Los colegios privados porteños desoyen la intimación del Gobierno y seguirán abiertos

Luego del espaldarazo a su continuidad escenificado por su foto de ayer con el presidente Alberto Fernández, y mientras acelera la implementación de un plan B para después del 30 de abril, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, redobló hoy la ofensiva para que se cumpla la suspensión de las clases presenciales ordenada por la Casa Rosada. De todos modos, y a pesar de su pedido concreto, las entidades representativas de la educación privada le contestaron que seguirán con sus institutos abiertos.

Por la mañana, el ministro se reunió con sindicatos docentes privados de la ciudad, que le dieron su apoyo, y al mediodía recibió a las entidades que nuclean a la educación privada, a quienes anoche (y junto a su par de Justicia, Martín Soria) instó a “cumplir” el decreto presidencial que suspendió las clases en el AMBA por 14 días. La medida está en suspenso en territorio porteño por el fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso del distrito, que dispuso que las escuelas siguieran abiertas, tal como pretendía Horacio Rodríguez Larreta.

Pasado el mediodía, Trotta recibió en el palacio Pizzurno a la Junta Coordinadora de Asociaciones de la Enseñanza Privada de la República Argentina (Coordiep); la Junta Nacional de Enseñanza Privada (Junep); la Confederación Argentina de Instituciones de Enseñanza Privada (Caiep); y el Consejo Superior de la Educación Católica (Consudec). “Vamos a dialogar como lo hemos hecho durante toda la pandemia con sus representantes, tratar de garantizar que quienes no asistan por decisión de las familias no tengan falta y que se les garanticen las clases a distancia o virtuales”, afirmaron cerca del ministro. El objetivo central era uno y prioritario: lograr el cumplimiento del DNU que estableció el cierre de las escuelas y el pase a la educación virtual en la zona metropolitana para evitar la expansión de los contagios de coronavirus.

A pesar del tono amable y conciliador del encuentro, que duró poco más de 40 minutos, y en el que Trotta les aclaró que no se trataba de una “amenaza” ni de una imposición”, la respuesta de las entidades fue negativa. “Nosotros reiteramos nuestra posición de que somos administrados por las jurisdicciones y debemos reportarnos a lo que resuelva la autoridad inmediata. Quien tiene que interpretar la norma es el gobierno porteño, no las escuelas”, dijo a La Nación Rodolfo De Vincenzi, vicepresidente de CAIEP, sin lugar a dobles lecturas. De todos modos, las cámaras del sector calificaron de “razonables” los pedidos del ministro para que no computen faltas a los niños cuyos padres decidan no concurrir y que no se penalice a los docentes que también decidan cumplir el DNU nacional.

La posición de los docentes

Por la mañana, Trotta había recibido en el ministerio a “docentes de escuelas privadas” nucleados en Sadop Capital, que -según fuentes oficiales- ”quieren que se cumpla el DNU” que se aplica en distintos distritos del conurbano bonaerense. “Es parte de las dos patas de la carta que se envió ayer, los docentes que se ven forzados a asistir y las familias que se ven obligadas a mandar a los chicos al colegio”, dijeron cerca de Trotta, que anoche, en una entrevista con Página/12, calificó de “una enorme irresponsabilidad del jefe de gobierno y del gobierno de la Ciudad el incumplir un DNU, no respetar a la justicia federal y colocar a las familias en una situación de gran incertidumbre”. Para más adelante, el ministro piensa en implementar un sistema “de presencialidad cuidada” en aquellos lugares “donde sea posible”, tal como fue acordado la semana pasada con el Consejo Federal de Educación. Se trata del plan que la decisión presidencial de suspender las clases presenciales dejó congelado.

El ministro, de hecho, le comentó su posición durante la jornada al secretario general del gobierno porteño, Fernando Straface, aunque la relación formal con la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, sigue congelada, según fuentes del gobierno porteño. “No nos gusta la judicialización de la educación, pero la situación sanitaria apremia”, retrucaron desde el palacio Pizzurno.

Firmeza en la Ciudad

“No vamos a entrar en las discusiones que solo generan aun más angustia e incertidumbre a la gente en este momento”, afirmaron cerca del jefe de gobierno porteño. Y aclararon que ni Soria ni Trotta “tienen competencia ni jurisdicción” para suspender las clases en las escuelas. Un 94 por ciento de ellas estuvo abierta el miércoles; hoy, el 97 por ciento, contaban desde la gestión larretista sin ocultar su satisfacción. Con menos diplomacia, desde la Coalición Cívica-ARI, en la voz del legislador porteño Facundo de Gaiso, consideraron a la carta como un “apriete a las escuelas” por parte de la Casa Rosada. A pesar de las amenazas de Sadop con denuncias penales hacia los dueños de los institutos privados, las escuelas de la ciudad por el momento seguirán abiertas. Unos y otros esperan que sea la Corte Suprema la que destrabe el conflicto y fije una postura que deban acatar todas las partes.

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