Narcotráfico: el procurador Casal le pidió al Gobierno aplazar tres meses la puesta en marcha en Rosario del nuevo Código Procesal Penal

El procurador General de la Nación, Eduardo Casal, salió al cruce del anuncio del Gobierno que puso en marcha por una resolución ministerial el nuevo sistema procesal penal federal en Rosario, desde el lunes próximo y le reclamó prorrogar “como mínimo” tres meses el inicio de este proceso, ya que no hay estructuras, edificios, oficinas, personal, seguridad y no se coordinó la tarea con el Poder Judicial.

Casal le mandó una carta de cuatro carillas el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, donde le reseña la experiencia de Salta y Jujuy, donde llevó al menos tres meses la puesta en marcha de este nuevo Código Procesal Penal, en el que los fiscales son los protagonistas de la investigación y los jueces actúan como un magistrado de garantías, árbitro de la prueba entre la defensa y la acusación.

De todos modos Casal reafirmó su compromiso con el nuevo Código Procesal Penal y este sistema llamado “acusatorio”, ya que es el fiscal el que lleva adelante el proceso. No obstante, en la nota, pidió al Gobierno una prórroga para ponerlo en marcha, aún en una versión de emergencia.

“La inminencia en la ejecución de la medida implicaría la puesta en funcionamiento del sistema sin muchas de las adecuaciones que, al menos esta institución, considera fundamentales para el correcto cumplimiento del rol que el nuevo modelo le exige”, dice el mensaje de Casal.

Y señaló que en Salta y Jujuy “la puesta en funcionamiento fue dispuesta con una antelación de casi tres meses -además de las tareas de coordinación desarrolladas anteriormente-, por lo que establecer un plazo similar resultaría prudente en esta ocasión, como mínimo, teniendo en cuenta las necesidades y complejidad de la jurisdicción en cuestión”.

“Es indispensable la adecuación de la infraestructura edilicia para las exigencias del nuevo modelo organizacional del Ministerio Público Fiscal -las unidades fiscales- y que permita garantizar el resguardo de evidencia, la recepción y alojamiento transitorio de personas detenidas, el reemplazo del tradicional expediente a un legajo digital, así como la correcta atención de las víctimas y testigos, funciones que este organismo adquiere a partir de la nueva asignación de roles”, escribió el funcionario.

Cúneo Libarona, urgido por dar una respuesta ante la escalada de violencia en Rosario firmó una resolución poniendo el nuevo código en marcha en esa jurisdicción, pero no avisó ni a la Procuración ni al Consejo de la Magistratura, donde la medida sorprendió porque no basta la firma en un papel para poner en funcionamiento este nuevo mecanismo de enjuiciamiento penal.

Este sistema procesal es oral, todo se debate en audiencias por lo que hace falta “una readecuación integral de los espacios de trabajo” y recordó que los laboratorios forenses con los que trabaja la justicia federal rosarina están en una “situación de colapso” lo que “se vería incrementada por la celeridad que exige el nuevo sistema acusatorio, lo cual, de no poder solucionarse en este exiguo plazo, atentará contra una de sus principales virtudes”.

“En definitiva, los avances institucionales señalados en el proceso de transición al sistema acusatorio, en particular en la jurisdicción federal de Rosario, son notorios, pero resultan insuficientes para la inmediata puesta en marcha del referido código de forma”, dijo Casal.

Advirtió que no se coordinó nada con Poder Judicial de la Nación, el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público de la Defensa ni el Ministerio de Seguridad de la Nación. Por ejemplo, “no existe la oficina judicial, órgano central en este sistema, que debe determinar el cronograma de las distintas audiencias que genera la nueva forma de litigación”.

“Los jueces no pueden resolver las cuestiones administrativas” y tampoco hay un sistema que garantice la seguridad de los funcionarios, magistrados, empleados y el público.

“Las funciones asignadas a este organismo y a los demás actores, sumado a la responsabilidad institucional que exige su gobierno, me impone el deber de solicitar al señor Ministro que disponga, un término adicional para hacer posible, aún con esquemas de contingencia, el piso mínimo de circuitos de trabajo y coordinaciones interinstitucionales que eviten consecuencias nocivas para la gestión de los casos en la jurisdicción de referencia, y permita desarrollar un proceso de implementación que asegure la mayor eficacia del nuevo sistema de enjuiciamiento adversarial”, concluyó Casal.

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