivos de La Cámpora. Macri conoce estos riesgos: su padre fue propietario del Correo.

Junto con esta empresa del Estado, en las elecciones interviene el Ministerio del Interior, que confecciona los documentos de identidad. Este predominio del partido de gobierno sobre las demás fuerzas está acentuado por la reticencia de los magistrados a sancionar el uso de recursos públicos para conseguir votos. En la Argentina no es habitual que se penalice, como sucede en Brasil, a los gobernantes que utilizan vehículos oficiales para el proselitismo. Tampoco hay una línea divisoria entre la difusión de los actos administrativos y la propaganda. No es la única conexión entre fraude y corrupción. Cuando la política es la base para acumular fortunas incalculables, como sucede a menudo en el país, la competencia por el poder se vuelve más violenta. El que pierde pierde mucho más que un cargo.

La Cámara Nacional Electoral se propone acotar algunos de estos daños. El martes de la semana que viene recibirá a organizaciones civiles interesadas en la calidad de los comicios. Después habrá un encuentro con los partidos. Entre las salidas que podrían ofrecer los camaristas está reforzar el control judicial en el Correo y en las escuelas. Y establecer una papeleta única complementaria, no prevista por la ley, para neutralizar el robo de boletas.

Vulnerabilidades

La organización de las elecciones está amenazada también por el manejo del calendario. En Brasil y México los comicios estaduales y nacionales son simultáneos. En cambio, la Argentina, que es la otra gran democracia federal de América latina, acostumbra desde 1991 a desdoblarlos. Por eso las elecciones provinciales son controladas por tribunales que casi siempre dependen del gobernador. Igual que la seguridad, confiada a la policía local. Un homenaje al federalismo que no se verifica en otros campos. Como se puede advertir, hay vulnerabilidades que no se eliminan con el voto electrónico o la boleta única.

Hay perturbaciones de otra naturaleza. No radican en el sistema de votación. Pertenecen al sistema electoral. Es decir, no tienen que ver con las prácticas, sino con las reglas que regulan la selección de representantes. En Tucumán hay una deformación escandalosa: el acople. También aparece en La Rioja. La legislación ha estimulado la proliferación infinita de partidos que cuelgan sus listas de legisladores e intendentes debajo de la boleta de los candidatos principales. Así, en algunas localidades, para sólo 12 concejalías competían 1300 candidatos. El oficialismo se beneficia con ese sistema porque es el único que puede financiarlo. Con fondos públicos, desde luego.

La ley de lemas es otra vía para desfigurar la voluntad del votante, de tal modo que un determinado partido siga en ejercicio del poder. Se aplica en Santa Cruz, donde quienes votan a los candidatos de Daniel Peralta, que es un antikirchnerista furibundo, terminan facilitando la llegada al poder de Alicia Kirchner. O viceversa. El mismo régimen se aplica en Misiones y en Formosa.

Las primarias también merecen innumerables objeciones, sobre todo porque determinan una intervención exagerada del Estado en la vida de los partidos. Pero nadie ha llevado el problema a la Justicia.

Las prácticas fraudulentas y las regulaciones distorsivas fueron advertidas por los opositores cuando el juego ya había comenzado. Macri descubrió tarde el valor estratégico de contar con una organización territorial. La lección tucumana obliga a Pro a formularse algunas preguntas. ¿Se puede confiar en los adorables voluntarios reclutados por Facebook para enfrentar al implacable peronismo? En el equipo de campaña de Macri admiten: "Llegó el momento de la política". ¿Y hasta ahora a qué estaban dedicados? ¿A las artes circenses?

Scioli, sin embargo, paga el mayor costo. El kirchnerismo predomina entre los menores de 45 años, que son los más escandalizados por las malversaciones que afloraron en Tucumán. Pero, además, el fraude tuvo consecuencias que el candidato no previó. El Episcopado no sólo está desencantado de la presencia de Carlos Zannini en la fórmula presidencial. La candidatura bonaerense de Aníbal Fernández también activó una alarma. El jefe de Gabinete ha comenzado a pedir reuniones con sacerdotes emblemáticos para conjurar ese malestar, que asciende hasta a Jorge Bergoglio. En especial por la sospechosa derrota de Domínguez, que mantuvo siempre un vínculo amistoso con el Papa.

El malhumor de Francisco con la política argentina podría tener consecuencias protocolares. La visita prevista para la segunda mitad del año que viene tal vez vuelva a postergarse. Scioli tuvo un anticipo del giro. Nadie puede asegurar que, cuando viajó a Roma, quiso ver al primer ministro Matteo Renzi o a esos misteriosos inversores que no estaban en la playa. Pero hay fuentes eclesiásticas que afirman que, en secreto, trató de ver al Papa. Scioli lo niega. Menos mal. Porque si hubiera hecho el intento, tal vez no lo habrían recibido. El cambio climático, que tanto lo desvela, llegó también al Vaticano.

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