Mesa Judicial: la Coalición Cívica pidió a la Corte que frene el ciberpatrullaje contra Macri y Carrió y denunció un “ataque a la libertad de expresión”
El bloque de diputados dijo que la investigación es de “gravedad institucional” y socaba “la inmunidad” de los legisladores en un intento de criminalizar sus opiniones; responsabilizó al máximo tribunal
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LA NACIONHernán Cappiello
Todos los diputados del bloque de la Coalición Cívica reclamaron al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, que frene el ciberpatrullaje realizado por peritos dependientes del máximo tribunal sobre las opiniones de Mauricio Macri y Elisa Carrió, en la causa en que se investiga a la “Mesa Judicial” de Cambiemos. Denunciaron que es un “ataque a la libertad de expresión” y a la “inmunidad” de la actividad del Poder Legislativo.
La Justicia incorporó un peritaje sobre las opiniones que vertieron entre 2015 y 2019 Mauricio Macri y exfuncionarios de su Gobierno sobre jueces y fiscales considerados víctimas de la “mesa judicial” de Cambiemos acusados de presionarlos para dictar resoluciones según su conveniencia.
El estudio, de 326 páginas, consiste en un “ciberpatrullaje” sobre expresiones del expresidente, Carrió, Patricia Bullrich, Germán Garavano y otros exfuncionarios en Twitter y en medios digitales, por ahora solo sobre la jueza de Casación Ana María Figueroa y la exprocuradora Alejandra Gils Carbó. En el futuro se sumarán las expresiones sobre otros magistrados.
“Venimos a solicitar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que se expida analizando el informe” elaborado por Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación (Dajudeco) “haciendo cesar el hostigamiento denunciado”, reclamaron.
Señalaron además que la Corte es responsable por esos informes de la Dajudeco. “Es la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación la responsable por la elaboración de los informes de estas Dirección, quien claramente no tiene competencia para realizarlos aun cuando se trate de un pedido de actuación por parte de un fiscal federal”, afirmaron.
Los diputados expresaron la “honda preocupación” y “gravedad institucional” por el peritaje encargado por el fiscal Franco Picardi, a cargo de la investigación del caso. “Lejos de ser una pieza jurídica” que contribuya a combatir los delitos complejos, como es la misión de la Dajudeco, “no es más que un detallado y minucioso ataque a la libertad de opinión y a la inmunidad de la actividad de otro poder del estado”, agregaron.
Y fueron un paso más allá: dijeron que el trabajo “viste un poco elegante traje de informe de inteligencia, que, con el pretexto de hacerlo sobre fuentes abiertas, lo hace sobre varios dirigentes sociales y políticos”. Y citan la ley de inteligencia en los párrafos donde se la vulnera con esta práctica.
También recordaron que Carrió ya había advertido en 2017, cuando promovió juicio político contra el juez Ricardo Lorenzetti, “la construcción de un aparato de inteligencia paralelo que se estaba gestando a través del sistema de escuchas, del de peritos y a través de la nueva Dajudeco”.
“El informe parcial que ahora presenta la Dajudeco podría no ser un elemento aislado ni un brutal arrojo desmedido de un funcionario dependiente de la Corte, sino una maniobra finamente elaborada por funcionarios judiciales que se parecen mucho a agentes de inteligencia efectuando operaciones de inteligencia interna ilegal”, arriesgaron los diputados.
Señalaron que el informe afecta la libertad de expresión y el Estado de Derecho. “La Dajudeco, que funciona bajo la órbita de la máxima autoridad judicial de nuestro país, parece hacer caso omiso no solo a la normativa convencional más elemental, sino a la propia jurisprudencia de la Corte Suprema de la que depende, que se ha expedido en igual sentido que la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, dijeron.
Agregaron que el informe” afecta a los diputados porque “se da de bruces con la inmunidad de opinión que tienen garantizada” los legisladores y “puede generar un conflicto de poderes, puesto que afecta directamente la actividad legislativa”.
“Un organismo dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación elabora un pormenorizado análisis de las declaraciones públicas y en redes sociales de legisladores determinados, en un espacio temporal determinado, para presentar ante un fiscal en el marco de una causa judicial. Una excursión de pesca en una embarcación ilegal”, metaforizaron.
Por último, dijeron que el trabajo hace un recorte de la realidad “caprichoso y arbitrario” que además “tiene por objeto distorsionar la realidad de los hechos”. E indicaron que ese peritaje “tiene visos de persecución a ciudadanos y legisladores que no comulgan con el gobierno nacional, y la Corte Suprema de Justicia de la Nación debe adoptar una decisión al respecto”.
Por Hernán Cappiello
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