Causa Vialidad: Cristina Kirchner activa un operativo de apoyo público y denuncia un intento de “proscripción”

A horas del cierre de los alegatos de la fiscalía en la causa Vialidad, funcionarios, diputados, senadores, gobernadores y más de 500 intendentes del interior del país mostraron su apoyo público a la vicepresidenta Cristina Kirchner, acusada en el expediente de liderar una asociación ilícita y de beneficiar con contratos de obra pública a Lázaro Báez.

El kirchnerismo instala desde hace días que el objetivo final de la causa y una eventual condena es la proscripción de la vicepresidenta de cara a las elecciones. Sostiene el relato con campañas en redes, discursos públicos de sus dirigentes y con solicitadas. En las últimas horas se adhirió el canciller Santiago Cafiero. “Quieren proscribir a Cristina Kirchner. La extrema derecha en América Latina es antidemocrática. Lo hicieron con Perón y recientemente con líderes populares como Evo Morales y Lula”, escribió Santiago Cafiero.

Además, desde las usinas del kirchnerismo difundieron una lista de jefes comunales que atribuyen el juicio de Vialidad a una persecución política y judicial contra la vicepresidenta. En el mismo día, también publicaron cartas del bloque de Diputados y Senadores del Frente de Todos. El gobernador Axel Kicillof también se sumó y advirtió: “basta de lawfare”. Acompañó el mensaje con un comunicado de los bloques de la Legislatura bonaerense en la misma línea. Tal como publicó LA NACION, el fiscal Diego Luciani terminará hoy su alegato y podría pedir una pena de al menos 10 años de cárcel para Cristina Kirchner.

El respaldo de Diputados

En una solicitada difundida en redes sociales, los diputados del oficialismo acusaron al Poder Judicial de perseguir a Cristina Kirchner con el objetivo de “anularla” políticamente. “Desde hace décadas, líderes populares en Argentina son estigmatizados a partir de falsas denuncias construidas en su contra”, aseguraron los parlamentarios en el comunicado difundido esta tarde por los canales oficiales del partido oficialista.

Y advirtieron: “La compañera Cristina, desde hace años, es víctima de espurias estrategias y en las próximas horas tendremos nuevos episodios de una larga historia de persecución”.

Leopoldo Moreau fue uno de los pocos legisladores que no solo divulgó el comunicado sino que, además, decidió realizar un posteo con declaraciones alusivas al hecho. “Mañana culmina el montaje de un gran operativo de persecución política contra Cristina Kirchner. Un fiscal sin pruebas concretas en el juicio apelará a un compendio de frases construidas en el tiempo por Clarín, La Nación, [Jorge] Lanata y hasta Viviana Canosa. También echará mano a dichos de otros juicios”, reprochó.

Y concluyó: “Sabe que goza de la impunidad de ser compinche del presidente del tribunal otro ejemplar del odio que anida en los chetos que se creen representantes de las clases superiores y vengadores de quienes tuvieron que pagar con cárcel por la violación de los Derechos Humanos durante la dictadura militar. De estos hay unos cuantos parientes refugiados en los tribunales de Comodoro Py. El pueblo movilizado pacíficamente se encargará de defender el Estado de Derecho”.

El apoyo de intendentes

En el texto, los alcaldes se refirieron a la “utilización” del sistema judicial para “estigmatizar”. Y señalaron que este procedimiento implica una “práctica violatoria de los derechos humanos” y apuntaron también a parte de la prensa.

“Los intendentes del interior del país manifestamos nuestra preocupación frente a la utilización del sistema judicial como un mecanismo de estigmatización, de condicionamiento y disciplinamiento social”, comienza el escrito de los funcionarios locales.

Y sigue, con énfasis en la situación de la dirigente del Frente de Todos: “La persecución judicial sobre la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que se instrumenta con la activa participación de numerosos medios de comunicación, constituye una práctica violatoria de los derechos humanos que bajo el maquillaje de la aplicación de la justicia, pretende condicionar, invisibilizar, y anular social y políticamente”.

En la última parte del comunicado los intendentes sostienen que los argentinos y las argentinas merecen “una Justicia a la altura de las circunstancias, de cara a la celebración de 40 años de democracia ininterrumpida”, que se cumplirán el año próximo, y cierran: “Llamamos a la reflexión a la comunidad en su conjunto para rechazar estas prácticas institucionales y consolidar la plena vigencia de los derechos humanos”.

Esta muestra de respaldo a Cristina Kirchner aparece justo antes de que comience la semana en que el fiscal Diego Luciani pedirá una pena contra la vicepresidenta y otros funcionarios kirchneristas. Según el alegato, Cristina Kirchner utilizó la obra pública de Santa Cruz para obtener beneficios económicos, en vinculación con el empresario Lázaro Báez.

Ante el avance de esta carátula, en estos últimos días también La Cámpora y otros sectores de la terminal kirchnerista del Gobierno -que entienden que el procedimiento judicial responde a maniobras de lawfare- aumentaron la presión a la Justicia. “No jodan con Cristina” o “si la tocan a Cristina”, fueron algunas de las advertencias contra los jueces, a quienes tildaron de “macristas”.

En esta carta, en tanto, son ocho los intendentes firmantes de Jujuy; 17, de Catamarca; 38, de Tucumán; cuatro, de Salta; 158, de Santiago del Estero; ocho, de Corrientes; 47, de Chaco; 37, de Formosa; uno, de Misiones; 55, de Córdoba; 34, de Santa Fe; 33, de Entre Ríos; dos, de Mendoza; uno, de San Luis; dos, de San Juan; 17, de La Rioja; nueve, de Chubut; siete, de La Pampa; cuatro, de Neuquén; ocho, de Río Negro; tres, de Tierra del Fuego; y 16, de Santa Cruz.

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