Mendoza denuncia un “ajuste” de Nación en la entrega de leche a niños y embarazadas

MENDOZA.- La provincia de Mendoza alzó la voz contra la decisión de la Casa Rosada de realizar un “ajuste” en un programa de asistencia social clave. Cuestionó al Ministerio de Salud de la Nación por dejar de otorgar por mes las dos cajas de kilo de leche en polvo para niños y embarazadas vulnerables, establecidas en el Plan Nacional Materno Infantil, y reducir la entrega a sólo 800 pesos mensuales, que serán acreditados en la cuenta del beneficiario de Anses, con libre disponibilidad.

El principal reproche radica en la imposibilidad de las familias de poder comprar ahora más de una caja, ya que, en los comercios, según consultó LA NACIÓN, los precios de un kilo de leche en polvo oscilan entre los 700 y 900 pesos. Además, de acuerdo con las autoridades provinciales, se pierde la posibilidad de controlar el estado de salud de las personas que acuden a retirar el alimento en los centros sanitarios locales. Además, la medida se aplicará para los niños menores de 3 años y no hasta los 5 años, como ocurría hasta ahora.

Así, frente a esta decisión nacional, que se publicó en el Boletín Oficial, el Ejecutivo local evidenció el malestar y la bronca, que crece con el correr de las horas y va sumando más voces críticas. “Vamos a estar con un ojo atento a ver si esta decisión de restringir la entrega compromete la nutrición de los chicos. La provisión de la caja de leche es una política nacional”, expresó la ministra de Salud, Ana María Nadal, quien consideró que se trata de una medida “inoportuna”. Asimismo, la funcionaria indicó: “Según los argumentos esgrimidos por Nación, tiene que ver con el empoderamiento de las personas para ir y hacer el ejercicio del derecho del consumidor y adquirir la leche”.

Por su parte, desde la Dirección de Maternidad e Infancia de Mendoza indicaron que “no solo será menor la cantidad de leche que reciban los beneficiarios sino que además hay población que quedará descubierta y es la que más lo necesita”. Asimismo, señalaron que se pierde una oportunidad para una intervención sanitaria como el control de salud que es fundamental en el embarazo y en la primera infancia. Por lo pronto, a la espera de una reacción de Nación, para que dé marcha atrás con la medida, indicaron que cuentan con un remanente de leche para dos meses más, que será entregado a quienes tengan niños hasta los 5 años.

En este sentido, los senadores nacionales por Mendoza Alfredo Cornejo y Mariana Juri presentaron un proyecto exigiendo al gobierno nacional que restituya la entrega de cajas de leche a embarazadas en centros de salud. “Coincidimos con especialistas en que depositar $800 no solo es insuficiente sino que atenta contra la atención integral de madres y recién nacidos”, explicó Juri, y agregó: “Una vez más el gobierno nacional muestra irracionalidad y falta de sensibilidad. Argentina necesita otras decisiones, mucho más valientes y comprometidas con sus ciudadanos”.

El reclamo de Mendoza surge luego de que el Ministerio de Salud de la Nación, a través de la Resolución 409/2022 publicada en el Boletín Oficial el 7 de marzo, dispusiera suspender desde del 1 de marzo la entrega de leche a los beneficiarios del Programa Materno Infantil y en su lugar, depositar la suma mensual de 800 pesos a quienes perciben la Asignación por Embarazo y Asignación Universal por Hijo (AUH).

Las dos cajas mensuales se distribuían a las embarazadas y puérperas y a los niños a partir de los 6 meses de edad y hasta los 2 años, extendiéndose hasta los 5 años en niños de bajo peso o riesgo nutricional, quienes recibían un kilo adicional. Para las autoridades mendocinas, este sistema de entrega, que alcanzaba a más de 15.000 personas, no sólo facilitaba los controles de salud, sino que permitía detectar situaciones de violencia intrafamiliar.

De acuerdo con los históricos lineamientos de Nación, el Plan Materno Infantil está destinado a contribuir al crecimiento y desarrollo adecuado e integral de los niños comprendidos entre 0 y 5 años de edad. “Comprende atención pediátrica y la entrega de 2 kg de leche mensuales por niño. También contempla a niños con desnutrición crónica (retardo de crecimiento), embarazadas, madres en periodo de lactancia (los primeros 6 meses) y pacientes con patologías especiales (VIH, tuberculosis, cáncer, anemias, osteoporosis, insuficiencia renal crónica, bajo peso, celíacos, diabéticos)”, indica la información oficial, en el sitio web de Salud.

Sin embargo, a comienzos de marzo, en el Barrio 31 de Retiro, la directora ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Fernanda Raverta, y la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, anunciaron el Programa de Entrega de Leche Fortificada y Alimentos Saludables para futuras madres y niñas y niños hasta los 3 años de edad que reciben las asignaciones sociales. Así, la medida comenzó a impactar sobre el terreno en los últimos días, cuando las autoridades mendocinas advirtieron que los fondos para la compra de leche quedarán centralizados en el envío de dinero de Nación a las cuentas de los beneficiarios y ya no podrán hacer la distribución en los centros de salud locales.

“Es importante destacar que el apoyo alimentario se va a depositar directamente en las cuentas de las mamás sin necesidad de hacer ningún tipo de trámite”, explicó Raverta, poniendo en valor los alcances de la Ley 27.611 de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia (Ley 1000 días), y de temas relativos a la lactancia, prevención de violencias y derechos.

“La propuesta busca simplificar y nominalizar el acceso de esta política pública integrando la compra de la leche fortificada y alimentos saludables a las asignaciones, con el propósito de eliminar la distribución errónea sujeta a la logística entre niveles de gobierno”, indicaron desde la cartera sanitaria nacional en un comunicado, asegurando que con la entrega del dinero se realiza un “empoderamiento” de los beneficiarios.

Así las cosas, la decisión de centralizar todo a través del envío de la plata a la cuenta de los beneficiarios provocó la reacción de Mendoza, denunciando que la medida no cubre el costo de la leche así como atentará contra el control y el desarrollo de la salud de este grupo poblacional, que verá restringido aún más el acceso a una alimentación básica. Asimismo, desde el Gobierno provincial ponen en dudas de que se haga un seguimiento de la compra que realicen las familias.

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