Neuquén: mapuches bloquean el ingreso a basureros petroleros en la zona de Vaca Muerta
Cuestionan la contaminación por el fracking y les exigen al Gobierno y al INAI “la carpeta del relevamiento de los territorios realizado hace prácticamente un año”
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LA NACION
Las comunidades mapuches de Neuquén protagonizaron el miércoles un bloqueo en el ingreso a los accesos a cinco empresas que se dedican al tratamiento de residuos de la industria hidrocarburífera, ubicadas en la localidad de Añelo, y al Club Mari Menuco.
“Lamentablemente no pueden ingresar personas, que son socios y que tienen casas en la villa, pero sí permiten salir del lugar”, dijo un vecino a la radio LM Neuquén, en referencia al acceso al club.
En Mari Menuco, la comunidad Kaxipayiñ pide el relevamiento de parte de las tierras cercanas al lago, donde el club tiene proyectos para hacer un parador y hasta una planta de tratamiento de líquidos cloacales.
Los grupos apuntan a quedarse con parte de las tierras.
La escalada del conflicto entre los mapuches y el club tiene como telón de fondo una medida judicial que en plena pandemia le sacó casi nueve millones de pesos en multas a la comunidad mapuche de Loma La Lata.
El club se adjudica las tierras debido a una cesión fiscal de la provincia de Neuquén, mientras que la comunidad sostiene que esas hectáreas son parte del relevamiento territorial del INAI, por la aplicación de la ley 26.160.
No es la primera protesta que estos grupos que se consideran mapuches encabezan contra la producción petrolera en Neuquén.
En noviembre del año pasado, en Añelo, cortaron dos rutas provinciales, la 7 y la 17, bloqueando el acceso a los yacimientos. En ese entonces reclamaban tierras y provisión de agua para todos los habitantes de la zona de la meseta.
En el trasfondo aparece siempre el reclamo de tierras.
“El objetivo de esta acción es lograr que el Gobierno y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) cierren y nos entreguen en mano la carpeta del relevamiento de los territorios realizado hace prácticamente un año. Como consecuencia de esto, denunciamos al secretario de Ambiente, Jorge Lara, y al subsecretario de Ambiente, Juan de Dios Luchelli, por la responsabilidad de ambos en las graves consecuencias que dejan en nuestra vida”, sostiene la organización en un comunicado.
En declaraciones a Río Negro Radio, Lorena Maripe, la werken de la comunidad Campo Maripe, explicó que decidieron hacer oír su voz a raíz del “manoseo por parte del Gobierno hacia las autoridades de las comunidades que habitan Vaca Muerta”.
La mujer remarcó que llevan varios meses denunciando la contaminación de basura petrolera que hay en el área, pero que aun así observan que “no hay respuestas” a los reclamos.
Los antecedentes
El último corte de ruta en Añelo, el pueblo ubicado en el corazón de la explotación de petróleo y gas de Neuquén, reavivó un viejo debate por la legitimidad de los reclamos de las comunidades mapuches, que plantean sus derechos ancestrales sobre las tierras.
Sus demandas se mezclan con intereses nacionales y una puja por los recursos del subsuelo en Vaca Muerta.
A diferencia de lo que ocurre en otras provincias patagónicas, Neuquén logró sostener hasta el momento una convivencia más pacífica con las comunidades mapuches.
Por eso, el año pasado, el fiscal general de la provincia, José Gerez, atribuyó el incendio del mes pasado de máquinas viales en Villa La Angostura a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) y aseguró que se trata de un grupo de resistencia foráneo que no tiene representación en tierras neuquinas.
“La RAM es una expresión minoritaria. El pueblo mapuche es pacífico y está en armonía en nuestra provincia”, dijo en esa oportunidad el fiscal, y agregó: “En Neuquén hay armonía con las comunidades mapuches. No vamos a dejar que estas expresiones violentas entren en nuestra provincia, así que vamos a trabajar fuertemente para esclarecer el hecho”.
Sin embargo, el ataque no tardó en ser relacionado con las situaciones más violentas que se viven fuera del territorio provincial, con el desalojo de Villa Mascardi, en Río Negro, como la expresión más elocuente del conflicto. Así, no tardaron en llegar las críticas que acusan a aquellos calificados de “pseudomapuches”, es decir, grupos que se escudan en el reclamo de interculturalidad, para defender intereses económicos en una provincia donde los recursos abundan.
En Neuquén, la personería jurídica de las comunidades funciona como un reconocimiento legal que otorga legitimidad para llevar adelante ciertos reclamos territoriales. Aunque en las últimas décadas varias decenas de grupos obtuvieron esta documentación, muchas de las comunidades que más conflictos han ocasionado no tienen este respaldo legal.
En la actualidad, en Neuquén hay 63 comunidades reconocidas con personería jurídica. En algunos casos, este reconocimiento fue otorgado por la Nación y en otros, por autoridades provinciales. Sin embargo, hay otras que no tienen ningún respaldo legal, como Futa Xayen, que reclama tierras alrededor de Vaca Muerta, donde pasará la traza del gasoducto Néstor Kirchner, desde Tratayén hasta Salliqueló (Buenos Aires).
Pese a ello, el gobierno neuquino sostiene una posición de negociación constante para sostener la convivencia entre las comunidades y evitar los conflictos o las protestas por territorios que, en muchos casos, suspenden las operaciones de las grandes compañías multinacionales en Vaca Muerta, lo que se traduce en pérdidas millonarias para la industria. En ese escenario, el secretario de Estado de Desarrollo Territorial y Ambiente de la provincia, Jorge Lara, es el encargado de mantener a raya la conflictividad para generar las garantías jurídicas que permitan la operación en la actividad hidrocarburífera
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