Maratónico debate por el presupuesto 2023, con final abierto y salomónico

El enfrentamiento entre el oficialismo y la oposición en torno al debate del proyecto de presupuesto 2023 arrojaría un final con resultado salomónico. En efecto, esta noche todo indica que el Frente de Todos podría a alzarse con la aprobación en general de la iniciativa gracias al apoyo de un sector de Juntos por el Cambio y otros bloques opositores. Pero el triunfo oficialista no sería completo pues la oposición, tras cerrar filas, se encamina a voltear al menos dos de sus artículos más polémicos.

En rigor, son más de veinte los artículos que Juntos por el Cambio, el principal bloque opositor, se apresta a rechazar durante el debate en particular del presupuesto. Dos de ellos son emblemáticos pues apuntan directo a los dos blancos de ataque recurrente por parte del kirchnerismo: la Justicia y el campo. Por el artículo 100, el oficialismo propone gravar con el impuesto a las ganancias a los empleados, funcionarios y magistrados del Poder Judicial; por el artículo 95, el Poder Ejecutivo pretende recuperar la facultad de fijar las alícuotas de las retenciones agropecuarias.

En ambos artículos, Juntos por el Cambio cuenta como aliado al interbloque Federal para rechazarlos. Para su sorpresa, la izquierda se les sumará a la hora de votar en contra de gravar con Ganancias al Poder Judicial: sus cuatro diputados no avalan que esa imposición incluya a los empleados judiciales. Así planteados los números, el oficialismo no contaba esta noche con la mayoría agravada de 129 votos que son necesarios para su aprobación, ya que el artículo propone una asignación específica para la recaudación del tributo si es sancionado: refuerzos a las becas estudiantiles y a las fuerzas de seguridad que combaten la violencia narco en Rosario.

Aunque flaqueaban los votos, el oficialismo está decidido a seguir adelante. Ni la deserción de Vanesa Siley, quien en su condición de jefa de uno de los gremios judiciales anunció su rechazo, les hizo cambiar de opinión. “La idea es avanzar con la redacción tal como la tiene el dictamen, porque llevaría a una situación de equidad tributaria”, enfatizó el ideólogo de la propuesta, Marcelo Casaretto.

Desde la oposición, los diputados Pablo Tonelli (Pro) y Graciela Camaño (Interbloque Federal) fustigaron la avanzada oficialista. “La vocación de incorporar este tema (en el presupuesto) no está ni cerca de hacer justicia o de terminar un privilegio. Lo que han querido construir es un conflicto y lo construyeron”, enfatizó la legisladora, quien advirtió que la intangibilidad de remuneraciones de los magistrados están amparada por la Constitución Nacional para preservar su independencia.

Para Tonelli, en tanto, esta cuestión está resuelta desde 2016, con la ley que dispone que los magistrados designados a partir de enero de 2017 debían afrontar el tributo. Hoy hay 180 magistrados en actividad que pagan el impuesto. “El efecto pleno surgirá en unos años cuando ya, todos los jueces, magistrados y funcionarios del Poder Judicial estén pagando el impuesto a las ganancias en el marco de la ley”, sostuvo.

Las retenciones al campo también fue motivo de debate en el recinto. El ministro del área, Juan José Bahillo, primero, y luego su colega de Economía, Sergio Massa, prometieron que no habrá alza en las retenciones. “Si el Gobierno promete que no habrá suba de las alícuotas, entonces por qué insisten en recuperar las facultades para manejarlas?”, acicateó el radical Ricardo Buryaile.

“La Coalición Cívica no cree en (Sergio) Massa -asestó, por su parte, la diputada Paula Oliveto-. No le daríamos jamás un cheque en blanco para que (el ministro) haga con el campo lo que quiera”.

Divisiones en Juntos por el Cambio

Oliveto ofició de exégeta de la líder de su espacio, Elisa Carrió. No es un secreto que Carrió siempre desconfió de Massa, convencida de que mantiene relaciones cuanto menos opacas con un sector del empresariado al que busca beneficiar con su ley de presupuesto. Por esa razón ordenó a los suyos votar en contra. Las huestes de Pro comparten las suspicacias de Carrió, que se acentuaron luego de que el oficialismo incluyera varios artículos “sospechosos” a último momento, a su juicio. Sin embargo, a diferencia de los cívicos de Carrió, los macristas consideran que el Gobierno debe contar el año próximo con la herramienta presupuestaria. Por ello anunciaron su abstención.

“Rechazar el presupuesto sería contraproducente para Juntos por el Cambio: por segundo año consecutivo reconducirían el presupuesto anterior, manejarían las partidas a discreción y, peor todavía, les daríamos la excusa para victimizarse”, justifican en el macrismo.

Las divisiones en Juntos por el Cambio quedaron al desnudo a la hora del inicio de la sesión: tanto Evolución Radical -liderado por Martín Lousteau-, como el radicalismo dieron quorum y se aprestaban a votar el texto en general, al igual que Encuentro Federal, de Margarita Stolbizer y Emilio Monzó. “Fue muy importante que el oficialismo incluyera una cláusula que le impida gastar de manera discrecional los ingresos extrapresupuestarios que se recauden si la inflación supera el 60%”, justificó Stolbizer.

Más allá de sus diferencias, hubo un punto en que todos los bloques de Juntos por el Cambio y las demás bancadas opositoras estuvieron de acuerdo: el presupuesto 2023 es de un feroz ajuste, sobre todo en diversas partidas sociales. Las distintas voces se encargaron de reprochárselo al oficialismo.

El presidente de la Comisión de Presupuesto, el oficialista Carlos Heller, refutó las acusaciones. “Este no es un presupuesto de ajuste”, insistió, y enfatizó que en el dictamen se realizaron refuerzos por más de $322 mil millones en varias partidas sociales.

“Este es un dictamen superador al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo”, insistió Heller, y desafió: “No se puede volver a dejar al país, no al Gobierno, sin presupuesto”.

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