Moratoria: Juntos por el Cambio y Consenso Federal reclaman cambios y el oficialismo postergó el dictamen en Diputados
LA NACIONLaura Serra
Ante los planteos de la oposición, el oficialismo de la Cámara de Diputados decidió postergar hasta la semana próxima el dictamen y la media sanción del proyecto de ley de moratoria impositiva que envió el Gobierno. Su margen de acción para imponer la iniciativa sin cambios quedó acotada luego de que los bloques de Juntos por el Cambio, Consenso Federal y otras bancadas propusieran modificaciones al texto, aunque sin alterar el espíritu general de la moratoria.
Durante la reunión de la Comisión de Presupuesto, su presidente, Carlos Heller, reveló que algunas de las propuestas de la oposición "se están hablando" con el Poder Ejecutivo para eventualmente incorporar cambios al texto. "Nos tomamos una semana para habilitar la posibilidad de seguir discutiendo, analizando diversos aspectos y tratando de lograr las mayores coincidencias posibles", propuso Heller, actitud que fue celebrada por la oposición.
Tanto Juntos por el Cambio como Consenso Federal coinciden en dos puntos: incluir en el texto un "premio" a los buenos contribuyentes atado de un incentivo para que continúen con el pago de sus compromisos en tiempo y forma. La titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, había descartado esta posibilidad la semana pasada, pero Heller sugirió que se podría trabajar en la cuestión.
El otro punto clave tiene que ver con la decisión del Gobierno de incluir en el perdón fiscal a las empresas quebradas. Tanto Luciano Laspina (Pro) como Jorge Sarghini (Consenso Federal) anticiparon su rotundo rechazo a esta cuestión.
"Esta moratoria encubre dos iniciativas: una es la moratoria propiamente dicha, más que justificada en este contexto de pandemia –sostuvo Laspina–. La otra es una ‘ley de amnistía´, que es un traje a medida de las necesidades judiciales de la petrolera Oil Combustibles".
Laspina aludía a la empresa de Cristóbal López, hoy quebrada y con deudas en la AFIP que podrían superar los 10.000 millones de pesos. "No hay ninguna lógica fiscal ni jurídica que justifique esta incorporación de empresas quebradas sin continuidad de actividad y cabe preguntarse si realmente beneficia a la hacienda pública", sostuvo Laspina.
El legislador, en una nota dirigida a la AFIP –en la que reclamó explicaciones sobre la situación de la petrolera del empresario kirchnerista–, advirtió que con este artículo se habilitaría a la empresa Oil Combustibles a que logre el avenimiento y la AFIP se vería obligada a renunciar a cobrar de manera inminente casi 100 millones de dólares en plazos fijos que tiene la petrolera "postergando innecesariamente su cobro a través de un plan de cuotas a 10 años".
El bloque de Juntos por el Cambio también reclamó excluir de los beneficios de la moratoria a las empresas que actúan de agentes de percepción del impuesto a los combustibles líquidos (ITC), entre las que también se encuentra Oil Combustibles.
"Incluir estos impuestos en la moratoria desnaturaliza su sentido de aliviar al contribuyente y se pasa a premiar a quienes se apropiaron de fondos que ya pertenecían al fisco; todo con un doble efecto: facilidades de pago y suspensión de acciones penales por el delito de apropiación indebida", advirtió Mario Negri, jefe del interbloque de Juntos por el Cambio.
Sarghini, por su parte, sostuvo que la inclusión en la moratoria de las empresas quebradas no es, a su juicio, "un traje a medida" de un empresario en particular, sino "un traje de muchos talles a la medida de muchas empresas".
"De ninguna manera entendemos que aquellos quebrados por razones previas al fenómeno de la pandemia deben estar incluidos –enfatizó el diputado de Consenso Federal–. El oficialismo no puede desconocer que en ese lote hay quebrados fraudulentos y permitirles ingresar en la moratoria les permitirá deducir pasivos y reducir o extinguir el efecto de la pena".
El diputado oficialista Marcelo Casaretto tomó el guante. "Hay una situación que nos desborda: a la crisis de 2018 y 2019 se suma esta crisis ocasionada por la pandemia. Por esa razón se le debe tender la mano a todos y abarcar a todas las empresas posibles", enfatizó. Su colega Darío Martínez coincidió. "Hay 4600 empresas que están en quiebra con una deuda de $24.000 millones. Con la legislación actual el recupero de esa deuda sería del 3,5%, mientras que con el advenimiento este podría trepar al 62,6%", insistió.
"Estoy de acuerdo en que la moratoria es con todas las empresas, pero aquellas que trabajan honestamente sin apropiarse de los recursos públicos para financiar sus actividades", retrucó el radical Facundo Suárez Lastra.
Por Laura Serra
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