Máximo Kirchner enfrenta la primera “rebelión” en su tropa de diputados

La tregua será efímera: luego del debate de la reforma del impuesto a las ganancias –que se aprobará esta semana con amplio consenso–, el oficialismo enfrentará un escenario difícil en la Cámara de Diputados, con una agenda de temas conflictivos que amenazan con paralizar la actividad.

El primer gran desafío para el bloque que preside Máximo Kirchner es la ley de biocombustibles. Esta vez la presión no viene solo de la oposición: desde las propias filas del oficialismo –gobernadores y legisladores del Norte y de la pampa húmeda– se escuchan los reclamos, cada vez más estentóreos, para que el Gobierno prorrogue esta norma, clave para la supervivencia económica de sus provincias. La “rebeldía” de un sector del peronismo encendió una luz de alerta en el bloque del Frente de Todos pues, de no haber reacción, el Gobierno podría enfrentar su primer traspié legislativo.

La ley en cuestión, cuya vigencia vence el 12 de mayo próximo, es la que establece un régimen de promoción a la producción de biocombustibles (bioetanol y biodiesel). Una decena de provincias, entre las que figuran Tucumán y Jujuy –productoras de caña de azúcar– y Santa Fe y Córdoba –productoras de maíz y soja– vienen reclamando que se prorrogue la ley por cuatro años, tal como ya aprobó el Senado. Alegan que esta actividad involucra a más de cincuenta plantas productoras de biocombustible y decenas de miles de puestos de trabajo que podrían perderse si el Gobierno, por acceder al lobby de las provincias petroleras, deja caer la ley.

Los dos principales bloques de la oposición de la Cámara baja, Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal, convocaron a una sesión especial para este jueves. El gobierno de Córdoba, comandado por Juan Schiaretti, envió cartas a los legisladores de las restantes bancadas opositoras para que den quorum en la sesión, en abierto desafío al gobierno nacional. Los misioneros del Frente para la Concordia ya anticiparon que darían su apoyo.

En tanto, el gobernador santafecino Omar Perotti, un aliado de Fernández, publicó una solicitada en los principales medios santafecinos en reclamo por la prórroga de la ley. Desde las provincias del Norte la presión es incesante. La oposición se frota las manos: si bien no será una tarea fácil conseguir el quorum en la sesión especial, están convencidos que le darán un susto al oficialismo.

Para evitar el traspié, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, inició conversaciones para evitar que se concrete la sesión especial y, a cambio, ofreció que la norma se debata en el recinto el 12 de abril. Pero las gestiones no habrían dado fruto: durante todo el fin de semana los diputados cordobeses Carlos Gutiérrez (que responde a Schiaretti) y Mario Negri (presidente del interbloque de Juntos por el Cambio) avanzaron en contactos para sumar voluntades y alcanzar el quorum este jueves.

“Nosotros no vamos a bajar este jueves una sesión especial opositora. No vamos a quebrar el bloque –adelantó un diputado oficialista oriundo de una de las provincias productoras de biodiesel–. Pero si llegamos a mayo y no hay respuesta del Gobierno, vamos a empujar nosotros la prórroga de la ley. Para nosotros esta norma es de vida o muerte para la provincia”.

La jujeña Carolina Moisés, también del Frente de Todos, fue más allá y presentó un proyecto de ley para prorrogar la ley no por cuatro, sino por diez años, con un régimen de preferencia para el bioetanol de caña. “Es necesario dar señales claras a los empresarios que aportarán los fondos a ser invertidos”, fundamentó la legisladora. “Esta industria es estratégica para nuestra región por la cantidad de mano de obra que emplea”, agregó Moisés, en diálogo con LA NACION.

Ante la presión ejercida en sus propias filas, y con el propósito de desactivar la amenaza opositora, Máximo Kirchner decidió convocar, este lunes, a la Comisión de Energía de la Cámara baja, a la cual fue citado el secretario del área, Darío Martínez.

La intención del Gobierno es impulsar una nueva ley de biocombustibles; así lo anticipó el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. No es una tarea sencilla, pues esa norma deberá conciliar fuertes intereses cruzados, principalmente entre las provincias productoras de biocombustibles y las provincias petroleras, que ejercen un fuerte lobby contrario a la media sanción del Senado.

Todavía no se conoce el detalle del nuevo régimen de biocombustibles que presentará el Gobierno, pero trascendió que la intención será priorizar a las pymes del sector e inversiones nacionales por sobre las grandes aceiteras que están en el negocio. Córdoba –una provincia antikirchnerista– y Santa Fe serían las perjudicadas.

“El régimen actual vence en 50 días. Difícilmente en ese lapso logremos aprobar, en las dos cámaras un nuevo régimen de biocombustibles. Por eso lo óptimo sería avanzar en la prórroga de la ley actual y, en el ínterin, discutir una nueva norma”, sostienen los legisladores de las provincias involucradas.

Las tensiones están expuestas. Más allá de lo que suceda en la sesión del jueves próximo, el oficialismo es consciente de que el plazo para resolver el problema se le acorta y que la rebeldía interna podría agravarse.

Ganancias y Ministerio Público

La agenda conflictiva no se agota en los biocombustibles. El oficialismo también pretende avanzar en el proyecto de ley que prevé una suba del impuesto a las ganancias para las empresas, en donde establece una estructura de alícuotas marginales escalonadas con tres segmentos en función del nivel de ganancia neta imponible acumulada. Los opositores al proyecto anticiparon que esta iniciativa desalentará las inversiones y provocará un aumento de la actividad informal.

Según la iniciativa, para las empresas con ganancias mayores hay un esquema de alícuotas crecientes, de 30% sobre el excedente de $1,3 millones para todas las que registren ganancias de entre esa cifra y los $2,6 millones, más un pago fijo de $325.000.

Para las sociedades que ganen más de $2,6 millones, la alícuota pasa a ser del 35% sobre el excedente de ese monto más un cargo fijo de $715.000. Además, se fija una alícuota del 7% sobre la distribución de utilidades, que lleva a la alícuota marginal más alta al 39,55%.

La oposición de Juntos por el Cambio y el lavagnismo ya anticiparon su rechazo al proyecto del Gobierno, concebido para solventar el costo fiscal que implicará la suba del piso del impuesto a las ganancias para eximir del pago a todos aquellos asalariados con sueldos brutos hasta $150.000.

Asimismo, buena parte del arco opositor ratificó que no acompañará la reforma judicial ni la modificación de la ley de Ministerio Público, dos iniciativas con media sanción del Senado. La designación del nuevo ministro de Justicia, Martín Soria, un dirigente confrontativo y cercano al kirchnerismo, lejos de allanar la búsqueda de consensos en la Cámara de Diputados, dificultó la tarea.

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