Narcotest: el gobernador cordobés Martín Llaryora se realizó el examen en cumplimiento de la ley
La norma fue promulgada en abril; es coercitiva para funcionarios provinciales y de la ciudad capital
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PARA LA NACIONGabriela Origlia
CÓRDOBA.– El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, se sometió a un narcotest y se realizó el análisis de laboratorio que permite detectar la presencia de metabolitos de drogas ilegales en orina. Todos los exámenes son en cumplimiento de la ley provincial 10954 de Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana, promulgada el pasado 26 de abril, que crea el Sistema Integrado de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana, que establece el marco jurídico para la instrumentación de “un nuevo modelo que agilizará la lucha contra la inseguridad y el narcotráfico”.
El test, que puede realizarse en establecimientos públicos y privados, es obligatorio para “las personas que desempeñen funciones por elección popular, ministros, secretarios, subsecretarios, directores, subdirectores, asesores y las personas que por disposición legal o reglamentaria ejerzan funciones de jerarquía” equivalentes a las de los cargos mencionados.
La ley indica que los funcionarios deben presentar un certificado negativo expedido por institución médica que acredite la realización de exámenes complementarios de presencia de metabolitos de drogas psicotrópicas ilegales, conocido como narcotest. El estudio permite detectar la presencia de metabolitos de drogas ilegales en orina.
En caso de incumplimiento del artículo 66, que exige el certificado negativo, la ley prevé la aplicación del procedimiento vigente de la repartición donde reviste el supuesto infractor. La reglamentación añade que se comunicará esa situación a la autoridad competente y se dará la intervención correspondiente al Ministerio de Salud, para que realice el abordaje integral y tome las medidas de contención y asistencia de la persona afectada.
En Córdoba existe la obligación a nivel municipal y provincial. El Concejo Deliberante capitalino aprobó la ordenanza el año pasado: establece que todo funcionario municipal electo deberá realizarse cada seis meses un narcotest. Los resultados no serán públicos. La ordenanza fue impulsada por un concejal del oficialismo, Diego Casado, y contó con el apoyo Llaryora, quien entonces era intendente y candidato a gobernador. También fue avalada por la mayoría de la oposición.
A nivel nacional, si bien en el Congreso hubo propuestas en el mismo sentido, nunca se avanzó más allá de las polémicas del momento: desde el pedido de Ramón Saadi para que todos los funcionarios de Carlos Menem se realizaran una rinoscopía, luego de que el expresidente le soltara la mano al clan familiar por la muerte de María Soledad Morales, hasta la denuncia de “nariguetazos” en el Congreso lanzada por el exsecretario de Lucha contra el Narcotráfico, también durante el menemismo, Alberto Lestelle.
Por Gabriela Origlia
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