Marchi, el poderoso guardián de la caja del máximo tribunal

Está sentado sobre una caja de $26.019 millones en la Corte Suprema de Justicia. Todos los que quieren viajar, comprar algo o contratar a alguien en el máximo tribunal deben recurrir a su firma. Hoy, más que nunca, es el hombre más poderoso de la Corte y el menos conocido. Héctor Daniel Marchi no es uno de los jueces del máximo tribunal, sino el administrador general de la Corte, cargo al que llegó de la mano de Ricardo Lorenzetti, a quien le sigue siendo fiel.

Está desde hace casi diez años al frente de los números y sobrevivió al cambio de presidente de la Corte y a las embestidas de Elisa Carrió, quien lo denunció penalmente.

Con la llegada de Carlos Rosenkrantz a la presidencia se daba por descontado que iba a desplazarlo por alguien de su confianza y que realizara una auditoría, como reclamó Carrió.

Pero en las primeras reuniones tras su asunción, hace ya casi 80 días, se votó el desplazamiento de Marchi mediante un cambio de estructura, pero Rosenkrantz perdió por tres votos contra dos. Lorenzetti apoyó a quien le fue leal por décadas y Juan Carlos Maqueda lo acompañó. Horacio Rosatti, aliado táctico por estas horas de Lorenzetti tras quitarle su apoyo para la presidencia, le dio su voto a Marchi, a quien considera un administrador del Poder Judicial tan magnífico que hasta el Consejo de la Magistratura le pidió ayuda para que les explique cómo llevar adelante una administración superavitaria.

Apenas arribó Rosenkrantz a la presidencia de la Corte, Marchi publicó un resumen de su gestión, en el que informaba los números superavitarios del tribunal, y en la primera acordada repartió carpetas a cada juez de la Corte con el resultado económico de su gestión.

Marchi, santafesino, llegó a la Corte como subadministrador del tribunal a fines de 2003, cuando asumió Lorenzetti como juez de la Corte. Era la manera de neutralizar a Nicolás Reyes, el hábil administrador de la Corte heredado del menemismo. Reyes se retiró y Marchi, que había aprendido a su lado los secretos del Palacio de Justicia, quedó al frente.

Marchi trabajaba con Lorenzetti en asuntos ligados a prestadores del PAMI en Santa Fe. En 2001 llegó a ocupar la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Rafaela, durante la segunda gestión de Ricardo Peirone, y de allí escaló hasta ser ministro de Hacienda del gobernador Jorge Obeid, peronista como él, aunque hoy ya no tiene una activa militancia.

En Santa Fe descolló en el fútbol, donde jugó en equipos de la liga provincial, como aguerrido defensor de pierna fuerte. En la Corte, Marchi concentró la administración y la maneja desde hace una década con la misma mano de hierro con la que defendía la línea de fondo. Alto, colorado, es conocido por ser un hombre serio, algo parco y duro negociador.

En el kirchnerismo, con el aval de Lorenzetti, su interlocutor para gestionar los fondos que necesitaba la Corte para su funcionamiento fue Juan Carlos Pezoa, secretario de Hacienda de Néstor y Cristina Kirchner.

Contador eficiente, su paso por innumerables cargos no le impidió a Marchi mantener un obsesivo perfil bajo. En la Corte dirigió el Comité de Inversiones, donde se decidían las obras de infraestructura de la Justicia.

En 2012, cuando las relaciones entre el kirchnerismo y la Justicia se tensaron, estuvo detrás de la decisión de la Corte de prestarle dinero al Consejo de la Magistratura para pagar sueldos, plata que nunca se devolvió. Son $6000 millones.

El fondo anticíclico

Fue el administrador del fondo anticíclico que asciende a $26.000 millones, un multimillonario respaldo económico que creó Lorenzetti como presidente y que -producto de cómo fue invertido en el mercado financiero- permitió generosas ganancias. De hecho, la Corte tiene superávit mensuales consecutivos desde hace diez años, por un total de $16.020 millones. Con su sola firma, Marchi puede autorizar gastos hasta $60.000 y el presidente, cuando era Lorenzetti, podía firmar gastos por hasta $1 millón, Ahora, tras el acuerdo de ayer, en el que vaciaron de poder a Rosenkrantz, se necesita la firma de tres jueces para hacerlo. Dado que todos los gastos pasan por su aprobación, no hay juez que no le deba algo. Lealtades mutuas.

Elisa Carrió lo denunció penalmente en 2016 porque lo acusó de enriquecimiento ilícito, en una causa que quedó radicada en el juzgado de Sergio Torres, pero el juez desestimó el caso por inexistencia de delito. Eso habilitó a Marchi a contraatacar y realizar una demanda civil contra Carrió por daños y perjuicios. Esta semana, la Cámara Civil dijo que los fueros de Carrió no la protegen y que debe responder en caso de una condena.

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