María Eugenia Capuchetti. Quién es la jueza que con el caso espionaje gana protagonismo y acumula otro expediente sensible
Tiene en sus manos varias causas que comprometen al expresidente Mauricio Macri, que la impulsó para ocupar el juzgado que dejó vacante Norberto Oyarbide
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LA NACIONCandela Ini
Desde que juró como jueza federal en mayo de 2019, al frente del juzgado N°5 que dejó vacante Norberto Oyarbide, en un evento que reunió a actores de peso del mundo judicial y que hoy sería imposible de repetir por la pandemia, María Eugenia Capuchetti se convirtió en la dueña de expedientes sensibles para el poder político y económico. Aunque busca cultivar un bajo perfil, hay muchos ojos siguiendo sus movimientos.
Por una decisión de la Cámara de Casación que ya se hizo efectiva, la jueza quedó a cargo de la causa por maniobras de espionaje ocurridas durante el gobierno de Mauricio Macri, que hasta ahora era tramitada en los tribunales federales de Lomas de Zamora.
Además, junto al fiscal Franco Picardi tiene a su cargo la denuncia que había hecho en 2019 Claudio Lozano contra la administración de Macri por el préstamo del FMI y que hace un mes fue ampliada por el Gobierno. Están imputados en esa causa el expresidente y los exfuncionarios Nicolás Dujovne, Guido Sandleris, Federico Sturzenegger y Luis Caputo.
Hay un sediento interés del gobierno nacional por ese expediente: hace dos semanas un decreto presidencial instruyó a Carlos Zannini a que, como procurador general del Tesoro, se constituya como querellante para seguir de cerca la causa y acusar a los imputados.
La magistrada de 48 años instruye, además, la causa conocida como ”vacunatorio vip” por la distribución discrecional de vacunas contra el coronavirus dentro de la órbita del Ministerio de Salud, del Hospital Posadas y el desvío de dosis a la ciudad de El Calafate. El fiscal de ese caso es Eduardo Taiano. Es de las pocas causas que Capuchetti tiene en sus manos por maniobras del actual gobierno.
La jueza sobreseyó al titular de la Oficina Anticorrupción, Félix Crous, en una causa conocida como “plan de impunidad”, iniciada a partir de una denuncia de diputados de Juntos por el Cambio por la decisión de la OA de renunciar a las querellas penales en casos por corrupción.
En el juzgado federal 5 también se tramita la causa que investiga a la “mesa judicial” del gobierno macrista, en la que por supuestas presiones a jueces del fuero laboral fueron denunciados Macri, su exjefe de asesores José Torello, el exministro de Justicia Germán Garavano, al exsecretario general de Presidencia Pablo Clusellas, el abogado Fabián Rodríguez Simón, el último procurador del Tesoro de Cambiemos, Bernardo Saravia Frías, el exjefe de la Agencia Federal de Inteligencia Gustavo Arribas, el expresidente del club Boca Daniel Angelici, el exjefe de Gabinete Marcos Peña y el exministro de Trabajo Jorge Triaca.
Esa causa está delegada en el fiscal Picardi. Los diputados kirchneristas denunciantes (entre los cuales se encuentra el actual ministro de Justicia, Martín Soria) también apuntaron al juez Gustavo Hornos por los ingresos a la Casa Rosada y a Mariano Borinsky por las visitas a la Quinta de Olivos.
Uno de los primeros fallos relevantes para la política que firmó Capuchetti fue el sobreseimiento de Cristóbal López y Fabián De Sousa en la causa por la supuesta venta del Grupo Indalo a los empresarios Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre. Allí dijo que no existieron maniobras para vender las acciones a pesar de los impedimentos judiciales. Ese fallo fue clave para que López y De Sousa pidieran su libertad al Tribunal Oral Federal N°3, a cargo del juicio por el caso Oil Combustibles.
Pero además Capuchetti es jueza subrogante del juzgado federal N°6, que dejó vacante Rodolfo Canicoba Corral. En esa dependencia está el expediente del caso AMIA, uno de los más antiguos y complejos de los tribunales de Comodoro Py.
La jueza se aproxima a definir la situación procesal de los exfuncionarios Guillermo Dietrich, Bernardo Saravia Frías y Nicolás Dujovne por las presuntas irregularidades en la renegociación de contratos por peajes con el Estado nacional durante el gobierno de Macri. Habían sido procesados por Canicoba Corral días antes de dejar el juzgado en un fallo que luego revocó la Cámara Federal. Capuchetti pidió nuevas medidas de prueba hace más de una semana y se espera que pronto emita una resolución. Estará al frente del juzgado federal N°6 hasta octubre de este año.
El juzgado que comandó el polémico Norberto Oyarbide hoy está conformado por algunos de sus antiguos funcionarios y del personal que trabajaba con Capuchetti en la Oficina de Enlace con Organismos Oficiales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, de la cual era titular.
Capuchetti había pasado por los tribunales de Comodoro Py como secretaria del entonces juez federal y actual juez de la corte bonaerense Sergio Torres, pero luego, hasta volver con cargo de jueza, se desempeñó en áreas de gestión. Varios abogados penalistas que litigaron en su juzgado coincidieron, consultados por LA NACION, en que la consideran eficiente en la instrucción de las causas y en que “no duerme los expedientes”.
La jueza había quedado sexta en el concurso y mejoró su posición en la etapa de impugnaciones. Se impuso sobre Juan Tomás Rodríguez Ponte -el titular de la oficina de escuchas y exsecretario del juez Ariel Lijo- y Agustina Rodríguez, miembro de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM).
Su pliego fue elegido por Macri y se le atribuyó, en ese entonces, cercanía a Daniel Angelici, no solo por ser la hija del exjefe de Seguridad de la AFA Carlos Capuchetti sino también por sus buenos vínculos con Martín Ocampo, actual legislador porteño y hombre del núcleo de Angelici.
Y quedó al frente, en las últimas horas, del caso por espionaje ilegal que se tramitaba en los tribunales federales de Lomas de Zamora. Esa causa tiene en el epicentro a Gustavo Arribas y Silvia Majdalani como acusados, pero también hay un hombre cercano a Angelici, el exdirector de Asuntos Jurídicos de la AFI Juan Sebastián De Stéfano, que ya fue procesado por maniobras de espionaje ilegal.
La vicepresidenta Cristina Kirchner, querellante por haber sido víctima de seguimientos ilegales, busca que la Corte anule el fallo de la Casación que dispuso el pase del expediente a Comodoro Py.
Por Candela Ini
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