María Laura Garrigós de Rébori: "El día que salgamos de la cuarentena es posible que tengamos un pico de delitos contra la propiedad"

María Laura Garrigós de Rébori fue confirmada hoy como interventora del Servicio Penitenciario Federal a través de un decreto publicado esta mañana en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Alberto Fernández, la ministra de Justicia, Marcela Losardo, y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

Inmediatamente después de su oficialización en el cargo dio una entrevista a radio Destape donde exhibió en qué sentido irán los primeros pasos al frente de esa gestión.

"El día que salgamos de la cuarentena es posible que tengamos un pico de delitos contra la propiedad por la situación económica. Todas las crisis a lo largo de la historia produjeron esto", señaló la exjuez en una primera polémica.

Después también opinó sobre la investigación de supuesto espionaje ilícito que lleva adelante el juez de Lomas de Zamora, Federico Villena. "Lo primero que vamos a hacer es garantizarle al juez Villena que cuenta con la colaboración del Servicio Penitenciario para todo lo que requiera", dijo esta mañana Garrigós. Y agregó: "Vamos a establecer una vía rápida para enviarle la información al juez Villena en la investigación de espionaje".

La decisión de intervenir el SPF fue anunciada el miércoles por Alberto Fernández, en medio de una serie de acusaciones por espionaje ilegal a presos por alojados en el penal de Ezeiza. Apenas después del anuncio, se conoció que el juez Villena había ordenado una serie de allanamientos en el Módulo 6 de ese complejo penitenciario, con el fin de detectar si existían instrumentos instalados para espiar a los detenidos kirchneristas.

María Laura Garrigós de Rébori, exjueza de la Cámara de Casación Penal de la Ciudad de Buenos Aires y fundadora de Justicia Legítima, también estará a cargo de la Secretaría de Asuntos Penitenciarios. Ayer Losardo y el secretario de Justicia,Juan Martín Mena,recibieron a Garrigós -que ya se había reunido con Alberto Fernández- en el Ministerio. En ese encuentro se fijó una agenda de trabajo, que probablemente implique como primer paso, tal como hizo Cristina Caamaño como interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) una auditoría de la administración del SPF. "Los allanamientos son temas judiciales. Veremos qué surge de ahí, pero por ahora lo desconocemos, eso lo lleva el juez", dijo una fuente del Gobierno ante la consulta de LA NACION.

Pero agregó: "Nadie puede desconocer que después de las denuncias de la AFI y las filtraciones aparecen cosas que aparecen ser que están conectadas con el Servicio Penitenciario. Por eso, más las circunstancias, ameritan que se intervenga, para cuidar y dar seguridad a los detenidos y al personal penitenciario".

A principios del mes pasado, y tras el violento motín ocurrido en el penal de Devoto por las condiciones carcelarias y el temor de los detenidos por contraer coronavirus, la fundadora de Justicia Legítima respaldó las excarcelaciones para presos por delitos menores. Esta mañana, en la misma entrevista radial a El Destape, negó que hubiera una liberación masiva de presos y dijo: "La cantidad de presos no depende del Servicio Penitenciario Federal, depende del Poder Judicial. No podemos controlar el ingreso ni el egreso". "No hubo liberación masiva de presos. No hubo bandas de delincuentes corriendo por las calles. No paso nada de lo que tanto atemorizaba a la población".

En las filas del Ministerio de Justicia hablan de la urgencia de "reordenar" el SPF, y sostienen, frente a las versiones de una disputa de poder entre Losardo y Mena, que fue el Presidente quien eligió nombrar como interventora a la fundadora de Justicia Legítima, aunque es una figura muy cercana a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Sobre los efectos de la pandemia en las cárceles, lugar indicado como "de riesgo" por el hacinamiento de los reclusos, la funcionaria indicó que "se están siguiendo todos los protocolos que estableció el ministerio de Salud en los penales". En la ciudad de Buenos Aires, ejemplificó, los detenidos antes de ser llevados a los penales pasan 14 días en las alcaldías, tiempo que pueden aflorar los síntomas de Covid-19.

Según los registros de la exmagistrada, actualmente residen 11.000 presos en el Sistema Penitenciario Federal. "Se bajó mucho durante la pandemia porque disminuyó mucho el nivel de delitos. Además, se otorgaron un montón de pulseras para los arrestos domiciliarios. Eso desinfló un poco la olla a presión", explicó Garrigós.

Cambios en el Servicio Penitenciario Federal

En cuanto a su trabajo dentro del sistema federal de cárceles, Garrigós afirmó que "no es tan fácil cambiar estructuras tan consolidadas a lo largo de tanto tiempo".

Sin embargo, identificó las tareas que desarrollará a partir de su designación para "mejorar el Sistema Penitenciario y adecuarlo al siglo XXI". "Hay compromisos con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que tiene muchos años de espera y hay que avanzar en eso. Hay reglamentos del Servicio Penitenciario que han sido declarados inconstitucionales y hay que encontrar una solución a eso", reconoció.

También dijo que "si hay causas judiciales que involucran personal penitenciario hay que tomar medidas administrativas".

Por último, planteó un trabajo en conjunto con los Patronatos de Liberados para que "cuando las personas salgan puedan afrontar una nueva vida en otras condiciones". "Los internos que se capacitan estando detenidos no reinciden. Y el Estado no puede desperdiciar la vida que quita a esas personas sin darles herramientas", sostuvo.

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