Mientras el Gobierno modifica la UIF, el GAFI evaluará la lucha contra el lavado de dinero en el país

Mientras la actual gestión de la Unidad de Información Financiera (UIF), bajo la conducción de Carlos Cruz, modifica su estructura organizativa, la Argentina será evaluada este año por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), para medir el nivel de efectividad de su régimen contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

La UIF es la agencia encargada de recibir la información del sistema financiero y actividades vulnerables que permitan identificar casos de lavado de dinero para realizar entonces las denuncias correspondientes con base en las investigaciones.

El estándar internacional del GAFI establece que las UIF deben ser autónomas y operativamente independientes de la política y el Gobierno, para garantizar estabilidad a la planta técnica de la institución.

En los últimos meses, tal como informó LA NACION, la UIF despidió a unas 15 personas que ocupaban cargos técnicos y que habían sido contratadas durante las gestiones anteriores. Como consecuencia de esa medida, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, anticipó que denunciaría ante las autoridades del GAFI "la destrucción y el desmantelamiento de la UIF violando además el tratado anticorrupción".

¿Qué toma en cuenta el GAFI para evaluar a los países en materia de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo? En términos generales, observa qué nivel de cumplimiento tiene cada país respecto de sus 40 recomendaciones.

Respecto de la UIF, por ejemplo, se observa qué cantidad de reportes de operación sospechosa (ROS) reciben, de qué tipo, cuáles son las amenazas, si estas viraron, hacia dónde y por qué. También se toma en cuenta la cantidad de informes de inteligencia producidos por el organismo antilavado y hacia dónde salen: si van dirigidos a la Procelac o a investigaciones penales ya en curso en los tribunales.

Otras áreas a evaluar dentro de la UIF son las de supervisiones e investigaciones. Allí se observa el avance de los sumarios existentes y sus resultados, y cuántas investigaciones tiene en trámite. Dos trabajadoras técnicas del área de Supervisiones fueron despedidas el mes pasado.

Pero el GAFI no solo observa el desempeño de la UIF, sino el funcionamiento de la coordinación interestatal en temas vinculados al lavado de dinero. Un punto clave es la cantidad de sentencias por lavado de dinero y la cantidad de decomisos. En 2009, el GAFI había hecho una evaluación sobre la Argentina y encontró que de sus 49 recomendaciones internacionales el gobierno solo cumplía correctamente con dos. Eso motivó que el organismo internacional incluyera a la Argentina en un listado de países con deficiencias estratégicas en su sistema antilavado de dinero y lo sometió además al seguimiento intensivo ante el plenario. La Argentina integró esa lista durante cinco años, hasta 2014.

Aunque varios de los técnicos que se desempeñaban en el área de Internacionales fueron despedidos, ante la consulta de LA NACIÓN, desde la actual gestión de la UIF sostienen que la sintonía con el GAFI es buena. Señalan que responden a todos los pedidos de informes que se les solicitan y que están participando de los cursos que dicta el organismo internacional con sede en París.

Lo mismo indican sobre el vínculo con el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFI Lat). Y sostienen que también está en buenos términos la relación con el Grupo Egmont –que reúne a 164 UIF de todo el mundo–, que durante el año pasado fue presidido por el extitular de la UIF Mariano Federici.

En cambio, en sintonía con lo denunciado por la Coalición Cívica, fuentes ligadas a la gestión anterior de la UIF observan un escenario de retroceso en el organismo y señalan que esta gestión muestra una mayor laxitud en la elaboración de informes de inteligencia financiera. También indican que se aplican criterios partidarios en la selección de personal.

Durante el gobierno de Mauricio Macri se modificó la jurisdicción de la UIF al pasar de la órbita del Ministerio de Justicia a la de Economía. Ahora, sin embargo, la comisión de asesores creada por Alberto Fernández explora la posibilidad de traspasar las competencias de la UIF a la órbita del Ministerio Público Fiscal. Hay solo una UIF en toda Latinoamérica que se encuentra en la órbita de un MPF, la de El Salvador, que fue suspendida por el Grupo Egmont por problemas de autonomía en la relación con el fiscal general. Casi todas las UIF de Sudamérica están emplazadas bajo la órbita de los ministerios de Economía, bancos centrales u organismos de supervisión financiera.

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