Murió Jorge Rafael Videla, símbolo de la dictadura militar
El ex dictador falleció esta madrugada, a los 87 años; se había descompensado y estaba internado; permanecía detenido en el penal de Marcos Paz por graves violaciones a los derechos humanos
El ex jefe de la última dictadura militar Jorge Rafael Videla, de 87 años, que estaba detenido por graves violaciones a los derechos humanos, falleció esta madrugada cerca de las 6.30, tras una descompensación de salud, según confirmó la secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Videla permanecía en el pabellón de condenados por delitos de lesa humanidad en el Penal de Marcos Paz, tras la sentencia que recibió el 5 de julio de 2012, cuando se lo sentenció a 50 años de prisión luego de que el tribunal que lo juzgó lo encontrara culpable por el delito de secuestro y sustracción de identidad a menores de edad.
El martes último, Videla se había negado a declarar ante el Tribunal Oral Federal 1 en el marco del juicio por el Plan Cóndor.
La unidad sanitaria del pabellón donde se encontraba alojado determinó que estaba en condiciones de declarar ante el tribunal. Ante las preguntas de la fiscalía, Videla se negó a declarar. Se autodeclaró como un "preso político" y aseguró haber sufrido una "crisis de memoria".
Ante el deceso de Videla, el secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, apuntó en radio Nacional: "Es un orgullo haber logrado una Argentina con Justicia antes de que se fuera Videla a otro lugar. Desde el Estado argentino no celebramos la muerte de nadie, pero si consagramos haber conseguido Justicia".
Condenado por crímenes de lesa humanidad
Videla encabezó el golpe militar del 24 de marzo de 1976 como jefe del Ejército. La junta militar estuvo compuesta por el almirante Emilio Eduardo Massera, por la Armada, y el brigadier general Orlando Ramón Agosti, por la Fuerza Aérea. El 29 de marzo asumió la Presidencia de la Nación, que ocuparía hasta ser reemplazado por Roberto Eduardo Viola en 1981.
Tras la recuperación de la democracia en 1983, fue juzgado y condenado a prisión perpetua y destitución del grado militar dos años después por numerosos crímenes de lesa humanidad cometidos durante su gobierno. El 29 de diciembre de 1990 el por entonces presidente Carlos Menem sancionó el decreto 2741/90, que indultó a Videla y los demás miembros de las juntas de comandantes condenados en el Juicio de 1985: Massera, Agosti, Roberto Viola y Armando Lambruschini.
Luego de que en 2003 el Congreso declarara la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, algunos jueces comenzaron a declarar inconstitucionales aquellos indultos referidos a crímenes de lesa humanidad y a reabrir los casos. En 2006, la Cámara de Casación Penal, máximo tribunal penal de la Argentina, consideró que los indultos concedidos en delitos de lesa humanidad eran inconstitucionales, sentencia confirmada en 2010 por la Corte Suprema de Justicia.
Reabiertas las causas por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura, el 22 de diciembre de 2010, Videla recibió su segunda condena: recibió la pena de prisión perpetua en cárcel común por el caso conocido como UP1 (por la Unidad Penitenciaria Nº 1), en Córdoba.
El 5 de julio de 2012, fue condenado a 50 años en prisión por encontrársele responsable penalmente por el secuestro sistemático de neonatos y niños. En ese mismo juicio, el Tribunal Oral y Federal N° 6, a cargo de María del Carmen Roqueta, unificó las tres sentencias anteriores en una pena única de reclusión perpetua en cárcel común.
El año pasado, el ex militar y presidente de facto confesó en el libro Disposición final, del periodista Ceferino Reato, el asesinato de más de 7000 desaparecidos.
En dicho reportaje, Videla admitió que el gobierno militar mató "a 7000 u 8000 personas" y que sus cuerpos se hicieron desaparecer "para no provocar protestas dentro y fuera del país".
"Para no provocar protestas dentro y fuera del país, sobre la marcha se llegó a la decisión de que esa gente desapareciera", dijo. Y añadió: "Cada desaparición puede ser entendida, ciertamente, como el enmascaramiento de una muerte".
"No había otra solución. Estábamos de acuerdo en que era el precio a pagar para ganar la guerra contra la subversión y necesitábamos que no fuera evidente para que la sociedad no se diera cuenta", relató.
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