Mesa militar: la fiscalía pidió que se archive la denuncia de Agustín Rossi contra los periodistas Joaquín Morales y Daniel Santoro

La fiscal federal María Alejandra Mángano pidió este jueves que una denuncia de Agustín Rossi contra los periodistas Joaquín Morales Solá (LA NACION) y Daniel Santoro (Clarín) fuera archivada. Se trata de una demanda que el entonces titular de la AFI y actual jefe de gabinete promovió por artículos publicados en relación a la existencia de una mesa militar al servicio de presunto espionaje ilegal.

En un escrito, la instructora de la causa sostuvo su decisión en dos argumentos. El primero, que la información publicada no vulnera la seguridad nacional tal como consideró Rossi al establecer la denuncia. La segunda, que avanzar en una querella criminal contra Morales Solá y Santoro por sus notas periodísticas vulnera el derecho a la libertad de expresión y puede desincentivar a las fuentes a colaborar con la labor de los medios.

Rossi había cuestionado la supuesta difusión de nombres de agentes de Inteligencia, la presunta divulgación de la estructura y las funciones del organismo, y también la publicación de partes de la carta que él mismo le envió a la Comisión Bicameral de Inteligencia.

Sin embargo, la fiscal federal consideró que “en el caso concreto no resulta ni idónea, ni razonable la intervención del derecho penal”. “(...) Emprender una persecución penal contra los cronistas que se limitaron a comunicar una información arrimada por una fuente atentaría directamente contra la libertad de prensa y por lo tanto contra el derecho de la sociedad a ser debidamente informada”, manifestó.

Y agregó: “En consecuencia, avanzar en una investigación respecto a manifestaciones vertidas por comunicadores públicos en los artículos señalados en la denuncia vulneraría el derecho a la libertad de expresión y publicación de ideas, privando a la sociedad de acceder a informar sobre temas de interés general que hacen a la vida democrática”.

Agustín Rossi había denunciado a los dos periodistas por revelar “información clasificada encontrándose alcanzado su accionar por las previsiones establecidas en los artículos 16 y 17 de la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520″.

Según Mángano, no se sostiene la denuncia a los periodistas en virtud de la violación de los artículos 222 y 223 del Código Penal. El primero de ello estipula una pena de entre uno a seis años de prisión para quien revelare “secretos políticos, industriales, tecnológicos o militares concernientes a la seguridad, a los medios de defensa o a las relaciones exteriores de la Nación”.

En tanto, el segundo prevé prisión de entre un mes y un año “e inhabilitación especial por doble tiempo” para el que por “imprudencia o negligencia diere a conocer los secretos” de Estado, en virtud de “su empleo u oficio”.

La fiscal marcó en su escrito que Morales Solá y Santoro “no poseían un deber de cuidado por sobre aquella información”, y tampoco tenían “por qué conocer el carácter secreto de aquella información”.

En ese sentido, señaló que para que se verifique una afectación en este caso, “debe existir un hecho concreto que en mayor o en menor medida afecte, menoscabe o ponga en riesgo” el sistema político “y la estructura crítica del país, su defensa y soberanía”.

No obstante, Mángano recalcó que esa afectación no se dio en este caso. “El contenido específico de la información difundida a través de los medios de comunicación en cuestión, objeto de esta denuncia, con las constancias verificadas no alcanzan a elevar el riesgo más allá de lo permitido, como para generar una afectación concreta al país en el sentido mencionado”.

A su vez, la funcionaria aclaró que la AFI nunca comunicó a los medios de comunicación en cuestión el carácter “secreto” de la información. Y sostuvo que tanto Morale Solá como Santoro “no son pasibles de una responsabilidad por imprudencia o negligencia” según la normativa penal.

Las publicaciones

El 31 de diciembre de 2022, Morales Solá publicó en LA NACION un artículo titulado El Presidente que no fue y el regreso de la inteligencia ilegal. En un párrafo de esa nota, el columnista reveló: “¿Nadie le informó tampoco que el jefe de sus servicios de inteligencia, Agustín Rossi, creó una “mesa militar” en la AFI (ex-SIDE) para pinchar teléfonos y obtener ilegalmente conversaciones privadas? La información se desprende de un pedido de informes de la oposición a la comisión parlamentaria bicameral de control de los servicios de inteligencia. El pedido fue firmado por los diputados Cristián Ritondo y Miguel Ángel Bazze y por los senadores Ignacio Torres, Daniel Kroneberger y Alfredo Cornejo. El informe nombra a un militar, el coronel Marcelo Granitto, y a dos civiles: Ramiro Gómez Riera y Roberto Adrián Román, que tuvieron importantes funciones en la inteligencia militar cuando Rossi fue ministro de Defensa. Son lo que en la estructura militar se llama PCI (personal civil de inteligencia). El pedido opositor recalca que se le informe si dentro de la estructura de la AFI “se desempeña orgánica o inorgánicamente personal militar en actividad o en retiro”. Una novedad significativa es que el documento pide que se informe si el general retirado César Santos del Corazón de Jesús Milani cumple funciones como colaborador o “inorgánico” de los servicios de inteligencia del gobierno de Alberto Fernández. “Inorgánico” es, en la jerga de los servicios, el que hace trabajos para la inteligencia estatal sin ser un empleado formal. Milani, un militar experto en inteligencia, fue jefe del Ejército en tiempos de Cristina Kirchner, controló buena parte de los servicios de inteligencia oficiales en aquella época y ahora aspira, dicen, a reemplazar al sobrio Jorge Taiana en el Ministerio de Defensa”.

En un segundo artículo, más enfocado en la existencia de esa mesa militar, Morales Solá advirtió: “En su respuesta a los legisladores que representan a la oposición en la comisión parlamentaria bicameral de control de los servicios de inteligencia, la AFI (exSIDE) reconoció que dos personas que trabajaron como espías de las Fuerzas Armadas, Ramiro Gómez Riera y Roberto Adrián Román, cumplen funciones ahora en el espionaje al servicio del gobierno de Alberto Fernández. Fueron llevados a esa dependencias por el actual jefe de la AFI, Agustín Rossi, quien antes fue ministro de Defensa; es decir, el jefe de las Fuerzas Armadas”.

La acción de Agustín Rossi fue rechazada por organizaciones dedicadas a la comunicación. La Academia Nacional de Periodismo repudió la denuncia y acusó al Gobierno de criminalizar la tarea periodística. La institución consideró que el interventor de la Agencia Federal de Inteligencia pretende “convertir el código penal en una herramienta de castigo” para la prensa.

También se manifestó el Foro de Periodismo Argentino (Fopea). “El planteo del titular de la AFI desconoce que la esencia del trabajo periodístico es acceder a publicar información de interés público. Pero, además, pone en riesgo el secreto profesional garantizado por la Constitución nacional y cuya tutela está expresamente planteada en la Declaración de Principios de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.

Este jueves, la fiscal Mángano consideró que ninguna de las revelaciones afectan la seguridad nacional.

La denuncia

Agustín Rossi sorprendió el 3 de enero durante una entrevista televisiva al anunciar que presentaría una denuncia penal contra periodistas y medios que, según él, revelaron información secreta cuando informaron sobre las sospechas de la existencia de una “mesa militar” a disposición del Gobierno.

“Estamos denunciando a Joaquín Morales Solá, Daniel Santoro, al diario Clarín y LA NACION por publicar nombres de agentes de inteligencia”, adelantó anoche Rossi en declaraciones a C5N. La presentación ingresó al día siguiente en la justicia federal porteña. Los delitos de los que acusa a los denunciados, según la pagina web del Poder Judicial, son la “revelación de secretos políticos y militares” en las dos versiones que prevé el Código Penal para esa figura, dolosa y culposa.

El entonces responsable de la AFI cuestionó en aquella oportunidad la supuesta difusión de nombres de agentes de Inteligencia, la presunta divulgación de la estructura y las funciones del organismo, y también la publicación de partes de la carta que él mismo le envió a la Comisión Bicameral de Inteligencia.

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