Milei envía la reforma electoral al Congreso: elimina las PASO e incluye ficha limpia
El Presidente realizó el anuncio a través de un posteo en la red social X; “Se acabó la impunidad. Se acabó la joda. Viva la libertad carajo”, coronó el mandatario
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LA NACION
El presidente Javier Milei anticipó este martes por la tarde que el Ejecutivo enviará este miércoles el proyecto de reforma electoral al Congreso. A través de un breve posteo en X el jefe de Estado anticipó que la iniciativa incluye la eliminación de las PASO, cambios en el financiamiento y la implementación de ficha limpia. “Se acabó la impunidad. Se acabó la joda. Viva la libertad carajo”, coronó el mandatario en la plataforma.
La reforma había comenzado a cobrar forma el viernes pasado en Casa Rosada, durante una de las últimas reuniones de la mesa política. Allí se delinearon los puntos principales de la iniciativa. Entre ellos, la inclusión de ficha limpia, un anzuelo para captar a aquellos bloques de oposición que reclaman su puesta en marcha.
En 2024, el oficialismo postergó en dos oportunidades su tratamiento en la Cámara de Diputados y, cuando finalmente llegó la posibilidad de convertirla en ley en el Senado, en mayo del año pasado, dos senadores misioneros que responden a su jefe político, Carlos Rovira, lapidaron el proyecto con su voto en contra; en medio del escándalo, Rovira adujo por entonces que respondía a un llamado del propio presidente.
Dos años después, bloques de la oposición -tanto en la Cámara baja como alta- intentaron recientemente reinstalar la discusión. Toda una estrategia que pareció orquestada para apurar al Gobierno, al que nunca vieron convencido del todo para impulsar la iniciativa. Lo cierto, como precisó LA NACION esta mañana, es que ahora la Casa Rosada reflota la propuesta, pero la inscribe dentro de una reforma político electoral integral que tiene como objetivo central eliminar las elecciones primarias, o al menos suspenderlas una vez más.
Respecto de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, distintas vertientes se resisten a avalarla porque, en medio del desorden partidario que transitan, reconocen que necesitan de esta instancia para definir las candidaturas que eventualmente compitan con el oficialismo en las elecciones del año próximo.
Así las cosas, el Ejecutivo asume que le será difícil reunir la mayoría de los votos (129 en Diputados y 37 en el Senado) para eliminar las primarias, ya que ni siquiera sus aliados –Pro y la UCR- estarían dispuestos a acceder.
Frente a esta situación, en la mesa política del Presidente se acordó finalmente incluir en el proyecto de reforma política la propuesta de ficha limpia a manera de incentivo para que los bloques reticentes se sientan al menos obligados a considerar la iniciativa y no la cajoneen como sucedió en anteriores oportunidades. Allí se decidió, también, que el proyecto sería enviado al Senado, una cámara más accesible para conseguir las mayorías necesarias.
Los puntos clave de ficha limpia
El proyecto oficialista propone una modificación de la ley Orgánica de Partidos Políticos (N°23298) que, en su artículo 33, enumera una serie de restricciones para quienes deseen integrar listas partidarias.
Según estipula la normativa, no pueden ser candidatos quienes estén “excluidos del padrón electoral como consecuencia de disposiciones legales vigentes” y las personas procesadas por genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos, entre otros actos.
Tampoco pueden competir en elecciones el personal superior y subalterno de las Fuerzas Armadas y fuerzas de seguridad; magistrados, funcionarios o miembros del Poder Judicial; y los directores o apoderados de empresas concesionarias de servicios y obras públicas o autoridades de entidades que “exploten juegos de azar”.
Quienes estén alcanzados por estas restricciones para postularse a cargos estarán impedidos de ser designados como funcionarios públicos: no podrán ejercer el rol de jefe de Gabinete, ministros, secretarios, subsecretarios, autoridades de organismos descentralizados o de la Seguridad Social. Tampoco se les permitirá tener cargo de diplomático o ser directores de empresas con participación estatal.
LA NACION
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