Máxima tensión en los tribunales por el inicio del año electoral

“Va a ser un año bravo”. El comentario casi unánime se repite en los recoletos pasillos del Palacio de Justicia y en el amplio, despojado y frío hall del edificio de la justicia federal de Comodoro Py, en Retiro. Apenas comenzaron a resonar los pasos de jueces, fiscales y abogados que retornaron la semana pasada la actividad, tras las vacaciones de verano, todos transmitieron la misma sensación: que 2023 será un año judicial cargado de tensión, propio de los períodos electorales y más aún ante la posibilidad cierta de que se produzca un cambio de signo político en el poder.

No es para menos: el Gobierno promueve un juicio político contra todos los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, que avanza en el Congreso, aún a sabiendas de que el oficialismo no tiene los votos como para aprobarlo. Sin embargo, semana a semana se suceden las audiencias y este jueves se votará la admisibilidad de las denuncias.

Será ese el día en el que el oficialismo haga valer su mayoría para que el proceso contra los jueces Horario Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti pase a la etapa de instrucción con la recolección de pruebas. Se abre un espacio para que declaren testigos, pero también de debate, acerca de las facultades de la comisión para que comparezcan por la fuerza o incluso para acceder a cruces de llamadas telefónicas, como pretende el oficialismo.

El mismo día de la reunión de la Comisión de Juicio Político, este jueves, la Corte tiene previsto hacer su primer acuerdo del año. Allí debatirán no solo el contexto del debate parlamentario, sino que firmarán las primeras definiciones en la causa por la coparticipación federal, donde condenaron a la Nación a pagar 1100 millones de pesos diarios a la Ciudad y que motivó la presentación del juicio político.

Deben definir qué hacen con la recusación en pleno contra todos los jueces que presentó el Gobierno. La Casa Rosada hizo un planteo en diciembre y ahora lo amplió, al señalar que el propio juicio político es causal de recusación y que hay supuestas “relaciones indebidas” entre Silvio Robles, un funcionario de la Corte que asiste al juez Rosatti, y el ministro de Justicia y Seguridad (de licencia) de la ciudad, Marcelo D’Alessandro.

Una vez debatido este asunto, deben resolver la “revocatoria in extremis” que planteó la Nación y dar respuesta a la Ciudad, que denunció que el gobierno nacional incumplió el fallo porque no depositó un peso desde que salió la sentencia. La Casa Rosada abrió una cuenta donde depositó bonos, que la Ciudad rechaza.

La Corte, mas allá del caso que tensó la relación con la justicia hasta la ruptura, tiene además que decidir otro caso incómodo para el kirchnerismo, como es la nueva desobediencia en la que incurrió la presidenta del Senado al insistir con la designación de Martín Doñate en el Consejo de la Magistratura, partiendo el bloque del Frente de Todos para quedarse con dos consejeros por la mayoría y otro por la segunda minoría.

Todos fallos de alto impacto político, sin mencionar otros ligados directamente a Cristina Kirchner, como la posibilidad de que la Corte revoque el sobreseimiento de la vicepresidenta y de Axel Kicillof –ente otros– dispuesto en el caso “del dólar futuro”, sin ir a juicio, y ordene que ese juicio juicio oral y público se concrete.

Tensión e internas en Comodoro Py

La tensión conecta el Palacio de Justicia con el edificio de Comodoro Py 2002. Allí, la Cámara de Casación, el tribunal penal más importante por debajo de la Corte, tiene que resolver causas de alto impacto para Cristina Kirchner y la estela de corrupción de la obra pública en el kirchnerismo. Los jueces Ana María Figueroa, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone deben decidir si reabren el caso Hotesur y Los Sauces por lavado de dinero, que abarca también a Máximo y Florencia Kirchner, y la reapertura del caso del Memorandum con Irán. Hay un fuerte debate interno en la Sala para definir esta cuestión, que –contra todos los pronósticos– podría resolverse de manera sorpresiva con dos reveses para Cristina Kirchner.

Los mismos jueces tienen que decidir sobre Cristóbal López y Ricardo Echegaray, el primero absuelto y el segundo condenado por la multimillonaria retención del impuesto a las naftas por parte de Oil Combustibles.

Pero en la Casación los problemas no se agotan aquí. El juez Eduardo Riggi cumple 75 años el 16 de febrero, edad a la que debería dejar su cargo –lo manda asi la Constitución– excepto que el presidente Alberto Fernández envíe nuevamente su pliego al Senado para que le den acuerdo por otros cinco años. Ya hizo las gestiones, se inició el trámite, pero el decreto no salió. Riggi se tomó licencia y se despidió de sus colegas con incertidumbre: no sabe si les dijo adiós para siempre o solo por este mes.

En la Cámara hacen un cálculo político: al Gobierno le convendría darle acuerdo para tener un juez agradecido en los próximos cinco años, en que puede gobernar la oposición y, por añadidura, no dejaría una vacante en la Cámara de Casación penal para que la cubra otro color político. Son solo reflexiones en voz alta.

La jueza Ana María Figueroa también cumple 75 años este año, pero en agosto. Cercana al Gobierno, es la presidenta actual de la Cámara de Casación y (con el escenario antes descripto) tiene chance de que le prorroguen el acuerdo, si es que lo desea.

Otro de los jueces, Juan Carlos Gemignani, más joven que sus colegas, se tomó su licencia normal y hay quienes mencionan que tiene intenciones de extenderla para terminar un trabajo académico. En el Consejo de la Magistratura está pendiente una definición sobre una eventual sanción disciplinaria en su contra por cuestiones de género. Hay una vacante por cubrir.

La Cámara Casación recibirá este año, seguramente después de mayo, la causa donde Cristina Kirchner fue condenada a seis años de cárcel por corrupción en el caso de la obra pública. Los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo son los que revisarán esa sentencia. Mas tensión. La misma sala, pero con la jueza Angela Ledesma, revisa la condena a 12 años de cárcel por lavado de dinero contra Lázaro Báez, sus hijos y empleados. Probablemente la condena quede firme, aunque con penas más leves. Báez, según la condena, lavó dinero de la corrupción de la obra pública por la que fue condenada ahora Cristina Kirchner. Es parte de la trilogía de casos, con Hotesur y Los Sauces, donde se investiga corrupción en el kirchnerismo.

Cuentapropismo y recelos

La tensión en Comodoro Py 2002 alcanza también a la Cámara Federal y a los juzgados de primera instancia. “Ya no hay jefes, no manda nadie”, repite un magistrado que peina canas. Y como siempre pasa en los sistemas verticales, cuando no manda nadie, florecen el cuentapropismo y los recelos.

En la Cámara Federal fue designado presidente Leopoldo Bruglia, uno de los jueces anatema para el kirchnerismo, ya que junto con Pablo Bertuzzi, su colega de sala, recalaron allí porque fueron trasladados durante el macrisimo. El Gobierno los quiso expulsar pero no lo logró. A ambos la Corte les dijo que pueden quedarse en sus cargos, pero solo hasta que sean elegidos sus sucesores en un concurso.

Ese concurso avanzó casi hasta su definición, pero quedó congelado porque el Consejo de la Magistratura está paralizado. A fin del año pasado, casi se definen los nombres de la terna de candidatos para ocupar esas dos vacantes. El Gobierno había obtenido un voto del estamento de los jueces pero le faltaban uno mas. No lo consiguió.

Aquí ahora se da una puja entre aliados frecuentes: los jueces de la Asociación de Magistrados (de las listas más cercanas y más lejanas al Gobierno) quieren cubrir vacantes y Juntos por el Cambio no está dispuesto a dar los votos que permitan la salida de Bruglia y Bertuzzi. Este bloqueo, que frena cualquier cambio, puede variar. El presidente de la Corte, Horacio Rosatti, más los jueces y eventualmente el apoyo de los académicos, podría habilitar alguna votación que cambie en algo el escenario. Eso sí, primero deben lograr que funcione el Consejo de la Magistratura, que no se reúne en plenario desde junio de 2022.

En la Cámara Federal, Martín Irurzun, el más experimentado de los camaristas, comparte sala con Eduardo Farah y Alberto Boico, que supo ser abogado de Cristina Kirchner. Farah enojó al kirchnerismo la semana pasada con un fallo en el que decidió que el caso de Lago Escondido, donde se investiga el viaje de jueces, funcionarios porteños y exespías, por invitación del Grupo Clarín, pase de la justicia federal de Bariloche a Comodoro Py.

Y en la otra Sala, Bruglia comparte espacio con Bertuzzi y Mariano Llorens, que para Cristina Kirchner es mala palabra, ya que lo define como “el arquero del Liverpool”, el equipo que jugó un torneo de fútbol en la quinta de Macri.

Bruglia, que supo tener buena llegada hace una década en la Corte, ahora se siente defraudado porque el fallo sobre su continuidad en la Cámara Federal no cubrió las expectativas que le habían generado. Lo mismo Bertuzzi. Nadie manda allí.

La Cámara Federal tiene en sus manos causas sensibles para Cristina Kirchner y para la Corte. Por un lado, debe resolver en la causa del atentado contra la vicepresidenta si obtura o deja avanzar la pista que el kirchnerismo alimenta y que apunta al diputado de Gerardo Milman (Pro). Y por otro, debe decir si el violento grupo libertario Revolución Federal cometió delitos cuando arrojó bombas molotov y lanzó amenazas al kirchnerismo. Los procesaron por el delito de “imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor”, que se pena con hasta ocho años de prisión. Pero el debate es si sus expresiones son delictivas o si se está ante un caso de libertad de expresión.

El kirchnerismo promueve la idea de que a Cristina Kirchner la intentaron matar Fernando Sabag Montel y su novia, empujados por Revolución Federal, financiados por el Pro y con la intervención del diputado Milman, por lo que un fallo de la Cámara en estos dos causas es clave para el caso del intento de homicidio.

El otro asunto en la Cámara es sensible para la Corte. El juez Ariel Lijo tiene una causa relacionada con los desmanejos en la obra social del Poder Judicial, que fue utilizada por el kirchnerismo y los enemigos del juez de la Corte Juan Carlos Maqueda para avanzar en su contra. Lijo estaba a punto de archivarla cuando decidió admitir como querellante a Vanesa Siley, diputada y dirigente del gremio judicial kirchnerista. Esa decisión es la que está apelada en la Cámara Federal. Si el tribunal rechaza la querella de Siley, el caso quedaría archivado.

Entre los jueces de primera instancia hay más singlistas que nunca. Conservan sus terminales en la Corte, aunque cada uno se ocupa de su cuota de poder, que son las causas en trámite en su juzgado. María Servini juega sin marca. Ariel Lijo, que tuvo ascendencia sobre sus colegas, conversa con todos, pero hace tiempo que no se hacen los encuentros largos y ampliados en su despacho. Del juez Luis Rodríguez no se conocen noticias desde antes de la pandemia, cuando fue cuestionado por la forma en que llevó la causa de la fortuna de Daniel Muñoz, el fallecido multimillonario secretario de Néstor y Cristina Kirchner.

Julián Ercolini quedó mencionado como uno de los pasajeros en el viaje a Lago Escondido. Marcelo Martínez de Giorgi saca fallos por momentos cercanos al kirchnerismo y otros que buscan hacer equilibrio. Sebastián Ramos juega solo. Daniel Rafecas hace tiempo que se mueve solo. El Presidente lo postuló como candidato a procurador, pero el kirchnerismo le quitó apoyo.

María Eugenia Capuchetti aprendió a los golpes, con casos de altísimo voltaje, como el intento de asesinato contra Cristina Kirchner. Tras archivar y desarchivar por indicación de la Cámara Federal el caso del vacunatorio VIP, busca cuidarse, pero no se deja llevar por delante. Sebastián Casanello fue, si se quiere, de los primeros en construir su propio camino en Comodoro Py y por eso lo respetan.

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