Ley de Migraciones: duras críticas de la oposición a la decisión de Fernández

La derogación del decreto de Mauricio Macri que impuso controles más estrictos para el ingreso de extranjeros y su permanencia en el país despertó un fuerte rechazo en Juntos por el Cambio. Al frente de la reacción se puso Rogelio Frigerio, ministro del Interior del anterior gobierno, que acusó al presidente Alberto Fernández de facilitar con su decisión la actividad del crimen organizado.

“El gobierno sigue retrocediendo. Con la derogación de este decreto que impulsamos desde el Ministerio del Interior y Migraciones en 2017, lo único que hace el Presidente es favorecer el ingreso irregular al país del crimen organizado, delincuentes y narcos”, escribió Frigerio en su cuenta de la red social Twitter.

La medida derogada imponía requisitos más estrictos para el ingreso a la Argentina y agilizaba los trámites para la expulsión de extranjeros con antecedentes penales. Según las actuales autoridades, esa política de Macri no mostró “mejoras ponderables” en materia migratoria y al mismo tiempo no resulta “conciliable con la Constitución Nacional”. “Cabe mencionar la violación al principio del debido proceso, al derecho a contar con asistencia y defensa legal, la restricción a un control amplio y suficiente del Poder Judicial sobre los actos de la autoridad administrativa, la amplitud con la que se prevé la retención preventiva del y de la migrante sin definir las causas que la habilitan y la restricción a los derechos de reunificación familiar y dispensa por razones humanitarias”, argumentó el Gobierno.

Frigerio refutó esa afirmación: “El decreto 70/2017 aceleraba los procesos de expulsión de extranjeros con antecedentes penales, reduciendo plazos y eliminando instancias, respetando todas las garantías reconocidas internacionalmente (doble instancia, revisión judicial efectiva y patrocinio letrado)”. Según el dirigente opositor, a raíz de esa medida “aumentaron significativamente las cifras de expulsiones” y bajaron los índices delictivos.

“Argentina, por tradición, siempre fue un país abierto a la inmigración. En nuestra gestión radicamos casi 800 mil extranjeros. Lo único que genera el gobierno derogando este decreto es abrirle las puertas al crimen organizado”, insistió Frigerio.

Por su parte, el vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, calificó de “incomprensible” la decisión de Fernández. “En vez de pensar en la gente derogan el decreto que impedía el ingreso al país de extranjeros con antecedentes. El que viene a hacer daño, matar o robar no puede quedarse en la Argentina”, enfatizó Santilli, el número dos de Horacio Rodríguez Larreta.

La titular de Pro, Patricia Bullrich, también salió a rechazar la medida de la Casa Rosada y cuestionó en duros términos a Fernández: “El Presidente le manda un mensaje a los delincuentes y a los narcos. Al Gobierno no le alcanzó con liberar presos propios. Ahora pretende que personas con antecedentes puedan entrar libremente a delinquir en nuestro país. Nosotros lo impedimos con un decreto. Ellos lo derogaron”, remarcó la exministra de Seguridad.

En esa línea, el auditor Miguel Ángel Pichetto rechazó la derogación del DNU de Macri y advirtió: “No hay que permitir el ingreso de extranjeros con antecedentes penales a la Argentina”. “Esto es facilitar el narcotráfico y las organizaciones delictivas. Es un grave error que denota una carencia de sentido común”, dijo el excompañero de fórmula de Macri.

El jefe del bloque de Pro en Diputados, Cristian Ritondo, consideró que “derogar un decreto que beneficiaba a la seguridad nacional es atentar directamente contra los ciudadanos”. “El Presidente da vía libre a la importación de delincuentes mientras miles de familias sufren las consecuencias del narcotráfico y de la inseguridad”, sostuvo.

Desde el radicalismo también se sumaron al coro de críticas de la oposición. El diputado nacional Julio Cobos (UCR) anticipó que presentará un proyecto de ley para impedir que se flexibilicen los controles inmigratorios. “Demasiados hechos delictivos y de inseguridad hay en el país como para además facilitar el ingreso de extranjeros con antecedentes”, indicó Cobos.

“Para intentar justificar su decisión, el Gobierno argumenta que lo impuesto en el decreto 70/2017 violaba derechos y garantías constitucionales. Esto es mentira y es preciso dejarlo en claro”, señaló Gerardo Milman, exsecretario de Seguridad, ante la consulta de LA NACION.

El exfuncionario dijo que la disposición de Macri no violaba “el principio del debido proceso” ni el “derecho a contar con asistencia y defensa legal”. “Destruyendo el trabajo bien hecho de sus antecesores, argumentando falsamente, está muy alejado de construir un mejor país para todos los argentinos”, afirmó Milman.

“Abandonan a las víctimas”

A la voz de Frigerio, se sumó la del diputado nacional Luis Petri (UCR-Mendoza): “Abrirle las puertas a extranjeros con antecedentes penales no fomenta la patria grande sino la inseguridad”, dijo. En su opinión, “no hay país en el mundo que permita el ingreso a su territorio de extranjeros con antecedentes penales que intenten eludir a la justicia de sus países de origen”. Y denunció al gobierno de Fernández de “abandonar a la sociedad y a las víctimas”.

“Liberación de presos, justificación de usurpaciones, puesta en vigencia de artículos que benefician a corruptos, narcos y condenados por trata de personas y ahora apertura indiscriminada de fronteras permitiendo el ingreso de delincuentes. Una verdadera política de inseguridad”, denunció Petri.

El decreto de Macri había sido declarado inconstitucional en 2018 por la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal. El gobierno de entonces apeló por vía de un recurso extraordinario que el tribunal concedió y, así, el caso había llegado a la Corte Suprema, que tenía pendiente su decisión.

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