Múltiples presentaciones judiciales por la medida contra Fibertel

La avanzada del Gobierno contra Fibertel ya generó repercusiones en la Justicia. Múltiples planteos judiciales fueron presentados en las últimas horas para frenar la intención del kirchnerismo de quitarle la licencia a la empresa proveedora de Internet.

El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez presentó esta mañana una acción de clase, que es un amparo colectivo que abarca a todos los usuarios de Fibertel.

En sus fundamentos, el jurista calificó la decisión del Gobierno de arbitraria e ilegítima. La presentación quedó a cargo del magistrado Ernesto Marinelli.

El abogado sostuvo que se violaron los derechos de los usuarios a elegir libremente su prestador de internet, así como la libertad de expresión, ya que el acceso a la web fue equiparado, por la ley 26.032, a esa garantía constitucional.

La ley 26.032 "establece que la búsqueda, recepción y difusión de información e ideas por medio del servicio de Internet se considera comprendida dentro de la garantía constitucional que ampara la libertad de expresión", y fue promulgada el 16 de junio de 2005, durante el gobierno de Néstor Kirchner.

En la misma línea, el abogado Ricardo Monner Sans realizó una presentación ante la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional Federal por la decisión tomada por el Gobierno. En sus fundamentos, cuestionó la legalidad de la medida: "La validez del acto depende de su notificación. La aplicación zigzagueante de esta última norma conlleva a que la Administración entienda que su actuar goza de presunción de legitimidad".

Poco antes de esa presentación, un abogado porteño se convirtió en el primer usuario de Fibertel en atacar la medida del gobierno. El abogado Matías Joaquín Robirosa radicó la acción ante el juzgado en lo Contencioso Administrativo número 10, a cargo de la jueza Liliana Heiland.

El escrito sostiene que "los ciudadanos son víctimas de una lucha que les es ajena" y plantea que la resolución anunciada la semana pasada por el ministro de Planificación, Julio De Vido, "es ilegítima y arbitraria".

En Córdoba, la Justicia Federal local también recibió hoy el primer amparo individual contra la resolución 100/2010 de la Comisión Nacional de Comunicaciones.

El planteo judicial fue recibido por la Secretaría Civil del Juzgado Federal número 2 de la ciudad de Córdoba, a cargo de Inés Garzón Maceda y fue presentado por los abogados Jorge Rodríguez y Valeria Melacrino, de Villa Carlos Paz, pocas horas antes de que la oposición presente en la Cámara de Diputados un proyecto que pretende dejar sin efecto la resolución, anunciada el jueves por el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido.

Finalmente, el abogado Isaac Wieder fue más allá y denunció penalmente al ministro de Planificación, Julio De Vido, y al secretario de Comunicaciones, Carlos Salas, por los presuntos delitos de "incumplimiento de los deberes de funcionario público y contra la seguridad de los medios de comunicación".

La acción recayó ante el juzgado federal a cargo de Claudio Bonadío e invocó que "es materialmente imposible que las dos empresas restantes (proveedoras de internet) puedan absorber en un tiempo muy limitado un 40 por ciento más de abonados cada una. Irremediablemente miles de ciudadanos se quedarían sin internet, que es lo mismo que se les cortara la luz por tiempo indeterminado".

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