Nicolás Ducoté, el exintendente de Pilar, deberá ir a juicio oral tras ser acusado de “administración infiel”
La Corte Suprema de Justicia rechazó la apelación presentada por la defensa del exjefe comunal durante el gobierno de Mauricio Macri
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LA NACION
El exintendente de Pilar Nicolás Ducoté (Pro) deberá enfrentar un juicio oral y público, luego de que la Corte Suprema de Justicia rechazara la apelación que había presentado el exfuncionario durante el gobierno de Mauricio Macri. El exjefe comunal fue acusado del delito de “administración infiel en perjuicio de la administración pública” por el supuesto uso irregular de fondos nacionales en obras del municipio, según informaron medios locales.
El procesamiento fue dictado a principios de julio del año pasado por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, y dispuesto sin prisión preventiva. En aquella oportunidad, incluyó un embargo de cien millones de pesos, una inhibición general de bienes y la prohibición de salida del país para Ducoté y otros funcionarios que fueron parte de su gestión en Pilar.
De acuerdo al sitio Pilar a diario la Corte Suprema de Justicia rechazó la apelación presentada por la defensa, que buscaba se declare incompetente al fuero federal para que la investigación vuelva a fojas 0.
Según el medio local, la Corte dejó firme la decisión del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, en su acordada del 24 de noviembre. En abril de este año, el magistrado había elevado la causa contra el exintendente por “administración infiel” por el manejo de fondos públicos recibidos del gobierno nacional.
Puntualmente, deberá afrontar en 2023 un juicio oral y público por el desvío de más de 460 millones de pesos de la administración nacional entre 2016 y 2019.
Asimismo, será juzgados junto a Ducoté otros funcionarios de su gestión: Guillermo Iglesias, el exsecretario de Obras Públicas; Juan Pablo Martignone, el jefe de Gabinete; Federico Leonhardt, presidente de la firma Vivienda y Hábitat Pilar; Osvaldo Caccaviello, exdirector general de Calles y Red Vial; Fernando María Bonafede, representante legal de la UTE Vialme SA, Servicios y Gestiones SA y Alpin SA; Sandra Sosa, exsubsecretaria de Obras Públicas; Gabriel Adrián Lucero, apoderado de la UTE Vialme SA, Servicios y Gestiones SA y Alpin SA; Sergio Miguel Russo, presidente de Tordel SA; y Norberto Giulianelli, representante técnico de Tordel SA.
La causa
La investigación se inició en 2019, por la denuncia de una concejal del bloque Frente Pilarense que acusó a Ducoté (intendente de Pilar entre 2015 y 2019) de irregularidades en la administración de fondos recibidos del gobierno nacional durante la administración de Mauricio Macri; en particular, de recursos destinados a la construcción de una planta de tratamiento de líquidos cloacales en el barrio Peruzzotti.
Sin embargo, a esa acusación la concejal sumó luego otra, vinculada con la realización de obras públicas de infraestructura en el barrio Monterrey, también de Pilar, y una tercera por supuestas irregularidades vinculadas a un convenio celebrado entre el municipio y la Secretaría de Vivienda y Hábitat del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, el 26 de julio de 2016, para solventar mejoras en las condiciones edilicias y facilitar el acceso a los servicios públicos a vecinos de Pilar. Se trata del caso conocido como “microcréditos”.
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