Más problemas para el oficialismo: Juntos por el Cambio rechazó darle un tratamiento exprés al presupuesto en el Senado
El principal bloque opositor no habilitará el debate sobre tablas para que el proyecto pueda llegar al recinto la semana próxima
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Los planes del oficialismo para apurar el Presupuesto 2022 se siguen complicando. Juntos por el Cambio decidió que no le facilitará al Frente de Todos la aceleración del tratamiento del proyecto en el Senado y frustrará, de esta manera, el trámite exprés que el kirchnerismo pensaba imprimirle al debate en la Cámara alta y sus intenciones de sancionar la ley la semana próxima.
Así lo decidió esta tarde el interbloque de senadores de Juntos por el Cambio, que se reunió para decidir la estrategia que adoptará de cara al eventual debate del Presupuesto en el Senado.
“El oficialismo nos pidió si podríamos acelerar el tratamiento para la semana próxima pero hemos decidido que queremos cumplir con el Reglamento y esperar los siete días después de que se firme el dictamen de comisión”, afirmó el flamante presidente del interbloque de senadores de Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo (UCR-Mendoza), en diálogo con LA NACION.
La negativa a aportar los dos tercios para acelerar el trámite legislativo se suma al rechazo al proyecto, decisión que ya había adoptado Juntos por el Cambio a inicios de la semana. Esto postergará, en el mejor de los escenarios, la sanción de la denominada ley de leyes para después de Navidad. Las fechas que se manejan serían 28 o 29 de diciembre.
“No hay margen político para darle los dos tercios al oficialismo para acelerar el debate”, le había confiado a este diario un senador de Juntos por el Cambio poco antes de que comenzara la reunión, realizada en el Salón Eva Perón de la Cámara alta y que contó con la participación de más de una veintena de los 33 senadores que conviven bajo el sello de Juntos por el Cambio.
La postura esgrimida ayer por el cordobés Luis Juez, quien consideró imposible darle los dos tercios para tratar sobre tablas el proyecto al oficialismo, es compartida por otros referentes de la bancada opositora, como Cornejo (UCR-Mendoza), el presidente del bloque Pro, Humberto Schiavoni (Misiones) y el peronista disidente Juan Carlos Romero (Salta), de reciente incorporación al conglomerado opositor, y el radical porteño Martín Lousteau, entre otros.
Esta decisión frustra de manera definitiva la intención del oficialismo en el Senado de tener aprobado el Presupuesto 2022 antes de fin de año, ya sea como una señal del Gobierno en su negociación con el Fondo Monetario o para evitarle a los legisladores el engorro de tener que viajar a Buenos Aires entre las fiestas.
La hoja de ruta que había planificado el jefe de la bancada oficialista, José Mayans (Formosa), contemplaba convocar a la comisión de Presupuesto y Hacienda el próximo lunes para emitir dictamen –si bien el cuerpo legislativo todavía no se constituyó, tras la renovación de un tercio de la Cámara el oficialismo mantendría la mayoría–; y llevarlo al recinto al día siguiente, siempre y cuando consiguieran la anuencia de la oposición.
Según el reglamento del Senado, entre la firma del despacho de comisión y su debate en el hemiciclo deben mediar siete días. Esa condición solo puede evitarse con el voto de los dos tercios de los presentes, para habilitar su tratamiento sobre tablas, lo cual requiere de un amplio acuerdo legislativo. Este waiver reglamentario es el que no estaría dispuesto a darle Juntos por el Cambio al Frente de Todos.
Aunque resulte paradójico, a pesar de haber perdido en las elecciones seis senadores y la mayoría y el quorum propio, el oficialismo tiene casi asegurada la sanción del Presupuesto 2022 en el Senado.
A sus 35 senadores se sumarían los apoyos de los provinciales Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) y Magdalena Solari Quintana (Frente Renovador de la Concordia de Misiones).
Eso sí, antes el Frente de Todos debería lograr aprobarlo en la Cámara de Diputados, algo que se presenta complicado por la fuerte resistencia que genera el proyecto redactado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, y modificado por el oficialismo para satisfacer los reclamos de los gobernadores.
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