Marcha universitaria: los referentes estudiantiles rechazan el arancelamiento, defienden las auditorías y piden recursos
Reunidos por LA NACION, cuatro estudiantes de fuerzas políticas distintas debatieron sobre el alcance de la protesta y sus consecuencias
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Con matices en la interpretación del significado y alcance de la marcha universitaria, cuatro referentes estudiantes identificados con fuerzas políticas distintas reunidos por LA NACION coinciden en rechazar cualquier tipo de arancelamiento, se muestran a favor de las auditorías y defienden sin concesiones el acceso a una educación pública y de calidad. El intercambio de los estudiantes se dio después del masivo reclamo y antes de la reunión de mañana entre el Gobierno y los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) por el presupuesto universitario.
Luca Bonfante (25 años) es estudiante de la carrera de Historia de la Universidad de Buenos Aires (UBA), milita en el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) y participó de la movilización de la semana pasada. Dice que pudo haber sido el primer capítulo de un despertar estudiantil. Coincide con él Yanina Aricuri (33), estudiante de sociología de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam) y referente de cuatro de los siete centros de estudiantes de esa institución. “Fue histótica y contundente”, dijo la militante kirchnerista.
Tomás García (28) es licenciado en Administración, estudiante de contaduría y referente del centro de estudiantes de la facultad de Ciencias Económicas. Es militante radical y también estuvo en la Plaza de Mayo, el martes pasado. En línea con la presidenta de la Federación Universitaria, su correligionaria Piera Fernández de Piccoli, García insiste con que todo lo que escape al “desguace que emprende el Gobierno” en la educación pública es desviar el foco de atención.
Agustín Baletti (22) es estudiante de Ciencias Políticas de la UBA y milita con los libertarios, quienes todavía no pudieron hacer pie en los centros estudiantiles. Para sorpresa de sus pares, realiza una férrea defensa de la educación pública, pero concibe a las auditorías como una parte esencial de esta defensa.
“La consigna fue clara”, remarca García. “La sociedad entendió que no era una marcha en contra del Gobierno de Milei sino en defensa de la educación pública. Todos fuimos detrás de esa consigna. Por eso trascendió edades, y se vio gente de diferentes colores políticos. Después, puede haber habido algún otro tipo de expresión, pero no hay que correr el foco”, afirma el estudiante identificado con la UCR.
“En las provincias hubo muchísima movilización también”, advierte Aricuri, defensora de las universidades del conurbano. “Fue una foto contundente y el mensaje llegó: “Meterse con la educación pública es tocar una fibra muy sensible de la idiosincrasia argentina. La educación pública es el orgullo nacional”.
“Hubo una expresión que fue claramente en contra el Gobierno”, subraya Bonfante, comunista de pura cepa, según se describe en sus redes sociales. “Fue una masiva respuesta contra al ataque a la educación, pero también contra el plan de ajuste del Gobierno. Se podía ver en los carteles y en los cantos”, describe, y ejemplifica: “Se pedía que no se derogue el DNU”.
Baletti, militante del “Presidente”, matiza: “La marcha tuvo las dos cosas. Estudiantes preocupados por la educación pública, pero también a los principales responsables de que la educación pública, en su conjunto, esté como esté. Sobrevive por la profesionalidad y la calidad de quienes componen las universidades. En un punto también fue la marcha de la casta universitaria, que buscaba bancar a las agrupaciones que ellos ponen. Pero también, -regula- la de un montón de gente auto convocada que plantea una discusión válida”.
Para el radical García, la “partidización” de la marcha no es más que una estrategia fogoneada por el oficialismo para “deslegitimar una movilización totalmente masiva”. Y agrega: “¿Había dirigentes opositores, diputados, senadores, funcionarios? Sí. Pero estaba la sociedad en su conjunto que le expresó su voluntad al gobierno: las universidades se defienden, tienen que ser públicas y tener un presupuesto acorde para funcionar”. Para Bonfante, se trató de un golpe la mentón: “El Gobierno está recalculando su discurso, quedaron aturdidos”.
Baletti, primera generación de universitarios en su familia, se tiñe de violeta libertario, y alega que la “confusión” fue promovida por la oposición. “Defendemos siempre el prestigio de la UBA. Se la valora y se la pondera. Pero venimos de una campaña de terrorismo mediático en la que le dicen a los estudiantes ‘el Gobierno quiere destruir la educación pública’. No es así. El gobierno ha hecho todos los esfuerzos para sostenerlas”, contrapone.
“Estamos en una situación crítica del país –continúa–, y todas las áreas del Estado están bajo la lupa. No hay un ataque a un sector en particular. El Gobierno se está haciendo cargo de una situación crisis social, económica y política. Nación está haciendo un esfuerzo, las provincias y municipios están haciendo un esfuerzo. ¿Por qué las universidades no pueden hacerlo y revisar sus cuentas?”
García señala una ambivalencia: “Hace algunas semanas el Gobierno decía que no había un desfinanciamiento. Ahora reconoce que todo el Estado se está ajustando. Semana a semana cambian el discurso: primero era con el adoctrinamiento, después con las auditorias, pero las balas no entran”. Reconoce, sin embargo, que la situación de ajuste a la educación no es nueva, ni exclusiva de este Gobierno, pero distingue: “Una cosa es un ajuste y otra un desguace”.
En la Unsam, apunta la “cristinista” Aricuri, la cristalización de ese “desguace” fue un fuerte recorte en un mecanismo de apoyo económico para estudiantes. “El ajuste de Milei dejó sin posibilidad de estudiar a 300 de los 800 estudiantes que contaban con una beca, un estipendio de 23 mil pesos mensuales”, ilustra.
Acuerdos y matices
Todo ellos se muestran en contra de cualquier esquema de arancelamiento, por progresivo que fuera. Ni en el transcurso de una segunda carrera, ni para los extranjeros que estudien en la universidad pública. Ni siquiera para aquellos que se encuentren en la cúpula de la pirámide socioeconómica. “Es un retroceso absoluto. La gratuidad y el acceso irrestricto son banderas y derechos que conquistamos”, se planta Aricuri. La izquierda y el reformismo se pliegan sin mayores argumentos.
El libertario Baletti no disiente. “Los efectos de la marcha”, chicanea Bonfante. Sin embargo, para Baletti, con la plaza del martes pasado, “se abrieron discusiones”.
“Es una idea interesante proponer aportes voluntarios a los graduados, o algún tipo de mecanismo que los incentiven. O profundizar los convenios con las empresas”. Con respecto a los extranjeros, exhibe alguna duda: “No pasa por cobrarle al –enfatiza- extranjero, pasa por una cuestión de reciprocidad. Vos vas a otro país y no te dan la educación pública que recibís acá”.
Bonfante se opone a “trasladar la lógica del mercado” al terreno de la educación, e intenta poner un freno: “La educación no es un servicio esencial, es un derecho esencial. Lo que pregona este Gobierno es pensar a la salud, a la educación y a los servicios como mercancías”.
Con respecto a las auditorías, el libertario Baletti no da el brazo a torcer. “La última que se hizo fue en la UBA en 2018, fue en Psicología, y se presentaron recién los documentos en la Auditoría General de la Nación (AGN) en 2023. Educación pública sí, pero para defenderla se tienen que hacer auditorías”, resalta.
En una respuesta coral, los opositores destacan que las auditorías ya existen, aunque no se oponen a profundizarlas. “No hay nada oscuro como para justificar el desfinanciamiento”, se defiende el radical García. Entiende que la garantía de las auditorías internas radica en la pluralidad de la vida universitaria: “El Consejo superior no es el rector, son graduados, docentes y estudiantes de diferentes colores políticos”. Y agrega: “Si hay dudas, pidámosle al Congreso que haga más auditorías a través de la AGN”.
El combativo Bonfante, que vio en el texto que leyó Fernández de Piccoli algo muy “light”, advierte: “Haría de todo, menos subestimar la potencialidad de un movimiento estudiantil. Sobre todo cuando se une a sectores de la clase trabajadora. Se está poniendo de pie un sujeto con mucho protagonismo en la historia, que es el movimiento estudiantil. Lejos de ser una marcha para descomprimir, como le hubiese gustado a muchos, esto recién está empezando”.
Baletti señala que hubo voluntad por parte del gobierno para “escuchar” el reclamo, vuelve a enfatizar la necesidad del ajuste, y se anima a deslizar una crítica: “A este Gobierno le toca, y por eso ganó con el 56%, decir que la situación está complicada, tenemos que hacer reajuste en todas las áreas del Estado. Capital Humano tiene una tarea titánica por delante: auditar un montón cuentas por todos lados, pero tiene que pisar más el acelerador porque hay recursos que tienen que llegar un poco más rápido”.
“Seguir hablando del 56% del balotaje –retruca Bonfante–, cuando se viene pulverizando los salarios o la educación puede llevar a un Gobierno a que no la vea”.
La discusión se acelera y comienza a tomar nuevos rumbos. “El Gobierno está decodificando el mensaje”, analiza García. Aricuri mete presión a los diputados. “Hay un pedido para que legislen en favor de la educación pública. Esperamos que los legisladores puedan actuar en consecuencia. Anteayer (por el miércoles) no dieron quorum”, indica, en un disparo por elevación para con el bloque radical. El debate continúa mientras el Gobierno y las autoridades universitarias negocian por el presupuesto y los recursos.
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