Mesa judicial: define la Cámara Federal si pueden investigarse los ingresos a la Casa Rosada en 2018
El juez Farah, que declaró como testigo, se excusó de intervenir, y el juez Boico, exabogado de Cristina Kirchner, fue recusado; decidirá Martín Irurzun
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LA NACIONHernán Cappiello
La causa donde se investiga la denuncia del kirchnerismo sobre si una “mesa judicial” del gobierno de Mauricio Macri presionó a jueces para que fallaran acuerdo con sus deseos, bajo amenaza de castigarlos, está a estudio de la Cámara Federal porteña, que debe decidir es posible pedir como prueba la lista de ingresos y egresos de la Casa Rosada y la quinta de Olivos durante 2018, como lo solicitó el fiscal Franco Picardi.
El asunto quedó en manos de los jueces de la Sala II de la Cámara Federal, integrada por Martín Irurzun, Roberto Boico y Eduardo Farah. Pero el juez Farah se excusó en el expediente pues fue uno de los testigos que declaró en el caso, a pedido de la fiscalía, para explicar las circunstancias por las cuales pidió ser trasladado del tribunal, tras fallar en beneficio de Cristóbal López y bajo una lluvia de críticas del gobierno de Macri.
Con la excusación de Farah, quienes deberán resolver son Irurzun y Boico, quien fue abogado de Cristina Kirchner antes de ser designado camarista. Pero Boico fue recusado por la defensa de Pablo Clusellas, exsecretario Legal y Técnico del Gobierno de Macri y uno de los imputados. Aún debe resolverse ese incidente para saber cómo quedará integrado el tribunal.
El caso se inició por una denuncia de diputados del Frente de Todos que señalaron que había funcionarios del macrismo que operaban sobre los jueces. Se agregaron declaraciones de jueces que dijeron haber sido presionados o haber recibido críticas o sugerencias por sus decisiones y, en algunos casos, pedidos de juicio político.
Declararon como testigos en la causa el juez Farah, la camarista de la Casación Ana María Figueroa (que dijo haber sido presionada por Juan Bautista Mahiques, actual procurador general de la ciudad de Buenos Aires) y la jueza federal Martina Forns, de San Martín, que falló contra los tarifazos.
Fueron denunciados el expresidente Macri, su exjefe de asesores José Torello, el exministro de Justicia Germán Garavano, al exsecretario Clusellas, el abogado Fabián Rodríguez Simón, el último Procurador del Tesoro de Cambiemos, Bernardo Saravia Frías, el exjefe de la Agencia Federal de Inteligencia Gustavo Arribas, el expresidente del Boca Juniors Daniel Angelici, el exjefe de Gabinete Marcos Peña y el exministro de Trabajo Jorge Triaca.
A Triaca le achacan haber visitado a jueces laborales y según, dijo el juez Luis Raffaghelli como testigo, les planteó “la necesidad de consensuar la doctrina de los fallos y hacerla más previsible en aras de la seguridad jurídica”. Los jueces lo entendieron como una presión.
El caso está delegado en el fiscal Franco Picardi, con intervención de la jueza María Eugenia Capuchetti. Picardi pidió la lista de entradas y salidas de Olivos y de la Casa Rosada en 2018. Las defensas primero objetaron esa prueba y le pidieron a Capuchetti que resumiera el caso. Capuchetti rechazó ese pedido y sostuvo que era una decisión del fiscal pedir la prueba. Las defensas apelaron y ese asunto está en la Cámara Federal.
Al mismo tiempo, las defensas plantearon ante Capuchetti la nulidad del pedido de esa lista de entradas y salidas de la Casa Rosada. La jueza tramitará ese incidente de nulidad y resolverá. En caso de que lo rechace, será la Cámara Federal la que termine por zanjar la discusión.
Farah, en su excusación, dijo que el fiscal Picardi fue quien pidió su testimonio, que brindó mediante la entrega de las respuestas por escrito ante un pliego de preguntas. Aclaró que “no surge de las respuestas que brindé en dicha ocasión ninguna referencia o indicación sobre alguna de las personas señaladas en las denuncias que dieron origen y ampliación al caso”. Y afirmó que debe excusarse “por haber conocido los hechos como testigo”.
Por Hernán Cappiello
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