Megaminería: una promesa inconclusa en la montaña

Sólo el año pasado, después de remover 40 millones de toneladas de montaña catamarqueña y usar 24 mil millones de litros de agua fresca, la minera La Alumbrera extrajo 440.922 toneladas de concentrado de cobre y oro, 32.000 onzas de oro doré y 3829 toneladas de molibdeno, que una vez en el puerto valieron 1026 millones de dólares. A 40 kilómetros de la mina, en Andalgalá, no sale agua potable en los baños del hospital público. Tampoco hay oftalmólogo, traumatólogo ni oncólogo. El 80 por ciento de esta localidad no tiene cloacas y más de la mitad de los vecinos están desempleados o no tienen un trabajo registrado.

Así planteado, el debate de la minería metalífera en la década kirchnerista empieza mal. Porque es mucho más complejo e involucra las visiones irreconciliables de los ambientalistas, de los pobladores que exigen desarrollo para sus comunidades, de quienes sí encontraron un trabajo y un futuro en las minas y de las compañías inversoras. Y porque, además, de 2003 a 2013 no sólo se triplicaron las exportaciones mineras hasta los 4090 millones de dólares el año pasado. También, junto al desarrollo agigantado del sector se multiplicaron las andalgalás.

¿Y el Estado? La pregunta vale oro para las mineras y agua para los ambientalistas. Porque con la minería el Gobierno marcó una de las contradicciones más grandes frente a su discurso de Derechos Humanos, al tomar partido por las compañías, la mayoría de capitales internacionales, contra las denuncias de los ambientalistas, las comunidades originarias y quienes reclamaban su derecho al acceso al agua. También vetó la ley que protegía los glaciares y, tras la insistencia del Congreso, retrasó su aplicación.

La paradoja es que hoy el malestar se extiende también al sector minero, que mira con envidia el clima de inversión en Chile y Perú, y despotrica contra la creciente presión fiscal que, sumada a la caída de los precios internacionales de los metales, hizo que varios megaproyectos se frenaran en los últimos años.

Según la consultora Abeceb, en 2013, la Nación recaudó 6745 millones de pesos de las mineras

El Gobierno discrepa y celebra. "La década ha sido verdaderamente ganada: los números son los más altos de la historia", indicó a LA NACION el secretario de Minería, Jorge Mayoral. "Cuando Néstor Kichner asumió la presidencia, había 18 proyectos en el país. Hoy hay más de 700 y gracias a la exploración de 7 millones de metros perforados, detectamos que somos uno de los países con mayores reservas metalíferas del mundo. Además, sólo en los primeros siete meses del año exportamos por 2500 millones de dólares, la mitad de lo que genera el complejo sojero."

El impacto fiscal es uno de los ejes de este debate, con un claro ganador: las arcas del Tesoro nacional, en detrimento de las provincias y, sobre todo, las localidades vecinas a los yacimientos.

Según la consultora Abeceb, en 2013, la Nación recaudó 6745 millones de pesos de las mineras: $ 2715 millones de impuesto a las ganancias, $ 1960 millones por retenciones, $ 170 millones por IVA y $ 1800 millones por aportes a la Seguridad Social. Los 100 millones restantes fueron por las utilidades que reparte a las universidades la empresa Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), conformada en Catamarca por el Estado provincial, la Universidad Nacional de Tucumán y La Alumbrera.

Las provincias en conjunto recaudaron $ 1245 millones, de los cuales la mitad se explican por el impuesto a los ingresos brutos y las regalías (les corresponde sólo el 3%). La otra mitad llegó a través de las empresas públicas que se crearon para asociarse a las mineras, como YMAD, que reciben un porcentaje de las utilidades de las mineras. "Son una idea nuestra", destacó Mayoral. Sin este tipo de aportes, la torta tributaría quedaría en un 92% en manos de la Nación.

Si se toma sólo La Alumbrera, en 2013 aportó al fisco $ 1945 millones, de los cuales 483,7 millones fueron para Catamarca. Es el 25% de todo lo que recauda la provincia y casi el 70% de lo que aportan en impuestos todas las actividades productivas locales. La mina está en proceso de cierre, que se estima para 2019. Será una catástrofe para las finanzas provinciales y los sueldos estatales, salvo que se explote la mina Agua Rica, ubicada a 17 kilómetros de Andalgalá, sobre la cuenca de su río.

LA NACION consultó al gobierno de la kirchnerista Lucía Corpacci para saber si había un "plan B" financiero en caso de que Agua Rica no comience a producir antes de que La Alumbrera se cierre. No hubo respuesta.

"Esto es vida o muerte, porque si llega Agua Rica no hay agua para nosotros. ¡La puta madre que vamos a pelear, hemos perdido el miedo!", dice Aldo Flores, maestro jubilado y uno de los pocos voluntarios que cuidan el piquete de la Asamblea de El Algarrobo, que corta el camino más corto para los camiones de la mina. Llegan por otras vías.

"Nunca nos preguntaron si queríamos vivir así. Acá nunca llegó el crecimiento que prometieron", comenta Sergio Martínez, empleado judicial e impulsor del amparo ambiental que, tras cuatro años de trabas, fue aceptado la semana pasada por la procuración general de la Nación. "Agua Rica no va a empezar. Es nuestra victoria", se ilusiona.

Meses atrás, la suiza Glencore, accionista principal de La Alumbrera, decidió no comprar Agua Rica, perteneciente a la canadiense Yamana Gold, que comenzó a buscar otros inversores. La empresa sostiene que, pese al amparo ambiental, trabaja "con normalidad" en exploración y mantenimiento de los campamentos. Mayoral piensa lo mismo.

De hecho, fuentes del sector minero explican que el freno de Agua Rica no se explica tanto por la decisión pendiente de la Corte Suprema de la Nación, sino en la retracción de inversiones a nivel mundial y, en particular, en la Argentina.

"Es lo mismo que pasó con la brasileña Vale, que iba a invertir 6000 millones de dólares en Potasio Río Colorado y, con sólo irse, dejó en emergencia las cuentas de Mendoza. Y es lo que hace que Barrick Gold no sufra demasiado el freno que Chile puso al proyecto binacional Pascua-Lama. Los proyectos se pausan porque el riesgo de invertir en el país y la presión fiscal aumentan. El resto son excusas", agregó la fuente.

Bajo la sombra del algarrobo, junto a un piquete que no son más que dos cubiertas de auto abandonadas, Aldo Flores y Alejandro de las Cuevas enumeran casos de cáncer, malformaciones y enfermos "escondidos" en hospitales de otras provincias. "El gobierno provincial esconde los registros sanitarios", denuncian. Más allá de los casos que dicen haber presenciado o escuchado, su única prueba documental es una hoja firmada por cuatro médicos de Andalgalá que habla de aumentos de 800% de cáncer y que culpa a la mina.

Los mineros desmienten esas denuncias con una investigación de la Fundación Centro de Estudios Infectológicos (Funcei), que en 2010 no registró variables significativas en cáncer de niños y adultos catamarqueños contra la media nacional. Pero recomendó mejorar el sistema de vigilancia sanitaria de la provincia.

El intendente de Andalgalá también critica a la megaminería. "Hemos regalado la soberanía y el agua y los únicos que ganan son ellos. Las regalías son ínfimas", se queja Alejandro Páez. Su municipio recibe un millón de pesos por mes por regalías de La Alumbrera, que emplea de manera directa a poco más de un centenar de vecinos. "Acá la gente va dependiendo cada vez más del plan y el mejor médico es tomarse una ambulancia a Catamarca", denuncia.

Mientras el hospital local se deteriora a la vista, La Alumbrera está terminando otro de 4000 metros cuadrados, dos quirófanos, 32 camas de internación y prestaciones que pueden encontrarse en las clínicas privadas porteñas. También reconstruyó escuelas, capacita a docentes y productores agropecuarios y brinda máquinas y créditos para microemprendimientos.

Uno de los beneficiados es Cristóbal Contreras, que cría cabras en Amanao, un puñado de casas ubicadas en la montaña, a 20 kilómetros de la mina. Tiene 66 años, pero recién el año pasado aprendió que debe alternar la alfalfa que comen sus cabras con cebada, para descansar la tierra. Se lo enseñó un ingeniero agrónomo de La Alumbrera, que provee las semillas, el arado y construyó el acueducto que riega las tierras de Amanao.

Desde el hospital hasta el acueducto, todo se deduce de las regalías que la minera debe pagar a la provincia, pero en cierta forma la empresa decidió encarar por su cuenta obras y servicios que el Estado no realiza, incluso cuando recibe los fondos

"Este terreno era puro yuyo, ahora tengo maíz. Antes no teníamos agua, nada", dice Contreras, que trabaja al sol y solo, pese a sus seis hijos. Tres son mineros. Los otros tres, desempleados, aspiran a una "beca", que también financia la mina.

Desde el hospital hasta el acueducto, todo se deduce de las regalías que la minera debe pagar a la provincia, pero en cierta forma la empresa decidió encarar por su cuenta obras y servicios que el Estado no realiza, incluso cuando recibe los fondos. Para los críticos, es demasiado tarde. Pero también es cierto que, salvo recursos, el Estado nacional y provincial le exigieron poco a la mina desde un principio. Y la controlaron menos. Si lo hicieron, no se notó demasiado.

Allí surge otra clave de la minería en la Argentina: la urgencia por recaudar versus una planificación sustentable de la actividad. "La empresa se maneja con estándares internacionales y el primero de ellos es cumplir la ley local. Siempre lo hicimos y hoy estamos haciendo más que eso", se defienden en La Alumbrera. El kirchnerismo recibió (o coescribió) del menemismo un régimen legal minero laxo en controles, al que le agregó normativas para favorecer la compra de insumos y servicios locales y, sobre todo, legislación tributaria.

"Hubo un gran empuje a la inversión pero no se adecuaron las instituciones: no hay transparencia ni un plan sustentable y los controles son realizados por un Estado que es socio de los mineros", resume Daniel Taillant, director de Cedha, la entidad que, sobre la base de imágenes satelitales y un mapeo de suelos congelados de la Universidad de Zurich, relevó la existencia de glaciares afectados por empresas mineras.

"El inventario de glaciares que exige la ley va a relevar los glaciares descubiertos, pero no vamos a saber dónde hay suelos congelados saturados en hielo, que son los que regulan el agua que reciben las cuencas y está protegidos por la ley", completa el esposo de la ex secretaria de Ambiente Romina Piccolotti, investigada por administración fraudulenta durante su gestión. "Renunció contra el veto a la ley de glaciares. La persecución fue consecuencia de eso", sostiene Taillant.

Más allá de las voces de un lado o del otro, lo cierto es que los gobernadores mineros fueron los primeros en oponerse en los tribunales a la ley de glaciares, con planteos idénticos a los de las mineras extranjeras. Mientras Cristina Kirchner demoraba la ley con un veto, redactaron normas ambientales propias más laxas y encargaron sus propios inventarios de glaciares, que no descubrieron nada irregular.

El gobernador sanjuanino, José Luis Gioja, fue el vocero más visible de ese grupo. El yacimiento Veladero, que explota la canadiense Barrick Gold, representa hoy el 28,6% de la economía de San Juan. En 2013 pagó 1515 millones de pesos en impuestos nacionales, $ 253 millones a la provincia y menos de dos millones de pesos en tasas municipales, además de $ 80 millones en "beneficios comunitarios". Con yacimientos alejados de las ciudades más pobladas, la intensidad del conflicto ambiental es menor en San Juan.

Pero Gioja también se encargó de encolumnar a la provincia detrás de la minería, de impulsar proveedores y contrataciones de trabajadores locales. Los empresarios mineros, de hecho, señalan a Catamarca como el "mal alumno" del grado, por los conflictos que desató La Alumbrera; a San Juan en un nivel superior, pero no óptimo, y ponen en el pedestal de desarrollo local y cuidado ambiental a Cerro Vanguardia, en Santa Cruz.

Al igual que el Gobierno, las empresas hablan de una "maduración" de la industria con los años. El planteo es simpático, salvo por el hecho de que justo el "mal alumno" es el único megaemprendimiento minero con un ciclo de vida completo. En rigor, La Alumbrera también fue presentada, en el pasado, como un emprendimiento modelo.

Mineros y críticos del sector parecen de acuerdo en dos puntos: la presión fiscal (para unos alta, para los otros, mínima) está mal distribuida y debería beneficiar más a los comunidades cercanas a los yacimientos que al tesoro nacional. Eso colaboraría al desarrollo local y a la aceptación de la actividad, dicen.

Pero la convicción más llamativa que hoy comparten mineros y ambientalistas es la necesidad de que cada proyecto cuente con "licencia social". En Andalgalá, ambos sectores están convencidos de que su postura se impondría sobre la contraria si se permitiera votar. No podría haber solución más sencilla. De hecho, el Concejo Deliberante local llamó a un plebiscito en 2010. Hace una semana, y tras cuatro años de dilaciones, la Justicia catamarqueña dio por cerrado el asunto. Denegándolo.

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