Más parches en serio que reformas de fondo

El avance del proyecto oficialista de reforma de la Corte Suprema asoma como un caso emblemático de desacople entre ciudadanía y política en cuanto a urgencias, necesidad y preocupaciones. Un auténtico choque de intereses. La trascendental reforma llegó al recinto de manera tan apresurada (y forzada) que no solo no contaba con apoyo social ni con un mínimo acuerdo entre oficialismo y oposición previos. Escenas de polarización extrema.

Ni siquiera la conducción oficialista había logrado alcanzar un acuerdo a priori entre quienes dieron número y apoyo para tratar la iniciativa sobre aspectos tan centrales como el número de integrantes que tendría el máximo tribunal ampliado, cuando ese era el eje de los cambios.

El tratamiento de esa reforma estructural inspirada en motivaciones coyunturales, que de convertirse en ley y aplicarse anticipa con cambiar significativamente el funcionamiento del Poder Judicial a futuro, contrasta una vez más con las dificultades para abordar cambios de fondo en temas que parecen más acuciantes, como por ejemplo la economía.

A pesar de la necesidad compartida de realizar reformas económicas estructurales para romper el patrón de crisis recurrentes y decadencia, las antinomias y los intereses contrapuestos reaparecen al momento encarar las transformaciones más demandadas.

La paradoja de esa dinámica, que podría definirse como de consenso conceptual y disenso operativo, adquiere más relevancia al constatarse que lo que no se puede ni siquiera intentar en materia económica sí es posible forzar a veces en cuestiones políticas cuando se logran alinear algunos intereses desde el poder (aun en decadencia). El caso de la reforma de la Corte resulta paradigmático.

En la misma línea se inscribe la instalación del debate sobre la reforma de la ley electoral vigente para derogar o suspender las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) que impulsa buena parte del oficialismo y que ya no parece encontrar tanta resistencia en Alberto “que se doble, pero no se rompa” Fernández. El Presidente empezó a virar una vez más desde la intransigencia absoluta a la aceptación (o la resignación) impuesta por las relaciones de fuerza de su propio espacio. Del equilibrista al contorsionista en un par de años.

El regreso del Frente de Todos

El oficialismo vuelve con estas dos iniciativas a ser, aunque sea por un rato, el Frente de Todos, capaz de reunir otra vez al pamperonismo y poner en jaque a la oposición cambiemita.

En torno de las dos reformas en marcha y en ciernes el cristicamporismo y los gobernadores han logrado encontrar una nueva confluencia de intereses para ganar poder o, al menos, para no perderlo por anticipado.

En el plano judicial, la ampliación del máximo tribunal aparece más como un ejercicio de disciplinamiento que como un recurso para lograr en lo inmediato cambios de fondo en el funcionamiento de la Justicia o en la jurisprudencia, entienden desde la oposición.

La sincronía del tratamiento en el Senado con el avance del juicio oral contra Cristina Kirchner no es una coincidencia casual. El alegato que pronunciará la vicepresidenta encausada hoy lo demostraría acabadamente, aun desde la negativa de cualquier búsqueda de beneficios personales. Estrategias defensivas.

Las causas en curso, como las que preocupan y persiguen a la vicepresidenta Kirchner, no cambiarían su derrotero en el corto plazo, pero podrían entrar en otra fase a futuro. Más aún, las que todavía están en una etapa controversial con apelaciones en desarrollo o sin haber entrado en la etapa de juicio oral. Coyunturas permanentes.

Para entender esa distinción vale la explicación de uno de los especialistas en temas jurídicos al que consultan altos dirigentes diversos de la alianza opositora: “Si el proyecto de reforma de la Corte lograra vencer la resistencia de la oposición en la Cámara Diputados para convertirse en ley, resultaría impensable que después el oficialismo logre reunir los dos tercios de los votos para elegir a los ministros, pero igualmente va a ejercer presión en el sistema”. La imposibilidad de alcanzar la mayoría especial para designar al procurador general de la Nación desde hace ya seis años resulta ejemplar y muy extensible a este caso.

Lo cierto es que esta reforma judicial así como la electoral no necesariamente le servirán al Frente de Todos para convertirse por su simple sanción en una opción triunfante, al estilo 2019, pero sí como una alianza con posibilidades de mantener la competitividad en el nivel nacional y preservar los territorios subnacionales en su poder.

Tampoco importan, al menos ahora, la voces que alertan sobre los permanentes cambios de reglas que alteran la previsibilidad, la estabilidad y hasta la seguridad jurídica que pueden tener consecuencias económicas en el mediano y largo plazo. Las objeciones valen para las dos reformas en cuestión. No solo para la de la Corte, a la que ya importantes sectores de la producción y los servicios han objetado por esas razones.

La posibilidad de fragmentar a la oposición cambiemita que ofrecen estos cambios, sobre todo la eventual derogación de las PASO, apuntaría a compensar la desventaja objetiva que la crítica situación económica podría seguir imprimiéndole al oficialismo. A la precaria estabilización cambiaria aún le falta, como mínimo, el correlato en el plano inflacionario y el impacto que tendrá el ajuste en marcha en los ingresos y en el crecimiento.

Sin reformas de fondo

Como ya se señaló, ni hablar de reformas estructurales, mucho menos cuando ya empezó a correr la cuenta regresiva para el año electoral en el que se elige presidente. Y mucho más cuando el sustento político es demasiado flaco para afrontarlos, la convicción para hacerlos demasiado lábil y las diferencias sobre el carácter de tales cambios son extremas dentro del oficialismo. Solo se trata de llegar.

Para profundizar aún más la contradicción y el distanciamiento entre los intereses de la dirigencia política y las urgencias de la sociedad, mientras avanzan estas reformas estructurales, la crítica situación económica es abordada con la aplicación de parches en serie. Y, para peor, muchos de esos remiendos terminan anulándose entre sí, como se advirtió en los últimos días con las medidas cambiarias dispuestas por el ministro de Economía y relativizadas o desnaturalizadas por disposiciones del (súper) presidente del Banco Central, con la venia de Fernández.

La política de los remiendos, marchas y contramarchas no empezó con Sergio Massa y su contraparte albertista Miguel Pesce, pero sí se profundiza a medida que las urgencias chocan con las limitaciones que la política y el calendario electoral le imponen al Gobierno.

En momentos en que las encuestas de opinión y la caída de la participación en las últimas elecciones legislativas nacionales muestran signos crecientes de una crisis de representación, el accionar de la política desacoplado de las expectativas y demandas ciudadanas refuerza los prejuicios de quienes piensan que las medidas y los proyectos de leyes están basadas solo en urgencias electorales y judiciales que atañen e interesan solo al oficialismo.

Aunque es probable que la instalación de dos proyectos de semejante relevancia resulten una estrategia para tener una moneda de cambio y lograr la aprobación de, al menos, uno, como suponen algunos líderes parlamentarios de Juntos por el Cambio, las posibilidades de éxito para el pamperonismo reunido no están descartadas en ninguno de los dos casos. Es lo que empiezan a temer algunos experimentados parlamentarios cambiemitas.

Los números del Congreso están en pleno proceso de ajuste. Y la coordinación, así como la disciplina de los distintos bloques opositores, es un objetivo a conseguir que no tienen asegurado. La imposibilidad de designar un jefe de interbloque en Diputados expone las limitaciones y dificultades que tiene Juntos por el Cambio para hacer frente a los desafíos legislativos que sabe imponerle el oficialismo.

Las discusiones previas y las posiciones anticipadas respecto del próximo tratamiento del presupuesto para 2023 ofician de aperitivo sobre la picada tabla en la que se juega la interna cambiemita.

Por eso, las amenazas no están dadas solo por lo que es capaz de hacer el revivido (por la necesidad y la supervivencia) Frente de Todos. A eso cabe sumar la disposición a la derogación de la internas que ya expresó el cordobesismo peronista y al que se podrían sumar otros legisladores del peronismo no kirchnerista, como el que se agrupa en torno de Florencio Randazzo.

“El oficialismo tiene un penal a disposición para hacer el gol. Aunque puede sobregirarse y tirarlo afuera”, explica un curtido parlamentario de Juntos por el Cambio.

“Para las terceras fuerzas las PASO son un cepo, porque en la Argentina se han transformado en una primera vuelta. Eso hace que en los comicios generales prime el voto útil y sus chances electorales se reduzcan a la mitad. Eso debilita no solo las posibilidades de disputar los cargos ejecutivos, sino que reduce a mínimos su representación legislativa. Ahí el Frente de Todos tiene una oportunidad enorme de sumar los votos que les faltan para que la derogación se haga efectiva”, afirma el dirigente que conoce como pocos los intereses y la idiosincrasia de los que están obligados a transitar por la avenida del medio.

Grietas cambiemitas

A ese escenario favorable para los abolicionistas de las primarias, se suman las diferencias de perspectivas y de intereses que comienzan a permear en la aparente cohesión cambiemita. La tentación para eludirlas empieza a corroer la hasta hace poco resistencia monolítica a la suspensión de las PASO.

En los últimos días comenzaron a trascender especulaciones y dudas sobre el beneficio de mantener las internas obligatorias. No es cuestión de principios, sino de cálculos electorales. La desconfianza está a la orden del día.

Los movimientos y la independencia de criterio que le gusta demostrar al radical Facundo Manes empiezan a ser mirados con suspicacia por sus correligionarios y socios cambiemitas.

Otro tanto ocurre dentro de Pro. Desde el sector de Patricia Bullrich instalan dudas sobre el larretismo. “No hay que descartar que si llega, el día del tratamiento en el recinto aparezcan varios partes de enfermo y viajeros de urgencia entre los nuestros”, advierte con mordacidad un diputado enrolado en el grupo de los halcones.

Como siempre, las hipótesis se trazan mirando a quiénes beneficiaría y a quiénes perjudicaría un cambio de las reglas de juego. Los que tienen control del aparato partidario o están al frente de un gobierno tendrían más elementos a favor para propiciar la suspensión. Terreno fértil para que el oficialismo siga sembrando semillas de discordia.

La política volvió a jugar el juego que más le gusta, aunque ninguno de los problemas de fondo se haya solucionado, los casos que conmovieron a los argentinos se hayan esclarecido ni la esperanza social tenga visos de recobrarse. Tiempo de parches y remiendos.

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