Millones recuperados, condenados e impunes: el desigual derrotero de las coimas de Odebrecht en América Latina
Las investigaciones afectaron a funcionarios y empresarios en Brasil, Colombia y Ecuador, pero registraron pocos o ningún avance en otros países
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LA NACIONHugo Alconada Mon
Odebrecht causó un terremoto político, empresarial y judicial a lo largo de América Latina en diciembre de 2016. Cuando faltaban cuatro días para Nochebuena, admitió en Estados Unidos que había pagado sobornos por al menos US$788 millones en Brasil, la Argentina y otra decena de países de Latinoamérica y África.
Esas coimas se vinculaban a más de 100 proyectos de obra pública en Brasil, la Argentina, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, Venezuela, Angola y Mozambique, según detalló ante una Corte Federal en Nueva York. Pero transcurridos cinco años desde aquella confesión, sus consecuencias son variopintas.
En Brasil, Odebrecht admitió que delinquió entre 2003 y 2016, período en el que pagó “349 millones de dólares en sobornos a partidos políticos, funcionarios extranjeros y sus representantes”. Por ese motivo se registraron condenas, “delaciones premiadas” y recupero de activos por cientos de millones de dólares, hasta que la propia pesquisa “Lava Jato” implosionó, afectada por los fuertes cuestionamientos al juez Sergio Moro –que asumió luego como ministro de Justicia de Jair Bolsonoaro– y el fiscal Deltan Dallagnol.
Colombia también registró condenas. El exviceministro de Transporte Gabriel García Morales recibió una pena de cinco años de cárcel por cohecho e interés indebido en la celebración de contratos. Y el exfuncionario salpicó a los hermanos Enrique y Eduardo Ghisays Manzur, quienes ayudaron a crear las empresas offshore para blanquear el dinero producto de los sobornos. El primero recibió una condena a diez años y nueve meses de cárcel; y el segundo, a tres años de detención domiciliaria. Luego se sumaron las condenas a los excongresistas Otto Bula y Bernardo Miguel Elías, y el exsenador Antonio Guerra de la Espriella.
En República Dominicana también se registraron condenas. En octubre de 2021, el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa fue condenado a cinco años de cárcel por su participación en el esquema de corrupción de Odebrecht. También fue condenado Ángel Rondón, el exrepresentante de Odebrecht en ese país, a ocho años de cárcel.
En Ecuador, la Suprema Corte confirmó la condena a ocho años de cárcel del expresidente Rafael Correa, prófugo en Bélgica, por su participación un esquema de financiación ilegal de algunas empresas al partido Alianza País a cambio de contratos con el Estado, entre las que se encuentra Odebrecht. Su otrora vicepresidente, Jorge Glas, ya había sido condenado a seis años de prisión por el caso Odebrecht, y también fue declarado culpable en el caso de los sobornos, por el que pagaría ocho años más de cárcel.
Venezuela es el extremo opuesto. Nada ocurrió allí. Pese a que Odebrecht admitió el pago de sobornos en ese país por al menos US$98 millones a “funcionarios e intermediarios del Gobierno” entre 2006 y 2015 para “obtener y retener contratos de obras públicas”, la Fiscalía General venezolana no abrió siquiera una sola investigación.
En Panamá, la impunidad siguió otro camino. Odebrecht acumuló numerosas obras y sus sobornos ascendieron a US$59 millones, por admisión propia, con un protagonista central: el expresidente Ricardo Martinelli. Pero el exmandatario se encuentra protegido de las investigaciones criminales gracias a sus fueros electorales, aunque sus hijos Ricardo Alberto y Luis Enrique se declararon culpables ante un tribunal federal de Nueva York por lavado de dinero y por el pago de US$28 millones de dólares a un funcionario panameño en nombre de Odebrecht.
En México, el saldo tampoco resultó alentador. Los pagos ilegales que admitió Odebrecht ascendieron a US$10,5 millones y la Procuraduría General de la República inició una investigación y se ordenó la detención del exdirector de Pemex Emilio Lozoya, quien fue extraditado desde España. Pero la pesquisa se paralizó con el transcurso del tiempo, sin que el traspaso del bastón presidencial entre Enrique Peña Nieto y Andrés López Obrador modificara esa situación.
Tampoco Uruguay registró condenas, a pesar de que ese país resultó, una vez más, la guarida fiscal por la que circularon decenas de millones de dólares destinados a la corrupción de toda América Latina. Tanto los estudios jurídicos y contables, como los bancos, contadores y operadores financieros involucrados en la operatoria ilícita permanecen libres y sin afrontar acusaciones judiciales. Sólo un uruguayo afrontó dificultades en los tribunales por el “Lava Jato”, pero no en Montevideo, sino en el Principado de Andorra.
En Perú, Ecuador y Guatemala, en tanto, los ramalazos de Odebrecht fueron más sustanciales a nivel institucional. Los avances de las investigaciones criminales provocaron renuncias e incluso la caída de gobiernos enteros. Y en el caso de Perú –donde la compañía admitió coimas por US$29 millones-, cuatro expresidentes fueron asociados a la trama de corrupción: Alejandro Toledo, el fallecido Alan García, Pedro Pablo Kuczynski y Ollanta Humala. Uno de ellos, García, se suicidó. El exgobernador de la región andina de Áncash César Álvarez terminó condenado, al igual que seis de sus colaboradores.
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