María Barón: "La provincia de Buenos Aires es el ejemplo perfecto para no seguir en el manejo de datos del coronavirus”

María Barón es argentina y vive en Washington. Hace días, asumió la presidencia compartida de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP por sus siglas en inglés), una organización supranacional que promueve la transparencia, la lucha contra la corrupción y la utilización de nuevas tecnologías para fortalecer la democracia.

Como representante de la sociedad civil a nivel global, Barón está tan preocupada por las medidas tomadas por el gobierno argentino durante la crisis sanitaria como por el escenario pospandemia. Cuestiona la falta de transparencia que rodea la toma de decisiones en la Casa Rosada y el abuso del Estado en el acceso a datos de la sociedad civil.

"La provincia de Buenos Aires es el ejemplo perfecto para no seguir", asegura la referente de la ONG Directorio Legislativo cuando LA NACION le pregunta por los problemas del gobierno bonaerense para contar los muertos del coronavirus.

–¿En qué situación está la Argentina en materia de transparencia?

–La Argentina tenía una situación de debilidad que ahora se empeoró. La pandemia afectó la transparencia en el proceso de toma de decisiones. El Gobierno se rodeó, como en muchos países del mundo, de consejos asesores llamados "comité de expertos", que se llevan bien con el Presidente pero que no son funcionarios públicos y, entonces, sus decisiones no quedan bajo las reglas de la transparencia. Por ejemplo: no tienen obligación de informar cuándo se reúnen, qué decidieron, quiénes son sus clientes en la actividad privada. ¿En base a qué datos el Estado tomó la decisión de extender las cuarentenas? Esos datos tienen que hacerse públicos para la sociedad civil.

El espacio cívico está muy afectado. Hay derechos confiscados, libertades que se están limitando, como por ejemplo con la vigilancia a través de las apps que maneja del Estado

–No alcanza con los PowerPoint que muestra el Presidente…

–No, no alcanza con eso. Si la decisión realmente se tomó en base a evidencia científica tienen que haberse utilizado datos públicos producidos por el Estado aplicados a la política y esa información que tiene estar disponible. Es clave cómo usar los datos para aplicarlos a políticas públicas. El propio Estado produce esa información pero muchas veces no la usa, como ocurrió cuando durante la cuarentena todos los jubilados tuvieron que hacer colas para cobrar en los bancos. El Estado sabe cuántos jubilados cobran, dónde cobran, quiénes no usan el cajero automático y muchas otras cosas.

–¿Cómo evalúa al Gobierno en materia de transparencia?

–La respuesta del Gobierno no me parece satisfactoria. Esta gestión empezó hace menos de un año, pero no se honraron los principios de transparencia que reclama la sociedad civil. Esto no conforma ni siquiera con la pandemia de por medio. Otros países de América Latina han hecho cosas enormes, como bases de datos que están a disposición de cualquiera. En Brasil y Paraguay el Congreso creó comisiones para controlar los gastos del Poder Ejecutivo en la pandemia que han terminado en denuncias penales. A veces la institucionalidad parece algo aburrido, pero está para marcar el camino correcto. Si a algún funcionario se lo ocurre una idea alocada, te puedo asegurar que el Congreso la frenaría en la Argentina.

–El Congreso no funcionó durante meses y ahora lo hace de manera virtual…

–El Congreso estuvo frenado durante muchos meses y eso tiene muchas consecuencias en el sistema democrático. La Argentina, además, se comprometió con OGP a hacer un portal abierto de proyectos que no se hizo y las compras que hace el Congreso están desactualizadas.

–La provincia de Buenos Aires tuvo problemas para contar las muertes por el coronavirus.

–Qué tristeza. Te morís y te cuentan seis semanas después. Es evidente que no hay un sistema que funcione con transparencia e institucionalidad en la provincia de Buenos Aires. No es excusa que un hospital lejano te mande los datos tarde, porque la provincia tuvo meses para elaborar un sistema para evitar que esto pasara. Y si, además, querés ocultar los datos eso sería todavía mucho peor. Es el ejemplo perfecto para no seguir en el manejo de datos del coronavirus.

Las respuestas del Gobierno no honraron los principios de transparencia que reclama la sociedad civil

–Hay reclamos por restricciones a las libertades en medio de la pandemia, ¿es un tema realmente preocupante?

–Sí, el espacio cívico está muy afectado. Hay derechos confiscados, libertades que se están limitando, como por ejemplo con la vigilancia a través de las apps que maneja del Estado. Pero no es un problema que preocupa solo en la Argentina. En América Latina hay más de 40 regulaciones que restringen el espacio cívico parcialmente y, si a eso le sumás las imposibilidades para circular, son como 200 regulaciones en la región. La pregunta es: ¿vamos a volver a la situación original de prepandemia?

–¿Cómo será en este aspecto el futuro de la Argentina?

–No podemos vivir una pospandemia en un país que te estén vigilando, que no puedas escribir en Twitter porque haya una política de seguridad desde hace años que te penaliza por lo que puedas poner en una red social. Tengo muchas esperanzas en el Gobierno y en la sociedad civil porque hay muchos antecedentes en la Argentina de la conquista de muchos derechos. La Argentina puede ser líder a nivel regional, pero ahora tiene algunas manchas, como lo que está ocurriendo en este momento de la pandemia. Son demasiados datos en manos del Estado.

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