Mala praxis, inacción y pedidos de renuncia: cómo se gestó la embestida del Gobierno contra Gils Carbó

La procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, fue citada hoy a declaración indagatoria por la compra de un edificio para la Procuración General efectuada en 2013 por $ 43,8 millones y en la que se sospecha que el hermano de un funcionario de su área cobró una comisión de $ 3 millones. Y el macrismo confía en que esta acusación puede desembocar en una embestida para sacarla del cargo.

"Es una procuradora militante". "Debería haber ofrecido su renuncia el primer día" de gobierno. "Se ha dedicado a crear cortinas de humo". El presidente Mauricio Macri, en funciones desde el 10 de diciembre de 2015, ha criticado en reiteradas oportunidades a Gils Carbó, quien ocupa ese cargo desde el 29 de agosto de 2012. Y no ha sido el único: el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, también han cargado contra la jefa de los fiscales.

Gils Carbó asumió en la Procuración General en reemplazo de Esteban Righi, quien ocupó ese cargo desde que Néstor Kirchner lo designó en 2004 hasta que renunció en abril de 2012 luego de que el entonces vicepresidente Amado Boudou acusara a su estudio jurídico de hacer lobby y de traficar influencias en la Justicia. Antes de proponer a Gils Carbó, la entonces presidenta Cristina Kirchner había propuesto para el cargo al titular de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), Daniel Reposo, quien debió renunciar a la candidatura tras una lluvia de críticas de la oposición.

En agosto de 2012, Gils Carbó obtuvo el acuerdo del Senado con 63 votos a favor y tres en contra. Según explicaron varios senadores en sus discursos, el amplio apoyo se debió en gran parte a la solidez que Gils Carbó había mostrado la semana anterior en la audiencia pública de la Comisión de Acuerdos. Dos semanas después, el decreto 1481/2012 fue publicado en el Boletín Oficial y ella juró "por la Patria" en el Salón de las Mujeres Argentinas del Bicentenario en la Casa Rosada. En diciembre de 2015, Macri asumió la Presidencia y tanto él como la primera línea del Gobierno empezaron su embestida contra la procuradora.

Macri la definió como "una procuradora militante" y consideró que "debería haber ofrecido su renuncia el primer día" de su gobierno. Marcos Peña dijo que Gils Carbó "deja mucho que desear" en el rol que ocupa y habló de "serios indicios de mala praxis en la función".

"Siempre dijimos que Gils Carbó tiene una visión militante de la Justicia. Y la Justicia no debe tenerlo. Ella se define como una militante política", insistió Peña.

El ministro Garavano fue contundente. "Pensamos que lo mejor es que dé un paso al costado. Eso sería lo más sano", dijo. "Consideramos que ella no debiera seguir siendo procuradora General: tiene conflictos con los fiscales, con los empleados y tiene mala imagen pública. Mientras siga ella estamos en problemas", agregó.

"El Gobierno ya se ha expresado marcando que la procuradora no garantiza el combate de la corrupción y del delito común. La Procuración debería tener un liderazgo que no tiene y sólo el esfuerzo de fiscales individualmente hace que los procesos penales sigan", fustigó Garavano. "Es una Procuración que acumuló, por circunstancias políticas, mucho poder", añadió.

Tanto el Presidente como Peña y Garavano mencionaron "la inacción de la Procuración General de Gils Carbó" frente al pago de coimas que el gigante brasileño Odebrecht admitió haber pagado en la Argentina. "Tenemos una procuradora que se tomó todo este tiempo en amparar delitos que se cometieron en el gobierno kirchnerista", sostuvo Macri el mes pasado. "Que se diga a quién le pagó [Odebrecht], pero tenemos una procuradora que tira continuamente cortinas de humo. Es triste", afirmó.

El proyecto de ley (fallido)

En abril de 2016, Garavano planteó en la Cámara de Diputados que era "necesaria" una reforma del Ministerio Público Fiscal. "Es muy difícil avanzar en el sistema acusatorio si el Ministerio Público no rinde cuentas, porque hasta ahora funcionó sin controles internos ni externos", dijo. El Poder Ejecutivo impulsó un proyecto de ley para reformar el Ministerio Público Fiscal. Los cambios iban a forzar el desplazamiento de Gils Carbó: fijaba en cinco años la duración del mandato del procurador y el oficialismo pretendía aplicarlo de manera retroactiva para desplazarla este año.

En octubre, el proyecto fue aprobado en comisión, pero no llegó a tratarse en el recinto de la Cámara baja y quedó en suspenso. La rebelión interna de la diputada Elisa Carrió y las fuertes críticas de la mayor parte del universo judicial hicieron que el Gobierno diera marcha atrás.

Gils Carbó

La procuradora se ha expresado públicamente sobre la "presión" del Poder Ejecutivo Nacional para que abandone su cargo. Recientemente rechazó los dichos de Garavano, quien había contado que le había pedido la renuncia en una reunión privada. "No es cierto [que me haya pedido la renuncia en una reunión privada], es parte de lo que se está creando para que el falso rumor pase a ser noticia", sostuvo la procuradora.

Además, dijo que no piensa irse y que si se firmara un decreto para removerla, ella resistirá y recurrirá a la Justicia para evitarlo. "Habría una muy fuerte reacción de los organismos institucionales", consideró.

"Me voy a quedar en mi despacho, porque [una destitución vía decreto] es un acto inválido", dijo. También hizo hincapié en que "la única manera de destituir a la procuradora es con las mayorías parlamentarias".

"Cargo vitalicio"

De acuerdo al artículo 13 de la ley 24.946, la ley del Ministerio Público, los magistrados "gozan de estabilidad mientras dure su buena conducta y hasta los setenta y cinco (75) años". Además, quienes alcancen esa edad podrán ser nombrados por el término de cinco años e indefinidamente. Por eso se dice que el cargo de Gils Carbó es "vitalicio".

Producción periodística de Natalia Pecoraro

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