Medios: presión kirchnerista para ocupar un cargo

En medio de la ofensiva de varios dirigentes por revisar lo actuado por los medios de comunicación y los periodistas que investigaron la corrupción de sus tres administraciones, el kirchnerismo busca forzar en el Congreso la renuncia del actual defensor del Público, una de las pocas herramientas que quedaron en pie de la polémica ley de medios.

Creado como un ámbito de defensa de los derechos del público consumidor de medios audiovisuales y de la libertad de expresión, el organismo terminó alineado con las posturas del kirchnerismo hacia los medios.

Con la llegada de Mauricio Macri al gobierno, el nuevo oficialismo presionó para obtener la renuncia de la periodista Cynthia Ottaviano, quien solo dejó el cargo al concluir su mandato, en noviembre de 2016. En su reemplazo quedó de manera interina María José Guembe, directora de Protección de Derechos de la Defensoría.

Sin embargo, en una jugada polémica y haciendo uso de una mayoría circunstancial, el presidente de la Bicameral de Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, el senador Eduardo Costa (UCR-Santa Cruz), logró nombrar en septiembre del año pasado defensor provisional a Eduardo Alonso, un joven abogado relacionado con Fernando de Andreis, secretario general de la Presidencia.

Ahora, el kirchnerismo, apoyado por diversas ONG, presiona para lograr la salida de Alonso y apurar el nombramiento de un nuevo defensor del Público.

Uno de los receptores de esas presiones es el senador Alfredo Luenzo (PJ-Chubut), actual vicepresidente de la comisión bicameral, quien viene tratando de convocar al grupo legislativo para iniciar el proceso de normalización del organismo ante las negativas y rodeos del radical Costa. Sin embargo, Luenzo pretende llevar a cabo un proceso ordenado y resiste las presiones de los legisladores kirchneristas y de las organizaciones no gubernamentales que pugnan por reemplazar a Alonso por un dirigente que responda a los intereses de los seguidores de Cristina Kirchner.

Esto provocó uno de los primeros chispazos en el interior del peronismo que se vienen registrando en el Senado entre el sector de legisladores que responden a los gobernadores y se referencian en Alberto Fernández, al que responde Luenzo, y el kirchnerismo.

Mientras tanto, en el todavía oficialista Juntos por el Cambio sospechan que el apuro kirchnerista responde a la política expresada por varios dirigentes peronistas, que reclaman una suerte de revisión de lo actuado por el periodismo que denunció la corrupción de las administraciones nacionales entre 2003 y 2015.

En el oficialismo, según expresaron diferentes fuentes consultadas por LA NACION, consideran que detrás del interés del kirchnerismo aparecen figuras como Horacio Verbitsky y la abogada Graciana Peñafort.

En ese sentido, en Juntos por el Cambio recuerdan que una de las actuaciones de relevancia pública que tuvo Ottaviano fueron las sanciones contra el periodista Jorge Lanata por sus dichos en la radio, una de ellas por haber asegurado que Florencia de la V era un hombre y haberse negado a retractarse en público.

El foco en el periodismo

En paralelo al renovado interés por ocupar el cargo, personajes tan disímiles como Hugo Moyano, Gisella Marziotta y el actor Dady Brieva, este último responsable de reclamar la constitución de una "Conadep del periodismo", pidieron en los últimos tiempos sanciones para los periodistas. Marziotta, quien se encontraba en campaña electoral cuando adhirió a la idea de una Conadep para el periodismo, luego se retractó.

Estos pedidos coinciden con la causa que lleva adelante el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, quien investiga una supuesta organización paraestatal de inteligencia que habría presionado a testigos para denunciar corrupción durante el kirchnerismo, en la que involucró al periodista de Clarín Daniel Santoro. El magistrado llegó a ventilar detalles de la causa en el Congreso, de la mano del diputado kirchnerista Leopoldo Moreau.

Por el momento, lo máximo que podría conseguir el kirchnerismo sería la renuncia de Alonso al cargo antes de fin de año -tal como se habría comprometido, aseguran en ámbitos legislativos- y la apertura de un proceso de selección que culminaría en abril próximo.