Narcos, sicarios y política: el caso Scapolan hizo explotar las internas y se proyecta sobre el futuro de Cristina

Un caso de funcionarios judiciales y policías que se quedaban con parte de los cargamentos secuestrados a los narcotraficantes en la provincia de Buenos Aires estalló como una granada en el interior de la política argentina. No solo por las capas freáticas de protección política que emergieron alrededor del caso, que tiene al fiscal Claudio Scapolan en su epicentro. También porque proyecta advertencias sobre el futuro de la causa Vialidad al convertirse en un ejemplo de cómo las pruebas de un delito pueden ser insuficientes para exorcizar la impunidad en las grietas corruptas de la Justicia argentina.

En el inicio del caso Scapolan aparecen el poderoso fiscal Julio Novo y su red de contactos. Elisa Carrió lo describió como “el encubridor del narcotráfico en la provincia de Buenos Aires”. Novo resistió con uñas y dientes su apartamiento, a pesar de las pruebas que se acumulaban en su contra. Tenía amigos poderosos. Finalmente, en julio de 2017, el fiscal general de San Isidro presentó su renuncia luego de que la jueza Sandra Arroyo Salgado lo procesara por “encubrimiento agravado” en una investigación de asesinatos a manos del narcotráfico.

Novo, que en 2015 aparecía como un posible ministro de Justicia de Sergio Massa si ganaba en las elecciones presidenciales, había sido acusado de entorpecer la investigación del doble crimen de Unicenter, donde fueron fusilados dos lugartenientes del narcotráfico colombiano a manos de sicarios. El poderoso fiscal tenía como secretaria a Mariana Busse, que había sido abogada defensora de los hermanos Gustavo y Eduardo Juliá, condenados por narcotráfico en España. Busse era a su vez esposa de Carlos Broitman, abogado de los Juliá y quien, según la periodista Virginia Messi en el libro Narcolandia, alentó al grito de “no aflojes, Ignacio” al narcotraficante Ignacio Álvarez Mayendorff cuando era llevado extraditado de la Argentina a los Estados Unidos por los delitos del cartel del Norte del Valle. Dios los cría y Novo los juntaba.

Bajo el dominio de Novo, en la fructífera zona norte del Gran Buenos Aires trabajaba el fiscal Scapolan, que lideraba la UFI de Investigaciones Complejas y Antinarcóticos de San Isidro. Aparecía como el sobreviviente del imperio que había estado en manos del fiscal caído en desgracia. Pero la interminable mancha de aceite de los encubrimientos comenzó a alcanzarlo y, a medida que el escándalo salía a la luz, el nerviosismo invadió a dirigentes del oficialismo y de la oposición que comparten secretos con el fiscal.

En diciembre de 2013, una combi Mercedes-Benz Sprinter salió de una quinta de Moreno. La camioneta tomó el Acceso Oeste y luego cortó por el Camino del Buen Ayre rumbo a la Panamericana. La bonaerense argumentaba que tenía información de que en la combi iba un cargamento de droga rumbo a la zona norte. El dato geográfico calzaba perfecto para que el inefable Scapolan asumiera el control de operativo. Los detuvieron a la altura del Shopping Soleil, en Boulogne. No hubo resistencia. En su interior, la policía encontró 550 kilos de cocaína. En la quinta de Moreno descubrieron luego más paquetes. En la entrada del lugar se erguían dos leones de piedra. Las esculturas, de dudoso gusto, sirvieron para bautizar la maniobra: Operativo Leones Blancos. El juicio por narcotráfico avanzó accidentalmente hasta que las irregularidades del operativo comenzaron a acumularse escandalosamente. El Tribunal Oral Federal N° 5 de San Martín terminó por anular lo actuado y ordenó investigar a los responsables del operativo frente a las evidencias de corrupción policial.

Cuando indagaron en las pruebas, el fiscal Fernando Domínguez y la jueza Arroyo Salgado descubrieron mucho más que droga robada. Se habían armado causas, encubierto delitos, amenazado testigos y desvalijado pertenencias en los allanamientos policiales. La media tonelada de droga de Leones Blancos que había sido robada fue transportada por policías para ser vendida en la costa atlántica y, otra parte, en Europa. Como señaló la jueza en un escrito, Scapolan aparecía como la cabeza de una organización que tenía como objetivo “sustraer material estupefaciente, coaccionar personas para obtener un provecho económico, permitir la sustracción de pertenencias de personas allanadas, e inventar o plantar pruebas”.

Varios comisarios debieron dejar sus cargos y los procesados llegaron a medio centenar. Arroyo Salgado procesó a Scapolan por los delitos de jefe de asociación ilícita, instigador de falso testimonio agravado, uso de documento público falso, falsedad ideológica de documento público reiterada, sustracción de medio de prueba, tenencia de estupefacientes con fines de comercialización doblemente agravada, cohecho pasivo agravado por su condición de agente fiscal, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público y extorsión. Un verdadero discípulo de Novo.

Scapolan resistió como un animal herido los innumerables llamados a indagatoria, hasta que le resultó imposible. Entonces, los abogados de los acusados desplegaron un ataque de recusaciones con el objetivo central de sacarse de encima al fiscal Domínguez y a Arroyo Salgado.

En abril de 2020, el camarista de San Martín Marcelo Fernández ratificó que Arroyo Salgado siguiera al frente de la causa. Pero los acusados no se iban a dar por vencidos. Había mucho en juego. A Scapolan lo representan los abogados Marcelo D’Angelo, que trabajó con Cristian Ritondo en el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, y Félix Linfante. A la vez, al secretario de Scapolan, Maximiliano Jarisch, lo asistía Juan Manuel Cuesta. En San Isidro tienen la certeza de que desplegaron una estrategia coordinada para destruir la investigación.

Luego de que la Cámara de San Martín dejara en manos de Arroyo Salgado el caso, los abogados apuntaron más arriba, a la Cámara de Casación, así llegaron finalmente al juez Mariano Borinsky. En una decisión insólita, Borinsky rechazó el pedido, pero aceptó que intervenga la Corte Suprema a través de un recurso extraordinario. El objetivo de demorar comenzaba a alcanzarse. En abril del año pasado, la Cámara de San Martín volvió a ratificar a Arroyo Salgado frente a la insistencia de los abogados. ¿Cuántas veces tenía que hacerlo? Pero los abogados, de alguna manera, sabían que estaban cerca de lograr su cometido. Lógicamente volvieron a Borinsky.

En julio de 2021, los acusados de asociarse con policías corruptos para vender droga tuvieron su gran éxito: Borinsky declaró nulas las decisiones del juez de San Martín y remitió todo de nuevo a la Cámara. Fue como si le dijera al juez: a ver si esta vez entiende el mensaje, Fernández. Para entonces, la Policía de Seguridad Aeroportuaria había detenido al policía Adrián Beata, una de las piezas de la banda, que había estado cinco meses prófugo. Lo apresaron en Rincón de Milberg, Tigre; el lugar en el mundo de Sergio Massa. Los investigadores avanzaban contra reloj, pero las defensas ya habían activado su plan en la Justicia. En diciembre de 2021, finalmente, después del frontón que devolvía Borinsky cada vez que la Cámara Federal de San Martín ratificaba la investigación, el juez Fernández se rindió y aceptó apartar a Arroyo Salgado.

La última recusación había sido presentada por el abogado del secretario de Scapolan, Maximiliano Jarisch. A Jarisch en los tribunales de la zona norte lo vinculan al empresario de la bailanta Horacio Della Mónica, administrador de los boliches Lamónica. Sus locales nocturnos se despliegan en Tigre, San Isidro, Talar, Pacheco y Zárate. Para la seguridad, Lamónica contrata a policías. Pero tienen que quedarse afuera de los locales. La zona norte es un edén para negocios innumerables.

En el programa Comunidad de Negocios, de LN+, Arroyo Salgado le aseguró la semana pasada al periodista José Del Rio que había escuchado que “un lobby de la política, del massismo, de Malena Galmarini”, había actuado en la Cámara de San Martín. “A mí no me consta, pero lo concreto es que fui apartada de la investigación”, remató con resignación. Las autoridades judiciales le quitaron respaldo a la investigación de manera escandalosa, pero como se escondió detrás de una maraña de tecnicismos judiciales pasó prácticamente desapercibida. El mensaje hacia los juzgados fue, de todas formas, inequívoco: no se metan con eso. Ninguna autoridad política salió a respaldar a los investigadores. El ministro de Seguridad de la provincia, Sergio Berni, hizo silencio. Los defensores de los acusados tenían más conexiones políticas que los investigadores. El declamado apoyo a la lucha contra el narcotráfico en la provincia de Buenos Aires es hoy una simulación siniestra.

Marcelo D’Angelo, el abogado del acusado fiscal Scapolan, es socio de Marcelo Rocchetti, que fue jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad en la gestión de Ritondo, y fue abogado defensor del barrabrava Rafael Di Zeo. Tanto D’Angelo como Rochetti también cumplieron funciones en la Legislatura porteña. Rocchetti ya había protagonizado su propia cruzada contra Arroyo Salgado y el fiscal Fernando Domínguez. Pura casualidad: también se perseguía dinero del narcotráfico. Los investigadores buscaban probar si se lavaba plata de los carteles a través de llamativas transferencias de jugadores de fútbol de Argentina a México.

El caso tuvo en la mira a Uriel Pérez Jaurena, representante del Grupo Bragarnik, que para muchos es el verdadero dueño del fútbol argentino. Rocchetti recusó a la jueza con un argumento para los anales de jurisprudencia: dijo que tenía enemistad manifiesta en su contra. El recurso de “enemistad manifiesta” busca darle garantías al acusado, para evitar que se armen causas solo por el odio personal a una persona. Pero es una garantía para el acusado, no para el abogado. De lo contrario, sería tan fácil como contratar siempre al mismo defensor para sacarse a un juez de encima. Pero Rocchetti, igual que su socio, tuvo éxito. El juez de San Martín, Alberto Lugones, conocido por su alianza con el kirchnerismo en el Consejo de la Magistratura, apartó a Arroyo Salgado y le pasó el caso al juez Lino Mirabelli, el mismo que cerró el caso contra el presidente Alberto Fernández y la primera dama Fabiola Yañez por la fiesta en Olivos en plena cuarentena. Siempre hay una mano amiga.

Ritondo negó cualquier vinculación con la causa y mostró que sus legisladores apoyaron el juicio político contra Scapolan. Dijo, a la vez, que dejó de tener contacto con D’Angelo cuando terminó su mandato como ministro. Y que la intervención del abogado fue posterior a su tarea de asesor. “La recusación en virtud de la cual por decisión del juez Borinsky se apartó a Arroyo Salgado no fue presentada por D’Angelo o Linfante”, aseveró. Ritondo reconoce, en cambio, cercanía con Rocchetti, pero asegura que el abogado no intervino directamente en el caso. Para el juzgado de San Isidro, D’Angelo, Linfante y Ricchetti son parte de un mismo accionar.

Los movimientos de Borinsky son especialmente interesantes. El kirchnerismo lo apuntaba por sus visitas a la quinta de Olivos durante el gobierno de Mauricio Macri, pero ahora en el propio oficialismo aseguran que su papel fue determinante para los fallos favorables que logró Cristina Kirchner en la Cámara de Casación, tanto como las gestiones de Massa. Algunos ubican en esa escena también a Darío Richarte, que supo ser segundo de los servicios de inteligencia. En abril, los jueces Ana María Figueroa, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña sobreseyeron a Cristina en la causa de dólar futuro. Borinsky no lo firmó. Pero le atribuyen una gran ascendencia sobre Barroetaveña y Petrone.

Para Elisa Carrió, que intenta levantar un muro para frenar los embrujos de Massa, el caso Scapolan es la muestra de las sociedades contaminadas que entrelazan al ministro de Economía con dirigentes de Juntos por el Cambio. Mientras los abogados de los defensores trazan un camino que lleva al Pro, el fiscal acusado proyecta la sombra sobre Massa. Scapolan fue el encargado de quitar del camino al fiscal Washington Palacios, quien pretendía investigar aparentes irregularidades en el robo a la casa de Rincón de Milberg, en 2013. Palacios llegó a decir, según publicó Página12 en 2017, que “en los tribunales de San Isidro es de público conocimiento que Novo y Massa (desde sus tiempos de intendente de Tigre) habrían formado un entramado tendiente a encubrir delitos graves”. Eran otros tiempos. Massa todavía era enemigo del kirchnerismo, no su salvador.

Por la denuncia de Carrió, Scapolan enfrenta un juicio político. Hasta ahora, 12 jueces se negaron a encabezarlo. La cobardía es una aliada esencial de los criminales. Arroyo Salgado advirtió ahora que la misma red y recursos usados para derribar la investigación contra Scapolan puede utilizarse para atacar una eventual condena contra Cristina en la causa Vialidad. De ser así, la zona norte puede haber sido un extraordinario laboratorio.

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