Quién es Manuel García-Mansilla: un catedrático especializado en derecho constitucional que comparte con Milei su rechazo al aborto legal

Con una reconocida trayectoria en el mundo del derecho constitucional y una clara posición en contra del aborto legal, el abogado y catedrático Manuel José García-Mansilla desembarca en la Corte Suprema de Justicia para ocupar la vacante que dejó la salida de Juan Carlos Maqueda, al cumplir la edad límite de 75 años en diciembre de 2024. Su designación se concretó finalmente por decreto tras la falta de avances de su pliego en el Senado.

García-Mansilla fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral hasta el año pasado. Se especializa en Derecho Constitucional, Oil & Gas y Derecho Empresario. Tiene trayectoria en la negociación de contratos de hidrocarburos y fue, desde 2014 hasta junio de 2024, director ejecutivo de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH). Es bien considerado por los ministros de la Corte Suprema.

De 54 años y nacido en Bariloche, García-Mansilla está casado desde hace más de 25 años y es padre de tres hijos. Ejerce la profesión en el fuero federal desde 1996.

El nuevo integrante de la Corte llegó a la lista de postulantes para el máximo tribunal a través de Santiago Caputo, el asesor todoterreno de Javier Milei. Su hermano, Francisco Caputo, abogado, habría sido el nexo del constitucionalista con la administración libertaria. Caputo y el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, convocaron a García-Mansilla en nombre de Milei.

Al defender su postulación en una audiencia en el Senado, el 28 de agosto del año pasado, García-Mansilla confirmó los nexos con Caputo y Amerio, pero subrayó que no tiene vínculo con Milei. “No hablé nunca en mi vida con el Presidente, ni siquiera por teléfono”, afirmó. Ese punto fue criticado por el senador radical Martín Lousteau, que aseveró que estaba sorprendido porque “el cargo no se lo haya ofrecido el Presidente, sino un monotributista que no es funcionario público”.

García-Mansilla fue un férreo defensor de los ministros de la Corte cuando fueron denunciados por el gobierno de Alberto Fernández y se les inició un juicio político. En un artículo publicado en diciembre de 2023 en LA NACION, puntualizó que el proceso estuvo “plagado de anomalías”, y que Sergio Massa actuó en complicidad con el kirchnerismo, dado que los diputados del Frente Renovador que integraban la Comisión de Juicio Político dieron su aval a los dictámenes de acusación.

La designación de García-Mansilla por la vía del acuerdo del Senado lucía más compleja para el Gobierno que la de Lijo, quien asomaba con más chances que el catedrático para sumar los dos tercios de los votos necesarios. El pliego de Lijo sumó las firmas para pasar de la comisión al recinto; no así el de García-Mansilla. Con el límite del período de sesiones extraordinarias que apremiaba, el Gobierno incluso evaluó la posibilidad de nombrar juez de la Corte a Lijo con el procedimiento de la Cámara alta y apelar al decreto para llevar al hombre de la Universidad Austral a ese sitial.

La posibilidad de ser nombrado por decreto se barajó en la audiencia de García-Mansilla en el Senado, y el nuevo cortesano la había rechazado. “Visto el impacto que tuvo el decreto 83 de 2015 [por el que Mauricio Macri nombró en el máximo tribunal a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz] en la opinión pública, yo no hubiera aceptado una nominación en comisión porque más allá de que la Constitución lo prevé, evidentemente hay un gran sector de la población que con buenas razones, resiste ese tipo de decisiones que son privativas del Presidente. Con lo cual, más allá de que apenas salió el decreto publiqué un artículo [en el que decía que no era inconstitucional el nombramiento en comisión] simplemente para hacer un aporte al debate, visto el impacto que tuvo, yo no hubiera aceptado esa nominación”, dijo al responder una consulta de la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti.

Sus explicaciones en el Senado

En su exposición en el Congreso, García-Mansilla recibió críticas del kirchnerismo duro. El senador neuquino Oscar Parrilli lo acusó de no ser “un juez independiente” sino un magistrado “que viene a defender a un sector político, que es el macrismo, para que tenga una mayoría automática en la Corte”. Le reprochó su trabajo con empresas petroleras. “En los casos que corresponda que me excuse, lo voy a hacer”, dijo el académico nombrado por decreto.

La consulta por su postura sobre la despenalización del aborto se impuso en la audiencia en el Senado y García-Mansilla argumentó que existen contradicciones legales en el tema. “Se debería separar entre legalización y penalización”, dijo en la Cámara alta. “Es indispensable que el Congreso derogue las leyes que se contraponen con lo que se está sancionando”, subrayó, y sostuvo: “Hay 13 constituciones provinciales que consideran el derecho a la vida y habría que hacer un análisis de compatibilidad con esas constituciones”.

Al responder las preguntas de los senadores en su exposición del año pasado, García-Mansilla se expidió sobre el pago del impuesto a las ganancias entre los jueces. Dijo que lo paga desde hace tiempo porque trabaja en el ámbito privado y que no tiene “ningún inconveniente” en seguir abonándolo.

En línea con lo que dictaminaría en diciembre del año pasado la Corte Suprema al declarar inconstitucional la reelección indefinida del gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, al defender su postulación para el máximo tribunal el candidato ahora oficializado por decreto dijo que “el régimen republicano se creó para combatir las monarquías y la reelección indefinida tiene un problema con el régimen republicano de gobierno”.

García-Mansilla fue crítico del trabajo de la prensa, al exponer en la Cámara alta. Negó la existencia de un pacto para nombrarlo en la Corte y que Ricardo Lorenzetti asuma la presidencia (que ejerce actualmente Horacio Rosatti). “No pertenezco al Opus Dei ni a ninguna organización religiosa. También dijeron que me había llevado al Gobierno Rodolfo Barra –por entonces, procurador del Tesoro de la Nación–, a quien conocí hace dos semanas”, reprochó.

El exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral cerró su exposición en el Senado con lo que consideró su “única” aspiración en caso de llegar a la Corte. “Servir a mi país de tal manera que, al momento en que me toque terminar con esas funciones, mis compatriotas me recuerden como un juez que cumplió con sus deberes constitucionales y que obró siempre con integridad, independencia e imparcialidad”, sostuvo.

Durante el período de impugnaciones de la sociedad en la Comisión de Acuerdos, García-Mansilla recibió 24. Él respondió que ninguna de las presentaciones constituyó “una observación válida acerca de las calidades y méritos” para ocupar el cargo.

Antecedentes y vínculos con la Corte

Cursó un posgrado en Derecho Constitucional estadounidense y en Derecho Comparado, el nuevo juez de la Corte se formó en la Georgetown Law University. Es socio del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Trabajó entre 1997 y 2005 en el departamento de derecho público del estudio Marval, O’Farrell & Mairal y pasó también por el estudio Liendo & Castiñeyras Abogados, de Horacio Liendo, exsecretario de Coordinación del Ministerio de Economía durante la gestión de Carlos Menem.

En 2023 obtuvo el título de doctor en derecho en la Universidad Austral luego de defender una tesis acerca del origen histórico del control judicial de constitucionalidad en los Estados Unidos y los problemas derivados del mito tejido alrededor del célebre caso Marbury v. Madison. El jurado estuvo integrado por Héctor A. Mairal, Carlos Rosenkrantz y Michael Gilbert, vicedecano de la University of Virginia School of Law.

“Fui elegido por mis pares como uno de los abogados más destacados de la Ciudad de Buenos Aires en 2008 y 2012. Estoy matriculado en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y en el fuero federal del interior del país ante la Cámara Federal de Salta. He litigado en el fuero nacional, en el fuero federal y en el sistema interamericano de derechos humanos en la ciudad de Washington, DC. Hasta el día de hoy ejerzo la profesión de abogado en distintos aspectos del derecho, no solamente en temas de derecho público”, cuenta García-Mansilla en su currículum profesional.

García-Mansilla adhirió con su firma a la candidatura de Rosenkrantz para la Corte Suprema en 2017, durante el gobierno de Macri. También tiene buen vínculo con Rosatti.

En común con la posición que tiene Milei, García-Mansilla está en contra del aborto legal. Su postura con respecto a la despenalización y legalización del aborto lo llevó a exponer en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso en 2019, cuando se dio el debate por primera vez. Según sus palabras, él defiende el derecho a la vida desde la concepción y el aborto es un delito. “El aborto es un delito, que tiene algunas causales de no puniblidad en el Código Penal, pero a pesar de eso los artículos 5 y 6 de la ley pretenden garantizar el aborto como si hoy fuera un derecho, pero ese supuesto derecho al aborto no existe, no está reconocido en ninguna de nuestras normas vigentes y tampoco se deriva de una interpretación razonable de ellas”, dijo durante su exposición en aquella oportunidad.

Según supo LA NACION, García-Mansilla publicaba sus opiniones asiduamente en X (Ex-Twitter), pero su usuario, @mjgmansilla, fue eliminado.

Desde 2006, García-Mansilla es miembro de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional e integró su Comité Ejecutivo. Desde 2007 integra el Instituto de Política Constitucional de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. También es miembro del Instituto de Derecho Constitucional “Segundo V. Linares Quintana”, de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires desde hace más de 10 años, así como de la Comisión de Derecho Constitucional del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Integra, además, la International Association of Constitutional Law desde 2006.

El caso Marbury v. Madison inspiró no solo su tesis doctoral, sino también sus dos últimos libros: ¿Marbury v. Madison? Mitos y realidades acerca de los orígenes del control judicial de constitucionalidad (Marcial Pons, Madrid, 2024. 442 páginas) y El origen del control judicial de constitucionalidad en los Estados Unidos y el caso “Marbury v. Madison (Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, 2021. 124 páginas).

Junto a Patricio Colombo Murua escribió en 2012 Persecución penal a periodistas y Constitución Nacional (Virtudes, Salta, 2014. 130 páginas) y junto a Santiago José Gascón publicó en 2012 La Constitución bajo fuego. La Corte Suprema y el Proceso de Reorganización Nacional (Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, Buenos Aires). Antes había editado La Constitución Nacional y la obsesión antinorteamericana (2008) y Las fuentes de la Constitución Nacional. Los principios fundamentales del Derecho Público argentino (2006), en ambos casos junto a Ricardo Ramírez Calvo.

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