Mendoza declara a los mapuches “pueblos no originarios argentinos” y el Gobierno nacional denuncia “discriminación racial”

MENDOZA.- La controversia por los reclamos de tierras de las comunidades autodenominadas mapuches no se detiene. Esta semana sumó un nuevo capítulo en suelo cuyano: luego de que la Legislatura de Mendoza resolviera que “no deben ser considerados pueblos originarios argentinos”, el Gobierno nacional salió al cruce para repudiar esa resolución y advirtió que se está frente a un caso de “discriminación racial” que fomenta los “discursos de odio”.

En las últimas horas, tras conocerse la decisión de la casa de las leyes mendocina, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) manifestaron su preocupación y llamaron la atención sobre el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados local.

La iniciativa aprobada por la mayoría de los legisladores, entre los que hubo diputados justicialistas del sur mendocino, define que “los mapuches no deben ser considerados pueblos originarios argentinos en los términos del artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales”. En esa cláusula de la Carta Magna se establece que corresponde al Congreso reconocer la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas.

Por tal motivo, desde el Gobierno nacional pusieron en valor que el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, a la cual “todas las provincias están sometidas, otorga jerarquía constitucional a la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial”. Desde los organismos nacionales advirtieron que “Argentina está obligada a evitar toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública”.

“Preocupa observar que, en ocasión de estar cumpliéndose 40 años ininterrumpidos de democracia, algunos sectores de nuestro país intentan hacernos retroceder con cuestiones ya saldadas en materia de respeto a los derechos humanos, como el hecho de que puedan ser cuestionados derechos reconocidos formalmente, por motivos raciales o de origen étnico. Agrava la situación que esta discriminación inconstitucional provenga de una institución de gobierno, como es una cámara legislativa provincial”, sentenciaron las dependencias oficiales del Ejecutivo nacional.

Frente a este proyecto aprobado en la Legislatura mendocina, instaron a “reflexionar seriamente sobre estas cuestiones y no dejarlas pasar”. Por eso, destacaron que este tipo de normas “fomentan la reproducción de discursos de odio y legitiman prácticas muy peligrosas que ponen en jaque la garantía del Estado de derecho, la solidez de la democracia y de las instituciones”.

En la misma línea, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el INAI y el INADI solicitaron a la Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza que “revea la decisión tomada y dé una clara señal de que los derechos son iguales para todos y todas, sin distinción étnico racial”.

La controversia se remonta a las decisiones que tomó el INAI meses atrás, en base a la ley 26.160, con el reconocimiento de unas 26.000 hectáreas a tres comunidades autopercibidas mapuches en el sur de la provincia cuyana, en los departamentos de Malargüe y San Rafael. Esta situación llevó al Gobierno local, comandado por el radical Rodolfo Suarez, y al candidato a sucederlo en las próximas elecciones, el ex mandatario Alfredo Cornejo, a rechazar toda injerencia política nacional en territorio cuyano, lo que motivó a grupos de ciudadanos a denominarse “antimapuches” y marchar por las rutas de la provincia.

Del otro lado, los defensores de los pueblos originarios también se manifestaron, exigiendo el reconocimiento de los mapuches. En el medio, se abrió una grieta entre historiadores, ya que hay un sector que asegura que esa comunidad jamás habitó tierra cuyana, sino en la Patagonia y del lado chileno, mientras que otro grupo de especialistas asegura que en Mendoza hay pueblos preexistentes, que habitaron a ambos lados de la Cordillera de los Andes, con derecho a tierras, y que se identifican culturalmente con los preceptos mapuches frente a la conquista española, que los denominó pehuenches y puelches.

Amplia mayoría

La declaración de la Legislatura mendocina, donde se cuestiona además el procedimiento del INAI para avanzar con el reconocimiento de tierras sin consultar a la provincia, fue aprobada por 30 votos a favor y ocho en contra, además de seis abstenciones y cuatro ausencias. Lo más llamativo fue el voto dividido en el peronismo mendocino, aunque la mayoría de los legisladores del Frente de Todos, liderados por el kirchnerismo, rechazó el proyecto del oficialismo provincial, al considerar que se pretende “anular la identidad de las personas”. Mientras se discutía en el recinto, representantes de diversos pueblos originarios se acercaron a la Casa de las Leyes para repudiar la medida.

“Dejémonos de boludear con resoluciones porque la gran población de Mendoza la está pasando mal. Hay un montón de proyectos durmiendo siesta para mejorar la calidad de vida de los mendocinos. Estamos en contra de que se use a los pueblos originarios para tratar de ganar un punto en las elecciones”, se despachó el legislador del Partido Verde, Emanuel Fugazzotto. “Los mapuches no son originarios de Mendoza. Son originarios de la araucanía chilena”, le respondió el diputado Gustavo Cairo, de Pro.

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