Mentiras y delitos en nombre de la memoria

Los historiadores del futuro interesados en los prolegómenos de la guerra “revolucionaria” y “contrarrevolucionaria” de los 70, en estado larvado durante los gobiernos de Arturo Frondizi y Arturo Illia entre fines de los años 50 y mediados de los 60 (incluido el interinato de Guido de 1962-63), tendrán la evidencia sobre la creciente “autonomización” político-institucional de las Fuerzas Armadas a partir del golpe de Estado de 1930.

Desde entonces se fue consolidando un intitulado “partido militar” con la participación de grupos de oficiales de orientación nacionalista, liberal, peronista y finalmente antiperonista (y obviamente siempre anticomunista). Contaban con inspiradores e ideólogos civiles y eclesiásticos, y la influencia de sucesivos modelos externos: Alemania hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, la España franquista hasta el inicio de los 50 y, desde el segundo lustro de esa década, Estados Unidos, una vez que consolidó su hegemonía hemisférica (y alunó un breve sesgo europeísta en los tempranos 60, antecedido por el asesoramiento francés sobre la estrategia contrainsurgente victoriosa empleada en Argelia).

Para comprender el desarrollo violento de la “guerra fría” en la Argentina de los 70, acelerado luego del Cordobazo en 1969, la hermenéutica profesional histórica sabrá leer la profusa bibliografía disponible, lejos de las pasiones de las tres generaciones que confluyeron en medio de ese furor asesino, y cuyos sobrevivientes de ambos lados de la lucha siguen reivindicando, e incluso justificando, aquella matanza fratricida y brutal como una gesta patriótica o como un mal necesario sin retorno.

Así lo corroboran los relatos de cientos de combatientes y militantes montoneros, del ERP y de otros grupos armados, inspirados todos en la “Revolución Cubana”. Es notorio en testimonios del libro “La Voluntad”, que romantiza la guerrilla marxista/peronista, y otras obras contemporáneas. “Fue Cuba” puede nombrarse entre las que rinden honor a la victoria militar antiguerrillera.

Por otra parte, la obra sobre los fundamentos y estrategias para la guerra interna del general Osiris Villegas, principal propagador desde los 60 de la “doctrina de seguridad nacional” provista por el Pentágono, reafirmaba la misión de las instituciones militares de exterminar el accionar armado izquierdista. Puesta en ejecución, como secretario de Seguridad del general Juan Carlos Onganía en la dictadura de la “Revolución Argentina” (1966/73), inauguró un período de gran énfasis en la preparación de las FF.AA. para operaciones antiguerrilla. Programadas para un entorno de democracias endebles ante la ola revolucionaria en Iberoamérica.

El resultado en general fue una dialéctica fatal de suma cero. Ofensiva insurgente vs. aniquilamiento contrainsurgente. Terrorismo contra-estatal vs. terrorismo de Estado.

Sobre los miles de torturados, asesinados sumariamente y desaparecidos, o caídos en combate o roles de apoyo en Argentina, se ha escrito, y con razón, mucho. El horror represivo inspira piedad. Ferozmente derrotados, principalmente durante el gobierno constitucional (1973/76), los sobrevivientes y adherentes por oportunismo político, consiguieron con su postrer defensa de los derechos humanos y la democracia republicana que habían despreciado una victoria ideopolítica y cultural. Y, sobre ella, la venganza.

Pero, al mitificar las cifras de sus bajas totales y tergiversar datos sobre las circunstancias de muertes y exilios, quedaron expuestos al juicio fáctico y moral de un contra relato, en curso durante el siglo XXI

¿Por qué? ¿Para qué la mentira? Para acceder sin justificación verdadera a fondos internacionales. Luego, para distribuir abultado dinero público entre los deudos de victimas de la represión, algunas de las cuales gozan (o gozaban hasta su fallecimiento natural) de buena salud. A pesar de ello figuran como desaparecidos, asesinados o caídos “combatiendo por ideales de justicia y equidad”. Así reza la placa que encabeza el “Mural de la Memoria” de la ciudad de Buenos Aires.

Los datos duros se encuentran en los registros de la Conadep y las actualizaciones de la Secretaría de Derechos Humanos durante primeros 15 años de este siglo. Los números nunca pasan de los 8000 desaparecidos. Incluso son bastantes menos en los últimos cómputos del 2015.

Un rotundo mentís a la leyenda mágica de “los 30.000″. Que para asombro del futuro historiador fue consagrada por ley de la provincia de Buenos Aires y ratificada por la ex gobernadora Maria Eugenia Vidal durante el gobierno nacional de Mauricio Macri (2018/2021).

Ya se sabe que esa cifra fue inventada por un montonero exiliado en Holanda para justificar el pedido de fondos de ayuda a las Madres de Plaza de Mayo durante la dictadura de Videla y sus sucesores.

En Europa, luego de dos guerras mundiales y millones de víctimas civiles de atrocidades, precedida a su vez la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Civil Española con medio millon entre caídos en combate y fusilados en las retaguardias, el número de unos miles de torturados, asesinados y desaparecidos argentinos no calificaba como “genocidio” étnico, religioso o ideológico. ¿El fin justifica los medios? ¿La mentira, sostenida aún hoy, no termina devaluando la justicia de la causa?

La vicepresidente de la Nación, Victoria Villarruel, es autora junto a Carlos Manfroni de “Los otros muertos”, donde se registran más de mil muertos de las Fuerzas Armadas, las de Seguridad y civiles en los 60 y 70, más decenas de miles de heridos y mutilados, incluyendo los familiares victimizados por la pérdida de padres, esposos, hijos y hermanos en atentados, asesinatos y combates. Ella presentó en plena campaña electoral el segundo libro de José D’Angelo, “La estafa con los desaparecidos” (no “de” los desaparecidos), publicado el año pasado.

Teniente Primero (R) del Ejército, egresado del Colegio Militar Nacional (CMN) en 1980, profundiza allí lo sucedido con algunos casos paradigmáticos entre los registrados en su libro precedente, “Mentirás a tus muertos”.

En una documentada investigación sobre las circunstancias de la desaparición o muerte de siete varones y mujeres (una muestra cualitativa), inscriptos oficialmente como “desaparecidos” o “asesinados” por la represión oficial o semi clandestina, nos devela la comisión de graves delitos contra la administración pública.

Pues o bien cayeron en combate según la propia prensa guerrillera y periodismo de época o fueron asesinados por “traición”, según publica su propia organización armada, o están (o estuvieron hasta su fallecimiento en la cama) vivitos y coleando por el mundo. Y hasta hay un joven asesinado por sus amigos en una excursión campestre.

Nada de eso ha impedido la inclusión de ellos en el homenaje del citado monumento pétreo a la memoria de las víctimas represaliadas. Que obviamente tampoco suma, ni mucho menos, los famosos 30.000.

Desde el 2019, D’Angelo ha ido presentando al juez Ariel Lijo pruebas del falseamiento de esos datos. No obtuvo nunca respuesta a su pedido de investigar el cobro indebido de multimillonarias indemnizaciones por los “causahabientes” de falsos desaparecidos o asesinados, en los 60 y 70, por agentes del Estado.

Las mismas fueron otorgadas desde 1997 por los titulares del Ministerio de Justicia, a propuesta de los secretarios de Derechos Humanos. Presume el autor que la sumatoria de decenas de casos sospechosos de falseamiento en su investigación podrían ser la punta del iceberg de un negociado fabuloso.

Al considerar los aproximadamente 3,5 millones de dólares pagados por el Estado por esas indemnizaciones resulta un corolario. El nombre de los supuestos deudos que las recibieron fraudulentamente, el de los sucesivos funcionarios que se las otorgaron ilegítimamente y el de los magistrados que hicieron la vista gorda darán a los historiadores del futuro una revelación no menor sobre una de las tantas formas de corrupción practicadas por las variopintas “castas” políticas argentinas, en posesión o disfrute de algún poder.

Peor aún, habiendo transigido en ignorar el derecho equidistante del reconocimiento y compensación a los padres, cónyuges, hijos y hermanos de las víctimas de la guerrilla. Al tiempo de fraguar episodios de la verdad histórica en beneficio de intereses espurios e impunes, con la innoble complicidad de una parte de la justicia federal a la que se le ha reclamado investigar.

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El autor es sociólogo

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