Malestar en la Corte por el ciberpatrullaje de las opiniones de Mauricio Macri y Elisa Carrió sobre los jueces

El “ciberpatrullaje” sobre las opiniones de Mauricio Macri acerca de los jueces que pidió la propia Justicia en la causa donde investiga supuestas presiones los magistrados durante el gobierno de Cambiemos provocó malestar y preocupación en los jueces de la Corte, que le pidieron un informe detallado a la dirección de delitos complejos que realizó esa tarea y que depende del máximo tribunal.

Los jueces de la Corte Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda se reunieron esta mañana en el Palacio de Justicia en el acuerdo semanal, que ahora es presencial, y trataron el problema del peritaje y la nota que les envió el bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica, con una firme queja y un pedido para que lo frenen.

Se trata de estudio que encargó el fiscal Franco Picardi para determinar la expresiones descalificantes o injuriosas que pudieron tener entre 2015 y 2019 Macri y un grupo de dirigentes de Cambiemos y abogados sobre la jueza de Casación Ana María Figueroa y la exprocuradora General Alejandra Gils Carbó. Picardi investiga, con la jueza María Eugenia Capuchetti, a la “Mesa Judicial” de Cambiemos acusada de supuestas presiones a magistrados para obtener resoluciones favorables.

En ese contexto, Picardi entendió que las opiniones de Macri o Elisa Carrió, junto con otros elementos, como pedidos de juicio político, pueden ser indicios para construir una acusación. Queda pendiente realizar un relevamiento digital similar sobre las opiniones acerca de un amplio grupo de jueces y camaristas. Esa parte del peritaje es la que la Coalición Cívica pidió frenar.

La Coalición Civica y Juntos por el Cambio denunciaron que ese peritaje realizado por la Dajudeco (Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos) constituye un ataque a la libertad de expresión, un intento de criminalizar la opinión y que afecta la inmunidad parlamentaria. La Dajudeco es el organismo que se encarga de las escuchas telefónicas y depende de la Corte.

Los jueces de la Corte expresaron hoy ese malestar e incomodidad con el peritaje que pidió Picardi y resolvieron pedirle a la Dajudeco, en un plazo de 10 días, que elabore un detallado informe sobre la tarea realizada y la metodología. Una vez que tengan esa información en su poder decidirán los pasos a seguir.

Fuentes de la Dajudeco defendieron la realización de ese peritaje y dijeron que, ante un requerimiento judicial, el organismo no tiene margen para negarse a realizarlo. Señalaron que ellos son auxiliares de la Justicia y que no pueden objetar los peritajes que les solicitan o las intercepciones telefónicas que realizan.

La oficina que hace las intercepciones telefónicas dependió hace una década de la ex-SIDE, luego de la Procuración General de la Nación, cuando estaba a cargo de Gils Carbó, y más tarde de la Corte, donde funciona actualmente.

La Dajudeco está a cargo del camarista de Comodoro Rivadavia Javier Leal de Ibarra, presidente de la Junta de Presidentes de Cámaras Nacionales y Federales y su responsable es Juan Rodríguez Ponte.

Su dependencia de la Corte fue criticada por Carrió y por el Frente de Todos, pero en estos dos años de Gobierno no se tomó ninguna medida para modificar la actual situación.

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