Mendoza: otro inconveniente más frena la “obra del siglo” y asoma un plan alternativo

MENDOZA.- La novela por la esperada construcción de “la obra del siglo” mantiene su final incierto. El histórico proyecto de la megacentral hidroeléctrica Portezuelo del Viento, que se pretende levantar en Malargüe, en el sur mendocino, está lejos de concretarse, aún con la licitación internacional a punto de adjudicar, ya que se desvanecen las expectativas del laudo presidencial pedido por Mendoza para las próximas horas, según pudo saber LA NACION de fuentes de la Casa Rosada.

Esto, luego de que el gobernador radical Rodolfo Suarez presentara días atrás un “pronto despacho” para que Alberto Fernández se expida, plazo que se vence hoy. Sin embargo, en la Casa Rosada hicieron ayer una evaluación de esa presentación y le respondieron por escrito a la provincia cuyana con un mensaje sorpresivo: nunca realizó formalmente la petición para dar inicio a la instancia de laudo arbitral.

“No hay una petición conforme a derecho, con la prueba de la que pretende valerse. Acá hay cuatro provincias que le dijeron que sin estudio de impacto no hay obra; y antes de un laudo hay otros requerimientos, que se establecieron en el Acta Nº 73 del Consejo de Gobierno de Coirco (Comité Interjurisdiccional del Río Colorado)”, explicaron desde el gobierno nacional. Bajo este nuevo escenario, en cuanto a los plazos que empiezan a correr, el artículo 29 del Estatuto del Coirco establece: “El árbitro tendrá 30 días para recabar informaciones y antecedentes, y para realizar toda diligencia que considere necesaria para mejor proveer. Vencido dicho término, deberá laudar dentro de los 30 días siguientes, pudiendo ampliar los plazos dentro de los 30 días siguientes, mediante decisión fundada”.

Así, todo indica que el Presidente, a tono con su consideración a mitad de 2020, no tomará una definición inmediata y se especula que, una vez que Mendoza formalice el pedido de laudo, solicitará continuar con la iniciativa, pero con la condición de que se realice un nuevo informe de impacto ambiental sobre toda la cuenca del río Colorado, lo que va en contra de los intereses de Mendoza y representa un guiño a los deseos, principalmente, de La Pampa, que rechaza la obra.

Un “plan B”

Atentos a la nueva extensión de plazos que esto supondría –incluso sin conocer la respuesta de ayer–, y ante una eventual puja futura en los tribunales, en el Gobierno de Suarez comenzaron días atrás con los movimientos para pensar en un “Plan B” y destinar los fondos a otras infraestructuras hídricas, donde no intercedan las demás provincias que integran el Coirco (La Pampa, Buenos Aires, Río Negro y Neuquén), que también han pusieron reparos ante la falta de análisis de impacto ambiental integrales. Aparece en escena, en primer lugar, un proyecto hidroeléctrico en San Rafael denominado El Baqueano, que es más chico que Portezuelo, entre otro grupo de obras a desarrollar cada cinco años.

Esta puja con las demás jurisdicciones, principalmente con La Pampa, motivó la reacción de todo el arco político mendocino. En este sentido, no solo Suarez y el exgobernador Alfredo Cornejo abrieron el paraguas con obras alternativas, sino que históricos dirigentes locales, como el exsenador Ernesto Sanz y el exmandatario Julio Cobos, insisten en que Portezuelo del Viento debe realizarse y pidieron mayor fuerza a sus correligionarios en los reclamos ante la Casa Rosada. Lo mismo reclaman el intendente de Malargüe y los empresarios que esperan participar en la obra.

En el medio, también apareció en escena la senadora nacional camporista Anabel Fernández Sagasti, quien lanzó sus dardos a los principales dirigentes radicales, sobre todo a través de las redes sociales. “Más gestión y menos show. Portezuelo debe concretarse. Sigo a disposición del gobernador. No cambio de opinión. El problema es que los que cambian son Suarez y Cornejo. Mientras buscan “planes B”, no explican la ausencia de gestión que demora la obra”, se despachó la principal espada de Cristina Fernández de Kirchner en el Congreso Nacional.

Frente a este escenario incierto, Suarez y Cornejo se amparan en el laudo presidencial de Mauricio Macri en 2018 donde se estipuló que el dinero de Portezuelo, producto de los perjuicios de la promoción industrial, también puede ser utilizado para otros proyectos hidroeléctricos en la provincia. En este caso, como el proyecto está en etapa licitatoria sin adjudicación, ambos dirigentes prefieren inclinarse por otras alternativas y dejar de perder tiempo, para evitar además consecuencias legales con Malal-hue, el único conglomerado de firmas que busca quedarse con la soñada megacentral. Se trata de la compañía china Sinohydro Corporation junto a las firmas locales Impsa, Ceosa y Obras Andinas. De hecho, el pliego estipula que la obra puede darse de baja antes de ser adjudicada. En este tren, también la Fiscalía de Estado de Mendoza busca blindar a la provincia con cláusulas de indemnidad si es que finalmente la licitación continúa su curso, algo que por estas horas parece lejano, e incluso si luego de avanzar, se cae.

Mientras, los pampeanos presionan para que la histórica obra se frene totalmente, considerando que es “innecesaria”, por el bajo caudal del río Grande, principal afluente del Colorado, al tiempo que insisten en la realización de un estudio hidrológico integral, de toda la cuenca. Así, este último reclamo toma cada vez más fuerza en el Gobierno nacional.

Mientras, el Ejecutivo mendocino sigue recibiendo los desembolsos de Nación para la obra, que tiene un presupuesto de 1.023 millones de dólares. A fines de octubre, Mendoza percibió la novena cuota de los fondos, los cuales se depositan en un fideicomiso y se destinarán para la construcción de la presa hidroeléctrica. El 28 de enero debe realizarse un nuevo depósito por más de 52 millones de dólares.

“Estamos ante un momento histórico de la provincia con esa plata y de mi parte van a encontrar la mayor prudencia y no cometer ningún error con ese dinero”, fueron las últimas palabras de Suarez, atento a las posibles demandas que puedan surgir de la posible adjudicataria si luego la obra se cae. Al mismo tiempo, abrió la posibilidad a que los fondos se destinen a otras proyectos hidroeléctricos. Suarez se encuentra por estos días de vacaciones. En su lugar, está el vicegobernador Mario Abed. En diálogo con LA NACIÓN, el funcionario aseguró que están expectantes de la resolución que tome el presidente tras el pronto despacho y que la decisión se someterá a análisis de especialistas para determinar los pasos a seguir.

Tras décadas de aguardar definiciones, la obra fue aprobada en 2016 por las provincias del Coirco, con la sola oposición de La Pampa, lo que llevó a Mendoza a pedir el laudo del entonces presidente Macri, que en 2018 falló a favor del avance del proyecto, firmando el acuerdo en junio del 2019, el cual dejó aclarado que los fondos podían destinarse para otras obras hidroeléctricas.

Portezuelo del Viento tiene un plazo de ejecución de cinco años y apuesta a lograr una potencia instalada de 210 MW, capaz de abastecer de energía a 130.000 usuarios, cuatro veces más de lo que genera el dique Potrerillos, que es hoy el más grande de Mendoza. La obra, prevista para comenzar este año, le dará trabajo a 10.000 personas, según estiman en el Gobierno de Mendoza. Alrededor de la represa se proyectan una serie de obras relacionadas. No solo la relocalización de Las Loicas; también, las extensiones de la ruta nacional 145 y de la ruta provincial 226, la construcción de una sala de máquinas y el tendido eléctrico para conectar la presa con el sistema interconectado nacional.

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