Milagro Sala afronta un nuevo juicio en su contra por destruir un expediente que la involucraba con un tiroteo
La dirigente social siguió desde la prisión domiciliaria el proceso judicial que comenzó hoy; planteó la nulidad del caso, pero fue rechazado; declararon dos testigos y uno dijo que fue presionado
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SAN SALVADOR DE JUJUY.- (Enviado especial) Milagro Sala enfrenta desde hoy un nuevo juicio oral en su contra, en el que se la acusa de instigadora en el robo y destrucción de un expediente que la involucraba, conocido como el caso de “la balacera de Azopardo”. La líder de la agrupación Tupac Amaru siguió la primera jornada del juicio por videoconferencia, desde su casa del barrio Cuyaya, donde cumple prisión domiciliaria. Allí estuvo también uno de sus abogados, Ariel Ruarte, mientras que el segundo, Marco Aldazábal, se conectó a la audiencia desde Rosario. Plantearon nulidades, que el Tribunal Oral Criminal 3 desestimó. Tras un cuarto intermedio, Ruarte se incorporó al proceso de manera presencial.
La audiencia se atrasó en su inicio. El primer motivo fueron algunos cortes de señal en la casa de Milagro Sala, que está en una zona de altura, según comentaron fuentes judiciales a LA NACION. Cuando el juicio comenzó, las defensas de los acusados plantearon cuestiones preliminares para reclamar que se anule el juicio. Junto con Sala son juzgados por el robo y destrucción del expediente el abogado Antonio Alberto Bellido (que era abogado de la Tupac Amaru) y el empleado judicial Marcos Daniel Romero. En la acusación, se señala que Bellido le habría pagado a Romero para hacer desaparecer el expediente por orden de Sala, quien le habría aportado los fondos.
Por el caso original de la “balacera de Azopardo”, un tiroteo en el que fue herida una niña, Sala fue absuelta tras la reconstrucción del expediente que desapareció.
El tribunal está integrado por María Margarita Nallar, Carolina Pérez Rojas y Mario Ramón Puig. A Sala se la acusa de “cohecho activo y sustracción de documento público, en concurso ideal, con los delitos de sustracción o destrucción de documento, dos hechos en concurso real”.
Consultada por el tribunal, Sala se negó a declarar, como también lo hicieron los otros dos acusados.
Sala solo intervino al principio de la audiencia, para comentar que no se escuchaba bien la transmisión por videoconferencia, y cuando le consultaron si quería declarar.
A la dirigente social se le cortó la transmisión. Estaba acompañada por funcionarios judiciales. Fue el momento en el que los abogados de Bellido comenzaron a presentar recursos preliminares para cuestionar el juicio, lo que fue desestimado. A los planteos de estos letrados, encabezados por Juan Cabezas, se sumaron los de los abogados de Sala. Entre otros puntos, reclamaron que los hechos, del año 2009, ya son cosa juzgada, con un sobreseimiento “de alcances amplios” que había dictado el juez Pablo Pullen Llermanos. También señalaron que ese magistrado era incompetente para actuar en el caso y que debía hacerlo un juez del fuero penal económico y reclamaron que la causa está prescripta. La fiscalía se opuso a los planteos de las partes (también se adhirió la defensa del empleado judicial acusado) y el juicio pasó a cuarto intermedio para resolver. Tras casi dos horas y media de parate, se retomó el debate y se rechazaron los planteos.
Debían declarar tres testigos, pero solo lo hicieron dos. El primero fue Nelson Etchenique, que relató cómo desapareció el expediente cuando era auxiliar en una secretaría del Juzgado de Instrucción N°3. El segundo fue Jorge Ruiz, otro empleado judicial, que señaló que fue presionado por un abogado que le habló de parte de un fiscal para declarar en contra de Bellido, uno de los acusados. Ruiz planteó que le prometieron devolverle su trabajo judicial, que ya no tiene. El fiscal del juicio oral, Darío Osinaga Gallacher, pidió investigar los dichos del testigo.
Sala siguió la audiencia con gesto serio, abrigada con una campera verde en su casa de Cuyaya. En muchos pasajes de la audiencia, se la observó en pantalla con gesto adusto y las manos sobre su rostro, tapando su frente y sus ojos.
“Voy a poner una bomba y hacer volar a todos”
Luis Paz, abogado de Sala, dejó en este juicio su defensa y la asumieron Ruarte y Aldazabal. Fue un enroque entre abogados de la dirigente detenida. Paz llegó demorado a la audiencia y, según explicó a LA NACION tras el inicio del proceso, se apartó porque coincidía con una audiencia que involucraba a Sala en la Cámara de Casación, en la que se debatía si la dirigente social tenía cumplida o no la pena del caso conocido como “de las bombachas”, un hecho por amenazas a una comisaría por el que fue condenada a dos años. El hecho consistió en un llamado de Sala a la comisaría 56 en el que reclamó que se le devolvieran las pertenencias a una detenida. Una de las frases de Sala que se difundieron sobre esos llamados fue: “Voy a poner una bomba y voy a hacer volar a todos”. Otra, que motivó el nombre del caso, fue: “Las bombachas puede quedárselas usted, su jefa y su mujer, y todo el personal de la comisaría porque son una manga de maricones”
La coincidencia horaria de las audiencias generó quejas del abogado de Sala, que lo tomó como una prueba de que existe “un plan” contra la dirigente, según le comentó a LA NACION. Los abogados que tomaron la defensa en este juicio de la líder de la Tupac Amaru forman parte del equipo que suele defenderla y ya participaron en otros procesos. Ruarte también fue diputado provincial, cuando completó el mandato de Sala, que había ganado una banca en el Parlasur.
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