Mariano Ferreyra: a diez años del asesinato que expuso un sistema de violencia y corrupción sindical
LA NACIONMarcelo Veneranda
"¡Corran que se vienen! ¡Saquen a las mujeres!". Con la cabeza todavía sangrando por una pedrada, esa fue la última frase que pudo escuchar Pablo Reinoso, militante del Partido Obrero. Los disparos taparon el resto de los gritos en la esquina de Pedro de Luján y Perdriel, en Barracas. Fueron los disparos que terminaron con la vida de Mariano Ferreyra, de 23 años, militante de la rama juvenil del Partido Obrero (PO), hirieron a otras tres personas y desataron la furia de organizaciones políticas y sindicales de izquierda, que denunciaron como responsable del homicidio a "la patota" de la Unión Ferroviaria, el gremio conducido por José Pedraza.
Diez años atrás, así comenzaba la crónica con la que este diario daba cuenta de la emboscada de una patota sindical a medio centenar de militantes y exempleados tercerizados del Ferrocarril Roca, que esa mañana del 20 de octubre de 2010 se habían replegado a Capital tras intentar cortar las vías de tren de la estación Avellaneda, del otro lado del Riachuelo, en reclamo por trabajo.
El asesinato de Ferreyra marcó el inicio de los días más convulsionados de aquel 2010: una semana después fallecía en El Calafate el expresidente Néstor Kirchner, un hecho que redefiniría tanto la arquitectura del poder en el país como el final del primer gobierno de Cristina Kirchner o, en todo caso, el inicio de la transición hacia su segundo mandato: bajo el luto, la actual vicepresidenta conseguiría el respaldo en las urnas del 54% de los votos.
El propio kirchnerismo trazaría una unión entre ambos hechos. "La bala que mató a Mariano Ferreyra rozó el corazón de mi padre", propuso Máximo Kirchner, en un intento por redefinir simbólicamente un escenario que hasta entonces no ubicaba a la Casa Rosada del lado de las víctimas, sino como aliado de los victimarios.
La frase sería amplificada por Cristina Kirchner en el inicio del juicio a Pedraza. En agosto de 2012, la expresidenta recordó las palabras de su hijo y dijo que Néstor Kirchner, que venía de sobreponerse de una angioplastia, había quedado "muy conmocionado" por la muerte del militante. Enfatizó, además, que fue su Gobierno el que aportó un testigo clave para que la investigación judicial contra Pedraza se acelerara.
Mientras la izquierda rechazaba esa "reinterpretación" de la tragedia promovida por el kirchnerismo, el propio Pedraza confirmaba que la historia discurría ya por el carril de la farsa. "La bala que rozó el corazón de Kirchner también rozó el mío", dijo el 19 de abril de 2013, ante la Justicia, horas antes de ser condenado por la bala real, la que mató a Ferreyra.
El kirchnerismo necesitaba redefinir ese asesinato, que chocaba de plano contra su discurso y contra las convicciones de buena parte de sus adeptos y referentes. La víctima, Mariano, era un militante, joven, obrero (tornero) y dirigente de la FUBA, que encima era capaz de hacerse del tiempo para recorrer las estaciones del Roca tratando de movilizar a los trabajadores tercerizados para que pelearan por sus derechos.
Para completar la pesadilla, el kirchnerista era Pedraza, un dirigente gremial que se había ganado el respeto (incluso de la izquierda) por su actuación durante la dictadura, pero que al frente de la Unión Ferroviaria (desde 1983) abrazó el cierre de ramales y las privatizaciones del menemismo, convirtiéndose él también en empresario.
Con una vuelta de rosca adicional: además de su doble rol sindical-patronal, Pedraza y sus aliados movían los hilos de un tercer negocio: el de las cooperativas de mantenimiento del ferrocarril, que recibían contratos millonarios pero empleaban a trabajadores precarizados, los tercerizados, que cumplían la misma función que los afiliados del gremio pero por un salario módico. Era un negocio que llevaba años y que el peronismo, la CGT y el Gobierno no desconocían.
A esos tercerizados acompañaba en su reclamo Mariano Ferreyra la mañana del 20 de octubre de 2010, cuando lo mataron. Fue en manos de una patota que, según quedó expuesto en la investigación judicial, estaba integrada no solo por barras y "culatas" todoterreno, sino también por algunos trabajadores que acudieron bajo presión del gremio o incentivados por una mejora salarial. La detención de Pedraza, el 22 de febrero de 2011, en un lujoso departamento de Puerto Madero, completó ese racimo de contrasentidos.
Pocas horas después del asesinato, el Partido Obrero denunciaba a Pedraza y la cúpula de la Unión Ferroviaria, pero también al Gobierno, al que responsabilizaba por la actuación de la Policía Federal, que junto a la Policía Bonaerense no se limitó solamente a impedir que los tercerizados cortaran las vías del tren, sino que facilitó el ataque y la posterior huida de la patota.
Al día siguiente, el PO recibía el apoyo de otros partidos de izquierda, organizaciones estudiantiles y sindicales combativas, organismos de derechos humanos, dirigentes piqueteros no kirchneristas y kirchneristas, como Luis D’Elía, en una movilización que llevó a más de 50.000 manifestantes hasta la Plaza de Mayo. Allí volvieron a reclamar justicia por Mariano Ferreyra, y castigo, con nombre y apellido, para sindicalistas, funcionarios y empresarios.
El Gobierno acusó el impacto y tardó en definir una postura clara. El día del asesinato, la Presidenta encabezó a las 18.30 un acto en la Casa Rosada, donde no dijo nada del tema. Más tarde, cuando fue abordada por la prensa, expresó su "más enérgico repudio" por los hechos de violencia y se comprometió "a trabajar fuertemente en la identificación de los autores materiales e intelectuales". Luego, en su cuenta de Twitter, destacó: "Me llama poderosamente la atención el desarrollo de los hechos".
Al día siguiente volvió sobre esa idea. "Hay algunos que hace mucho tiempo que buscan un muerto en la Argentina y como no lo pudieron lograr desde las fuerzas de seguridad comandada por los sectores políticos de la democracia, aparecen bandas", dijo.
Funcionarios de primera línea se dedicaron en los días siguientes a abonar esa hipótesis, la de una conspiración detrás del asesinato, y hasta hicieron circular los nombres de Eduardo Duhalde y de algunos "Gordos" de la CGT como responsables. Otros se dedicaron durante semanas culpar a la izquierda por crear "un marco de violencia", como justificativo del asesinato.
La muerte de Néstor Kirchner cambió rotundamente el eje de la agenda pública, pero la presión permanente de la izquierda y los gremios combativos, respaldados por referentes de la cultura y los derechos humanos -e incluso dirigentes del kirchnerismo y La Cámpora-, mantuvieron vivo el reclamo de Justicia.
El avance de la investigación judicial convalidó en parte sus denuncias y expuso la mecánica y las complicidades detrás del asesinato. En un fallo inédito, y por unanimidad, el 19 de abril de 2013 los jueces Horacio Dias, Diego Barroetaveña y Carlos Bossi condenaron a Pedraza y su segundo, Juan Carlos "Gallego" Fernández, a 15 años de prisión como partícipes necesarios del crimen.
El barrabrava de Defensa y Justicia Cristian Favale y el de Racing Gabriel "Payaso" Sánchez recibieron una pena de 18 años, como autores materiales de los disparos que mataron a Ferreyra e hirieron de gravedad a Elsa Rodríguez. También recibió 18 años el delegado Pablo Díaz, que se mostró al frente de la patota y durante la jornada se comunicó continuamente con la cúpula de la Unión Ferroviaria.
Los jueces también condenaron a los comisarios Luis Osvaldo Mansilla y Jorge Ferreyra, de la División Roca, a diez años y nueve años de prisión, como responsables de homicidio. El ferroviario Claudio Alcorcel, sospechado de convocar a Favale, recibió ocho años de prisión, mientras que Salvador Pipitó y Daniel González, que amenazaron a los periodistas de C5N para que no grabaran lo sucedido, recibieron 11 años por coacción agravada.
El Partido Obrero nunca dejó de reclamar por las responsabilidades políticas y empresarias detrás del asesinato. Aunque reconocen un componente singular del fallo: los jueces sumaron como prueba que Pedraza corría riesgo político si permitía el ingreso en el gremio de los tercerizados de izquierda, que jaqueaban su liderazgo.
Así como el kirchnerismo puede atribuirse méritos por la celeridad con la que avanzó el juicio, también es cierto que durante las audiencias quedaron expuestos sus vínculos con Pedraza. Uno de los más afectados fue el exministro de Trabajo Carlos Tomada, de quien se reveló una conversación telefónica con el sindicalista.
En esa llamada, tres meses después del asesinato, Tomada le aconsejaba a Pedrada "empezar a trabajar políticamente [a los tercerizados]" que el Gobierno iba a hacer entrar al Roca, insistía en que había que "hacerles la cabeza" y resumía, de manera desafortunada: "La mejor defensa es un buen ataque". En otra grabación judicial, un mes después, la entonces viceministra Noemí Rial se solidarizaba con el principal acusado del crimen tras un allanamiento al gremio: "Llamame a mi casa cualquier cosa que necesites, José".
Otros funcionarios respaldaron voluntariamente a Pedraza en el juicio y apuntalaron su estrategia de defensa. Fue el caso del exsecretario de Transporte Juan Pablo Schiavi, quien además compartió un acto con el dirigente sindical en el momento en que asesinaban a Ferreyra. Cuando le preguntaron en el juicio si había vuelto a conversar con Pedraza ese día, tras la muerte de Ferreyra, Schiavi respondió: "Sí, él me decía que estaba muy dolido por lo que había ocurrido".
Pedraza murió el 23 de diciembre de 2018, a los 75 años, en el sanatorio porteño Agote, al que había sido trasladado el 28 de octubre pasado por una fuerte neumonía. Falleció con la tobillera electrónica puesta.
"Esa connivencia de la burocracia sindical con la política y los empresarios ferroviarios que mató a Mariano terminó de manifestarse después en la masacre de Once", dice Eduardo "Chiquito" Belliboni, dirigente del Partido Obrero que estuvo presente en la emboscada del 20 de octubre de 2010. Por esas vueltas del destino, Belliboni no solo fue ferroviario: trabajó en el taller de Remedios de Escalada, el mismo donde se reunió la patota que mató a Ferreyra.
"Diez años sin Mariano significan mucho, te remueven en lo personal y lo político, que terminan siendo lo mismo, porque esa precarización laboral que denunciaba Mariano sigue firme y ahora más fuerte con la pandemia, y porque la burocracia sindical no ha cambiado sus métodos: las patotas siguen allí, dedicadas a combatir más al activismo sindical que a la patronal", resume Belliboni, mientras se queja porque la tormenta lo atrapó ayer en Guernica, donde el Partido Obrero acompaña la toma de tierras. Dice que está empapado, pero contrasta: "Vengo de estar con decenas de Marianos que recorren la toma para organizarse y ayudar a los vecinos. Tiene el mismo espíritu solidario".
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