Mauricio Macri, el juez Martín Bava y una hora de audiencia con un final desconcertante
Al expresidente le leyeron los cargos después de un inicio accidentado del trámite por problemas técnicos; pero el error inesperado del juez obligó a prorrogar la indagatoria
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Mauricio Macri llegó al juzgado de Dolores a las 11:50, con diez minutos de antelación, para declarar en indagatoria, acusado de haber ordenado a la AFI que espiara ilegalmente a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan. Se fue una hora y 20 minutos después, sin haber declarado, con el escrito que había llevado impreso sin entregar y con una audiencia suspendida no se sabe hasta cuándo.
Lo que pasó puertas adentro del juzgado de Martín Bava fue desconcertante. LA NACION lo reconstruyó en base al acta y a testimonios de sus protagonistas. La primera media hora, Macri y su abogado, Pablo Lanusse, la pasaron en una sala solos, con aire acondicionado (afuera hacía más de 30 grados), a la espera de una audiencia que no empezaba: habían saltado los tapones de la línea de las computadoras del juzgado. Cuando finalmente se resolvió el problema y parecía que el trámite avanzaba, una omisión de Bava fulminó la indagatoria. Macri no había sido relevado de guardar el secreto de inteligencia.
Por la mañana, en viaje rumbo a Dolores, Lanusse lo había advertido en una conversación que no debía trascender: iba a estar atento a que el relevamiento estuviera documentado en la causa, juran en las filas del macrismo. No lo estaba.
Todavía no lo sabían cuando Macri y Lanusse se reunieron, minutos antes de las 12:30 con el juez (que saludó a Macri llamándolo “presidente”) y el fiscal del caso, Juan Pablo Curi. La audiencia empezó como cualquier otra. Estaban también el secretario del juzgado Maximiliano Chichizola y Eliana Marchioni, funcionaria de la fiscalía. “Mauricio Macri”, dijo el acusado cuando el secretario le preguntó su nombre. Después, le leyeron cuatro páginas de acusaciones en su contra.
“Desde su cargo de Presidente de la Nación, por lo menos en el período comprendido entre el mes de diciembre del año 2017 y finales del año 2018, ordenó y posibilitó la realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas”, leyó el secretario. Bava añadió: “En principio”. El juez había escuchado la reprimenda de la Cámara Federal de Mar del Plata, que cuando lo confirmó al frente de la causa, le criticó lo asertivo de la descripción de su acusación.
El secretario se ofreció además a leer cuáles eran las pruebas esgrimidas por el juzgado en contra Macri, pero todos dijeron que no era necesario. Eran ocho páginas más.
“Comencemos”, dijo el juez. Pero en ese momento, el secretario sorprendió con una advertencia. Según consta en el acta de la audiencia, Chichizola informó a Macri sobre el trámite realizado ante la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). “En virtud del carácter de imputado, el día 1° de octubre se le requirió a la AFI que informe si para este acto era necesario el relevamiento del secreto”, informó. Dijo además que en la respuesta que la AFI brindó al juzgado el 6 de octubre, hace 22 días, “la AFI refirió –siempre según el acta- que en virtud del rol que le cupo al imputado como Presidente de la República Argentina, la actual interventora no se encuentra facultada para relevarlo del deber de guardar secreto, atento al cargo que ocupó el imputado”.
Tras la revelación del secretario, hubo un instante de silencio. “¿Y el relevamiento por parte del Presidente?”, preguntó entonces Lanusse. Para la defensa de Macri, la audiencia estaba terminada, a pesar de que el expresidente no tenía planes de hacer una declaración que sacara a la luz secreto alguno. Según habían adelantado a LA NACION fuentes que participan de la estrategia de defensa, Macri pensaba limitarse a decir que él nada tenía que ver con los hechos que se le imputaban.
Lanusse pidió entonces que, hasta tanto Alberto Fernández no eximiera a su defendido de preservar el secreto, la indagatoria se suspendiera. “Es lo que corresponde”, dijo. Le dieron intervención al fiscal Curi y él afirmó que coincidía con la defensa. La postura del fiscal mal pudo sorprender a Bava: Curi discutía ya esta cuestión con Alejo Ramos Padilla, el juez a quien reemplazó Bava, que decía que no era necesario el relevamiento.
“¿Por qué lo cree necesario?”, le preguntó el juez al fiscal. “Por el mismo motivo que lo entendió Usted, que se lo pidió a la AFI”, le contestó Curi. “Cualquier funcionario que tenga que develar información amparada por la Ley Nacional de Inteligencia debe ser relevado del secreto”, sostuvo el fiscal.
Bava explicó entonces que lo ocurrido había sido “un error” y anunció que la indagatoria continuaría el jueves próximo. Fue uno de los momentos más tensos de la jornada. Lanusse le preguntó cómo sabía que contaría con la respuesta del Presidente para entonces. Bava no siguió adelante. “Una vez recibida la respuesta requerida, se fijará nueva fecha de indagatoria”, escribió el juzgado en el acta. Minutos después, el juez tenía redactado el pedido al Presidente.
“El error fue de ustedes. La próxima vez, por Zoom”, dijo Lanusse. “¿Me puedo ir?”, preguntó Macri. Le dijeron que sí, pero faltaba firmar el acta y su abogado debió salir a buscarlo para que volviera.
Mientras tanto, en la Casa Rosada juraban que no tenían idea del pedido judicial que había recibido Cristina Caamaño. Y en el entorno de la interventora de la AFI buscaban explicar que con su respuesta ella no le había derivado la responsabilidad al Presidente. A las 19, en un trámite inusualmente veloz, Fernández había firmado ya el relevamiento para que la indagatoria de Macri se concrete.
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