Mendoza: le dieron un subsidio millonario a un pastor evangélico que se alió con el oficialismo

MENDOZA.- La provincia de Mendoza atraviesa un temblor político en las filas del oficialismo. La entrega de un subsidio millonario a un pastor evangélico y ex senador, quien reveló que formaba parte de un acuerdo que lo llevó a bajar su candidatura a legislador el año pasado, provocó un escándalo que el Gobierno radical intentó desactivar en 24 horas. Sin embargo, el justicialismo avanza con una denuncia penal, por lo que todo quedará en manos de la Justicia.

Llamativamente, el ex legislador Héctor Bonarrico contó en una entrevista radial que el dinero aprobado y publicado esta semana en el Boletín Oficial, bajo el decreto 684, para su fundación Acción Social, por 18 millones de pesos, fue a cambio de desistir de una postulación a senador provincial en las elecciones de 2021, pero a las pocas horas se desdijo, al asegurar que fue malinterpretado. Luego, en un nuevo contacto con la prensa, trató de “traidor” y “tibio” al gobernador Rodolfo Suárez, quien anuló la entrega de fondos ante la presión del PJ.

En junio del año pasado, Bonarrico, con origen en el partido Protectora, y luego en MasFe, se pasó sorpresivamente a las filas de Cambia Mendoza; incluso desistiendo de ser candidato a diputado nacional, en una reunión con el entonces presidente de la UCR nacional, Alfredo Cornejo, y el titular de radicalismo local, Tadeo García Zalazar. Ahora, amenaza con abandonar el frente oficialista y sostiene que está “sorprendido” por la decisión que tomó el gobernador.

“Esto es de una gravedad institucional nunca antes vista en Mendoza”, se despachó la senadora nacional kirchnerista Anabel Fernández Sagasti, quien junto a todo el arco peronista salió a repudiar lo actuado por el Gobierno. “Hemos decidido hacer una denuncia penal por averiguación de delito por el convenio firmado. Hemos encontrado la punta del ovillo y vamos a estar totalmente activos en la causa para presentar pruebas y que se investigue hasta las últimas consecuencias”, indicaron los legisladores del PJ, encargados de hacer la presentación el próximo lunes.

“Otra vez estamos ante movimientos y problemas que debería resolver la política; pero nos tiran la pelota a la Justicia. Hay que analizar si se configura algún delito”, indicaron a LA NACIÓN desde tribunales. Asimismo, especialistas en derecho y altas fuentes de la Justicia consultados por este diario evaluaron lo ocurrido como de “gravedad” y que podría derivar en la Justicia federal.

“Puede ser que en principio no pase nada a nivel provincial, porque el Gobierno tiene mayoría en todos lados. Pero, también, hay posibilidad de que se trate de un delito más grave, que es federal; encuadrado en delitos contra la democracia, como afectar las mayorías institucionales para modificar leyes; incluso en grado de tentativa, si hay problemas técnicos para comprobar lo ocurrido o porque Bonarrico diga que se malinterpretaron las declaraciones”, indicaron las fuentes consultadas.

Luego de un total hermetismo en el Palacio Cívico sobre la entrega del subsidio que incluso, según pudo saber LA NACIÓN de altas fuentes del caso, “Suarez desconocía de qué se trataba y agradeció enterarse con la difusión mediática”, el ministro de gobierno Víctor Ibáñez, frente a la controversia y a la presión justicialista, salió a dar respuestas, buscando justificar la entrega de los fondos, al tiempo que cargó contra el pastor.

“Fue un proceso transparente, con todos los carriles administrativos que se siguen en estos casos, como con cualquier entidad de interés público. No hay un descubrimiento de algo, la publicación en el Boletín Oficial es la muestra cabal de la transparencia”, señaló el ministro, quien confirmó que el Gobierno denunciará penalmente al religioso por “tentativa de fraude a la administración pública”, a raíz de las declaraciones que efectuó sobre un “acuerdo político” para desistir de una candidatura.

“Las manifestaciones de Bonarrico invierten fundamentalmente el destino de este subsidio”, acotó el funcionario provincial, principal firmante del polémico convenio, que fue dinamitado en pocas horas. En medio del escándalo, tras las declaraciones del ministro, el pastor emitió un documento donde aseguró estar “sorprendido de la actitud del gobernador Rodolfo Suárez de derogar un decreto que iba destinado a financiar programas educativos y de ayuda social a través de las iglesias evangélicas, que cumplen un rol tan importante en la sociedad como cualquier otro culto religioso”.

En ese tren, cargó duro contra la administración provincial: “Me sorprende que el Gobernador dijera que ‘no estaba al tanto’ del acuerdo al que había arribado no con un dirigente político sino con un ministro de primera línea y que luego fuera refrendado por quien es su actual vicegobernador, el señor Mario Abed”. Y arremetió: “Si realmente el Gobernador no estaba enterado, alguien debería presentar su renuncia. O bien el gobernador que no se entera de lo que hacen sus ministros, o bien los ministros que actúan a espaldas del gobernador”.

Asimismo, el pastor buscó dejar en claro cuál fue la motivación del acuerdo. “Se basó en un ofrecimiento que se me hiciera para crear, dentro de la estructura estatal, una dirección ‘interculto’ para que yo ocupara el cargo de director. Ofrecimiento que decliné por no querer engrosar el gasto público ni recibir un sueldo del gobierno provincial. Propuse entonces que, en vez de crear una dirección, la fundación Acción Social pusiera la estructura, totalmente ad honorem, para coordinar y llevar a cabo los programas de los que se encargaría la dirección que pretendían crear”.

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