Miles de archivos de inteligencia sobre la AMIA se apilan olvidados en el Palacio Barolo

Los viejos cassettes se apilan, interminables, junto a cientos de videos con formato VHS en desuso, mezclados con información sobre causas similares y acumulando la misma mezcla de suciedad y misterio. Los roedores, que supieron rondar los papeles y las eventuales pruebas, dejaron una estela de destrucción que, en muchos casos y al amparo del veloz paso del tiempo, se han convertido en irreparables.

En la planta baja del histórico Edificio Barolo, a un kilómetro de la Casa Rosada y también cerca de Tribunales, se agolpan miles de documentos de inteligencia sin clasificar vinculados al atentado terrorista a la sede de la AMIA, que causó 85 muertes y del que se cumplen 27 años el próximo domingo, sin detenidos ni condenados. Mientras funcionarios actuales y del gobierno anterior se endilgan la responsabilidad por un descuido que ya lleva casi tres décadas, los documentos son una muestra del estado de la causa, sin avances concretos más allá de los tradicionales anuncios del gobierno de turno, que este año no será excepción.

El estado de estas pruebas documentales, que comenzaron a ser analizadas por el Grupo Especial de Relevamientos y Análisis Documental (Gerad) de la UFI-AMIA recién en 2015 y con reporte directo a la procuradora Alejandra Gils Carbó, fueron el motivo de una carta que, en enero pasado, dirigentes de la organización judía internacional B´nai B´rith (Hijos del pacto) le enviaron al presidente Alberto Fernández. En la misiva, dónde recuerdan que en relación con los materiales de la exSIDE el gobierno de Mauricio Macri instruyó en su momento a una “Unidad Especial de Investigación” del atentado “para que intervenga en el proceso de relevamiento, digitalización y catalogación de la documentación que realiza la Unidad Fiscal AMIA”, los firmantes afirman que “con la única finalidad de otorgar celeridad a una investigación que lleva más de un cuarto de siglo sin arrojar resultados concretos, es que le solicitamos al señor Presidente de la Nación, arbitre la adopción de las medidas orientadas a su resguardo y las que resulten necesarias para concluir, con la mayor celeridad posible, el proceso de relevamiento del material desclasificado, asignando los recursos materiales y humanos que resulten pertinentes, ello en función de colaborar con el urgente y permanente reclamo de justicia que usted comparte”.

La respuesta llegó a fines de mayo, a cargo de Federico Efron, director de Asuntos Jurídicos Nacionales, dependiente del Ministerio de Justicia que encabeza Martín Soria. “Desde diciembre de 2019 nos encontramos trabajando en reacondicionar el espacio físico necesario para la debida preservación de los archivos desclasificados. Estas tareas permitirán finalizar el traslado de la documentación en posesión de la AFI para su posterior análisis”, detalla la respuesta, a la que accedió LA NACION. ¿Por qué no se avanzó antes? “La pandemia del Covid ha generado una inevitable demora debido a la suspensión de tareas en atención a las restricciones impuestas oportunamente”, respondió el funcionario. Los directivos de la Bnai Brith, Santiago Kuperwajs y David Petliuk, le vuelven a pedir que le suministre los informes parciales de los materiales eventualmente ya desclasificados, y si el Ministerio Público Fiscal, hoy a cargo del procurador interino, Eduardo Casal, los ha recibido.

Sin responder el pedido, el Poder Ejecutivo transfirió, por medio de un decreto firmado por el Presidente el viernes 3 pasado, al ministro Soria las competencias de la UEI-AMIA, reducida a su mínima expresión y derivada a la secretaría de Derechos Humanos luego del despido del senador radical Mario Cimadevilla, a cargo de la unidad desde 2016.

“Ese material no era de nuestra competencia, sino del Ministerio Público Fiscal y los fiscales”, dice Cimadevilla a LA NACION. Luego de recordar que, en una visita al depósito del edificio Barolo, encontró “un video que contenía un capítulo de Bugs Bunny”, el exsenador afirma: “No creo que esa documentación lleve a esclarecer el atentado, pero sí puede aportar alguna prueba. Lo que hay que hacer es incorporar tecnología para acelerar el análisis”.

Desde el Ministerio de Justicia, en tanto, cargan las tintas en el gobierno de Macri y en Casal, a quien el Poder Ejecutivo quiere ver fuera de ese cargo, y que según una alta fuente “no invirtió un peso para acelerar la investigación, ni en mejorar el edificio, que en algunas partes se cae a pedazos”, a pesar de ser un monumento histórico nacional. “El edificio era propiedad de la exSIDE, ahora es parte del Ministerio de Justicia. Pero lo que hay adentro es responsabilidad del Procurador”, insisten cerca de Soria, en dónde aseguran que “ya tienen los fondos” para reacondicionar, ahora sí, dos pisos del subsuelo del edificio para trasladar la información de la planta baja más lo que está bajo control de la AFI, que su interventora, Cristina Caamaño, quiere entregar a los fiscales pero que “no se los reciben porque no tienen dónde ponerlos”, según agregaron las fuentes.

“Más que echarle la culpa a Casal, todos los gobiernos, desde el de [Carlos] Menem para acá, deben asumir su cuota de responsabilidad por no haber avanzado”, afirmó a este diario Luis Czyzewski, padre de Paola, una de las 85 víctimas del ataque. “Y más que designar a un político al frente de la unidad AMIA, debería hacerse cargo alguien que conozca la causa desde cero”, agregó el familiar.

Este viernes, por segundo año de modo virtual, la conducción de la AMIA recordará otra vez a las víctimas. Se repetirá el minuto de silencio y la mención a cada uno de los fallecidos, mientras la Justicia y el poder político acumulan deudas, que parecen tantas como los centenares de cajas y cassettes que aún esperan ser revisados, arrumbados en un viejo edifico porteño.

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