Motosierra parlamentaria: reunión de Villarruel con los gremios para bajar la tensión por los despidos en el Senado

En un intento por evitar una escalada de protestas sindicales, Victoria Villarruel se reunió esta tarde con los líderes de los tres gremios con representación en el Congreso, quienes les plantearon sus quejas por el cierre de la guardería de la Cámara alta y por los 56 despidos decididos por la vicepresidente en la última semana.

Por lo pronto, fuentes gremiales confiaron a LA NACION que la vicepresidenta habría dado la tranquilidad de que no habría una nueva tanda de despidos, rumor que circuló durante toda la semana. Por su parte, voceros de Villarruel admitieron que podría demorarse la emisión de nuevos decretos pero aseguraron que “la decisión de revisar la dotación del personal” del Senado está tomada y que la Presidenta de la Cámara alta continuará con su política de reducir la planta recortando cargos y puestos innecesarios y desafectando nombramientos políticos que una comisión especial viene analizando, para establecer su legalidad.

La reunión fue calificada por ambas partes como cordial. Coincidieron en que “se abrió un canal de diálogo” para analizar la posibilidad de revisar, si no todos, al menos algunos de los despidos ordenados por Villarruel.

Además de la vicepresidenta, por el Senado se sentaron a la mesa los directores de Asuntos Jurídicos, Grisela García Ortiz, y de Recursos Humanos, Gonzalo Izurieta. La representación sindical estuvo compuesta por los secretario generales de la Asociación del Personal Legislativo (APL), Norberto Di Próspero; de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Claudio Britos, y de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Martín Roig.

El encuentro vino a tratar de contener la tensión que se había generado luego de que Villarruel firmara dos decretos en los que dio de baja a 56 empleados del Senado. Una primera tanda, conocida el viernes pasado, dejó en la calle a 36 agentes que habían sido pasados a la planta permanente en octubre del año pasado, poco menos de dos meses antes de que Cristina Kirchner concluyera su mandato como vicepresidenta. Ese mismo día, se conoció otro decreto por el que se cerró la guardería de la Cámara alta por fallas estructurales en el edificio en el que funcionaba.

Los 20 restantes fueron despedidos el martes y eran trabajadores transitorios que cumplían funciones en comisiones bicamerales en violación del estatuto del empleado legislativo (ley 24.600), según el punto de vista de la presidencia de la Cámara.

Los gremios cuestionaron la legalidad de ambos decretos con baja de agentes, por considerar que están viciados de nulidad y pidieron su reversión. Además de destacar algunos casos puntuales, los sindicalistas le plantearon a Villarruel que se echó a personal que cumplía tareas, es decir que no eran “ñoquis”, que llevaban varios años en la planta transitoria y que en muchos casos estaban a una semana de cumplir con el plazo de un año en la planta permanente que le hubiese garantizado su estabilidad.

Según informaron sus voceros, la vicepresidenta y sus colaboradores respondieron que si hubo algún error se iba a revisar pero reivindicaron el papel de la Comisión de Análisis de la Dotación (CAD) creada a principios de año y que es la que viene analizando los nombramientos de empleados y recomendando sus bajas en los casos que considera reñidos con la normativa vigente.

Al respecto, la vicepresidenta le habría recordado a los gremios que se habían negado a participar de la CAD cuando fue constituida y que ya se les había advertido que la decisión de analizar la dotación del Senado estaba tomada y que no iba a cambiar. Los sindicalistas reivindicaron su decisión de darle la espalda a la comisión. “No podemos participar en un órgano cuya finalidad es despedir compañeros”, fue la respuesta de los gremios.

Los dirigentes sindicales habrían hecho hincapié en algunos casos puntuales que mostrarían la ilegalidad de los despidos, como el del secretario de la Comisión de Defensa, Ernesto Servián, que llevaba más de una década en la planta transitoria y fue dejado cesante. Este caso también fue motivo de una nota elevada por el senador Luis Juez, presidente de la comisión, pidiéndole a la vicepresidenta que revea la decisión.

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