Mala señal para un país aquejado por la impunidad de la corrupción
El proceso de remoción iniciado contra el fiscal José María Campagnoli abre serios interrogantes acerca de la vigencia de los mecanismos que existen para asegurar la estabilidad de los fiscales, de modo de que puedan desarrollar investigaciones sin temer por las consecuencias.
En un contexto en que las remociones promovidas en los últimos diez años se cuentan con los dedos de una mano y estuvieron motivadas fundamentalmente por casos de tráfico de influencias, este caso trae aparejadas otras implicancias.
En un país caracterizado por la impunidad de la corrupción, frente a cientos de casos que suelen terminar por prescripción, debido a la morosidad de muchos jueces y fiscales responsables de llevarlos adelante, sin que se conozca ninguna actuación disciplinaria o jury por ese motivo, es paradójico que encuentre terreno fértil un procedimiento que se basa en imputaciones de exceso en una investigación de ese tipo de delito.
Otras imputaciones se basan en la supuesta falta de mesura, prudencia y circunspección del fiscal al dirigirse a la procuradora, y cuestionar el haber sido desplazado "por razones de reestructuración" de una fiscalía en la que estaba cubriendo un reemplazo y también en filtraciones a la prensa.
Este tipo de imputaciones revelan, además, un talante autoritario y de intolerancia a la crítica que de ninguna manera podría merecer una sanción de tamaña gravedad.
La inusual velocidad de la suspensión aplicada pone también bajo la lupa los procedimientos establecidos por normas de la Procuración General de la Nación y los criterios para integrar y elegir a los miembros del Tribunal de Enjuiciamiento. Pese a que la ley señala que el proceso de remoción debe ser oral y público y garantizar el debido proceso, merced al pobre y leguleyo argumento de que el juicio aún no se ha abierto, se ha concretado la suspensión a puertas cerradas sin contradicción alguna y sin publicidad.
Este proceder no puede ser justificado tampoco a la luz de recientes decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha establecido que las garantías del debido proceso consagradas en las convenciones de derechos humanos deben aplicarse aun a procesos disciplinarios.
La eventual concreción de la remoción de Campagnoli constituiría un tétrico mensaje disciplinador para jueces y fiscales que osen ignorar la regla no escrita de que para ascender y llegar al final de la carrera con éxito no se debe importunar a los poderosos de turno.
Por Manuel Garrido
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