Militares iraníes de la Fuerza Quds y “empresas de cobertura”: ecos de la causa AMIA en el caso del avión
En el frondoso expediente por el atentado de 1994 se cuenta cómo el gobierno iraní utilizó pantallas y funcionarios para encubrir los preparativos del ataque que causó 85 muertos
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LA NACIONHernán Cappiello
El avión retenido en Ezeiza con una tripulación binacional de iraníes y venezolanos impedidos de dejar el país puede mirarse en el espejo de las investigaciones judiciales por el ataque a la mutual judía AMIA, de 1994, y la voladura de la Embajada de Israel, de 1992.
Entre las más de 146.000 fojas que reúne solo el expediente principal de la causa AMIA hay afirmaciones que permiten abrir especulaciones sobre las posibles intenciones de los cinco iraníes que llegaron en el avión de Emtrasur –si efectivamente se probara que están ligados a operaciones terroristas–, incluido Gholamreza Ghasemi, que comparte el nombre con un comandante de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.
Por ejemplo, en la foja 123.451, que transcribe un dictamen de la Unidad Fiscal de Investigaciones, en ese entonces a cargo de Alberto Nisman, se señala que la operación que terminó con la voladura de la AMIA estuvo dividida en varias etapas y que cada una fue protagonizado por personas que muchas veces ni se conectaron entre ellas.
Así, había células que recolectaron la información necesaria para decidir el atentado, y una vez tomada la decisión, se formó un grupo de logística local, otro desde Irán y finalmente a arribó al país el grupo operativo que ejecutó la tarea. Fue necesario un coordinador, encargado del enlace de esas células, que operó desde la Argentina y huyó horas antes del 18 de julio de 1994, a las 9.53, cuando explotó la AMIA.
La investigación de la voladura de la AMIA menciona que para planificar el atentado fueron necesarias tareas previas que se ejecutaron mediante –lo que el mundo del espionaje denomina– “empresas de cobertura”, con un objeto comercial legal, pero que funcionan para desarrollar actividades ilegales.
Nisman afirmó en la foja 122.451 del expediente de AMIA que las empresas de cobertura, por “sus estructuras, contactos y capacidad operativa, eran aprovechadas por el entonces gobierno de Irán para el desarrollo de actividades ilegítimas, tales como la financiación de operaciones terroristas; el traslado de personas, documentación e información; el espionaje; el soporte logístico, etc”.
En esa líneas, en la causa AMIA y la causa por el ataque a la Embajada de Israel se describen las actividades de Government Trade Corporation (GTC), representante comercial de Irán en Argentina y utilizada para realizar tareas de inteligencia, justificar de manera creíble el movimiento de personas y la expedición de visados, según informes de la Secretaría de Inteligencia (SIDE) de entonces, citados en la causa.
Esta firma se dedicaba formalmente a verificar la calidad de la exportaciones argentinas de carne y cereales a Irán. Un alto funcionario de la empresa era Seyed Youssefi, integrante de la Fuerza Quds, según afirma la causa en su foja 122.547. Esta persona visitaba con frecuencia la Embajada de Irán en Buenos Aires y Nisman afirman en su dictamen que esas reuniones podrían haber estado destinadas a transmitir en persona los informes obtenía.
Seyed Youssefi fue reemplazado por otro ejecutivo, que alquiló un departamento desde donde se verificaron llamadas sospechosas horas antes de la voladura de la AMIA al Ministerio de la Reconstrucción de Irán, “que era utilizado para encubrir actividades operativas de la Fuerza Al-Quds”, según se puede leer en la foja 122.548 de la causa, que cita un informe del Grupo Parlamentario de Derechos Humanos del Parlamento Británico.
La fiscalía concluyó que el objetivo principal de GTC era brindar apoyo y cobertura a la red de inteligencia instalada en Argentina por el gobierno iraní. Su representante comercial, Khalil Mashoun, se retiró luego del atentado de 1994.
Otra empresa mencionada es Imanco SA, registrada como exportadora e importadora, pero que entre el 30 de octubre de 1989 y el 21 de mayo de 1992 no realizó ninguna exportación o importación, según un informe de la entonces SIDE. Sobre esa base dijeron que se trataba de una empresa de cobertura de la inteligencia iraní. A partir de 1993, la firma registró una operación de importación de alfombras, por 25.000 pesos/dólares de ese momento. Sus balances arrojaban pérdidas y se mantenía merced a los aportes de capital de su presidente, Majid Parvas.
Justamente, Parvas y otros socios de Imanco trabajaron en South Beef, otra de las sociedades sindicadas por la inteligencia argentina como local como de “cobertura” iraní, aunque en otra época.
Por Hernán Cappiello
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