Martín Soria criticó a Eduardo Casal y anticipó cambios a la reforma del Ministerio Público que sancionó el Senado

Con la ausencia de las dos principales bancadas de la oposición, Juntos por el Cambio y Consenso Federal, el ministro de Justicia, Martín Soria, anticipó en la Cámara de Diputados las modificaciones que el Gobierno analiza introducir al proyecto de reforma a la ley de Ministerio Público Fiscal, con media sanción del Senado. El funcionario embistió –una vez más- contra el actual procurador interino, Eduardo Casal, a quien acusó de haber provocado una “crisis de legitimidad” en el organismo que conduce y calificó de “caraduras” a los opositores que no asistieron al encuentro.

Si bien enfatizó que la reforma “no debe tener nombre y apellido”, Soria no se privó de reclamar a viva voz la salida de Casal. “El procurador interino, más temprano que tarde, tendrá que irse. No por esta ley, no porque haya sido funcional a la mesa judicial (de Mauricio Macri), no porque ande por ahí haciendo uso de un poder temporal protegiendo fiscales que cometieron delitos o apretando fiscalas (sic) en un claro acto discriminatorio –enfatizó Soria ante los legisladores que componen el plenario de las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales–. Se va a terminar yendo porque es eso, un procurador interino, y como todo interinato, este debe ser breve”.

El funcionario no se quedó allí: advirtió que el Ministerio Público atraviesa “una profunda crisis de legitimidad”, una crisis, dijo, que se genera por lo prolongado del actual interinato ejercido por Casal. “Es el interinato del Procurador General de la Nación más largo de la historia de la que se tenga registro” lo que provocó, a su juicio, “una verdadera parálisis institucional” del organismo y “una falta de conducción que terminó repercutiendo sobre todo el sistema de Justicia”.

Soria, quien expuso durante más de una hora ante el plenario de las comisiones, dedicó varios párrafos a criticar a los legisladores de Juntos por el Cambio por su faltazo al encuentro. Los opositores habían anunciado que no participarían de la reunión informativa porque, a su juicio, la reforma del Ministerio Público Fiscal aprobada por el Senado procura afecta la independencia de todos los fiscales del país y someterlos al control político del kirchnerismo.

“Los mismos que minimizan los efectos de la pandemia y rechazan restricciones son los que usan la pandemia como excusa para no venir a trabajar ni a debatir –asestó Soria–. Dicen que no es urgente avanzar en una reforma de la Justicia, se aprovechan de la parálisis del Ministerio Público Fiscal y de su falta de legitimidad. Llama la atención lo caraduras que son, pero bueno, más allá del circo mediático que armaron, es trabajo de ustedes, de esta cámara, el de avanzar.”

Soria anticipó que los cambios al proyecto con media sanción fueron recogidos de los encuentros que mantuvo con Carlos Rívolo, de la Asociación de Fiscales de Argentina; con Marcelo Gallo Tagle, de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional –ambos críticos de la media sanción del Senado-; con Stella Maris Martínez, Defensora General y con un grupo de fiscales mujeres.

Precisamente, Soria citó a Rívolo y a Gallo Tagle a la hora de refrendar uno de los aspectos más polémicos del proyecto, aquel que establece que el futuro procurador pueda ser designado por mayoría absoluta del Senado. “En esto fueron coincidentes los dos presidentes de las asociaciones fiscales y de magistrados con los que tuve oportunidad de reunirme –dijo Soria–. Ambos coincidieron en que las mayorías necesarias para designar al procurador son decisiones de la política, que debe resolver el Congreso de la Nación”.

Soria exaltó que, de aprobarse la ley, el mandato del procurador dejará de ser vitalicio para tener una duración de cinco años (tal como aprobó el Senado). Al acortarse, sostuvo, no debería necesitarse una mayoría agravada de dos tercios en el Senado para su designación, por ello se mantendría el de la mayoría absoluta.

Sí habría cambios en la composición del Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público para “mejorar el equilibrio de representación” y propuso integrarlo con un representante del Poder Ejecutivo, dos de la Comisión Bicameral de Seguimiento del Ministerio Público –uno por la mayoría, otro por la minoría–, otro del Consejo Universitario, un abogado según la competencia del fiscal acusado y dos fiscales elegidos por el Ministerio Público. A su vez, adelantó que el quorum se reunirá con cuatro de los siete integrantes, que para el apercibimiento será necesaria una mayoría absoluta y para la remoción, las dos terceras partes.

También propuso que las designación de un fiscal interino, en caso de vacancia, debe ser elegido por el Poder Ejecutivo sobre la base de una terna elevada por la Comisión Bicameral. Soria sostuvo que, así, se limitarían las excesivas atribuciones que gozaría este cuerpo con la media sanción del Senado y se evitaría el “cogobierno” que cuestionaron las asociaciones de fiscales y magistrados.

Ante una pregunta del diputado misionero Diego Sartori sobre cómo se preservará la independencia del Ministerio Público Fiscal ante la flexibilidad de la mayoría que se instrumentaría para designar al futuro procurador, Soria enfatizó: “La autonomía y la independencia es un tema central para nosotros, aunque debemos compatibilizar esta garantía con el dinamismo y la flexibilidad que este organismo necesita para instrumentar el sistema acusatorio. Esta ley, con todas estas modificaciones, viene a proteger la garantía autonomía e independencia tres cuestiones: primero, en materia de financiamiento: vamos garantizar la autarquía financiera del Ministerio Público devolviéndole el financiamiento que Macri le quitó. La segunda cuestión tiene que ver con el límite temporal del mandato: se prohíbe que la designación del procurador coincida con un año electoral que se elija presidente. Es un proyecto de (Martín) Lousteau. Tercero, se mantiene los dos tercios de los votos para remover al procurador”.

Sin embargo, el funcionario no aclaró –tampoco los diputados oficialistas le preguntaron– si hay un compromiso del Senado –que controla Cristina Kirchner– de aceptar los cambios que eventualmente se introduzcan en la Cámara de Diputados. Sucede que la Cámara alta, al ser cámara de origen, tiene la potestad de ratificar la sanción original aprobada en noviembre último y desconocer las modificaciones incluidas en el texto.

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